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Universidades de iniciativa social

El 7 de julio del 2014, se presentaba el Informe CYD 2013 con la presencia del Ministro de Educación español, Wert. Este informe, de la Fundación de Ana Patricia Botín (la hija de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander) ha presentado sobre la Universidad, se titula ostensiblemente “La importancia de la universidad para el crecimiento de la economía española”.

Este título coincide sustancialmente con el primer prólogo del anteproyecto de la LOMCE, la actual reforma educativa española. En él se afirmaba que “la educación debe entenderse como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país […] para competir con éxito en la arena internacional […] representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. Tantas críticas recibió que el Ministro se apresuró a retirarlo de la Ley, aunque la ideología que subyace se deja traslucir a lo largo de todo ella.

Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación sino que es una inversión de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario, pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, acceder al saber para formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

El problema es que este es el enfoque de la reforma universitaria que pretende aplicar el Ministro de Educación español Wert en los próximos meses.

Uno de esos aspectos cruciales, nada baladí, que introduce este informe de la fundación Botín, es el abandono del término “Universidades privadas” por el de “Universidades de iniciativa social”. Al igual que la CONFER y la FERE, las patronales del sector privado educativo y religioso, han iniciado una campaña para redenominar los colegios privados como “centros de iniciativa social”, algo a lo que se han apuntado con entusiasmo Consejeros de Educación de Comunidades Autónomas del Partido Popular muy ligados a grupos ultracatólicos, la Fundación CyD es la encargada de iniciar esta campaña en el ámbito universitario.

Se pretende así eliminar del imaginario colectivo que el origen de los centros y universidades privadas está asociado a grupos empresariales y religiosos privados, que tienen el poder económico suficiente para montarlos y cuya finalidad es el beneficio económico (el ‘mercado’ de la educación mundial mueve dos billones de dólares según datos de la UNESCO y ninguna empresa monta un negocio para convertirlo en una ONG). Se trata de sustituir el término “privado”, por el “de iniciativa social”, cargado positivamente, porque activa en nuestro inconsciente la asociación con organizaciones promovidas por la sociedad civil. Como si cualquier grupo de ciudadanos y ciudadanas, de cualquier barrio marginal y sin recursos económicos y fuertes lazos de intereses con el poder político, pudiera poner en marcha una Universidad o un colegio de primaria y secundaria.

Es sorprendente este interés de la fundación de Ana Patricia Botín por las denominaciones. Admiten que “cuando nos referimos a las universidades privadas, todos entendemos que estamos hablando de la titularidad de estas instituciones. En nuestro sistema universitario europeo dominan las universidades de titularidad pública; por lo que el resto de universidades, al no ser públicas, reciben la denominación genérica de privadas”. Pero cuestionan que por privado podamos “entender aquello que tiene su origen en un interés de parte, frente a lo que promueve el interés general”, y menos, claro está, que por privado se remita a entender el acceso a “bienes cuya posesión y disfrute se deriva de derechos exclusivos, que están a disposición de algunos, pero no de todos”.

Por eso tratan de correr un denso velo sobre estas “disquisiciones”, tratando de ocultar que todo negocio privado, como son los colegios privados y las universidades privadas, promueven el interés de los accionistas e inversores que buscan la rentabilidad de su inversión –aunque los grupos religiosos la conciban como “rentabilidad ideológica” más que económica, en algunos casos-, y que, efectivamente, a los centros y universidades privadas sólo pueden acceder quienes se las pagan y que, precisamente ese proceso de selección y segregación de clase social, es uno de los principales aspectos en lo que se basa buena parte de su factor de atractivo para sus clientes, como vienen demostrando las investigaciones educativas.

Para la Fundación de Ana Patricia Botín no nos podemos dejar “engañar por señuelos terminológicos”. Porque lo que se trata es de qué aportan las diferentes instituciones de educación superior al reto de situar a nuestro país en el ranking de competitividad. “Quien mejor lo consiga, más merecedor se hace de ese título”. “No tiene sentido establecer vínculos entre conceptos como la calidad o el servicio, por una parte, y la titularidad pública o privada, por otra”. Suponemos que no tiene sentido para quienes se las pueden pagar y para quienes las ven como un negocio, como establece el Tratado de la Constitución Europea. Según esta normativa el Estado solo tiene obligación de cubrir las necesidades educativas allí donde los proveedores privados no desarrollen su iniciativa, pero debe contener su expansión, y hasta alejarse del territorio, cuando ésta –la iniciativa privada– sí esté presente. La educación pública queda así relegada a suministrar ese servicio a aquellos sectores sociales que no son lo suficientemente rentables para que puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la educación.

No tiene nada de pública la oferta de esos “pocos” grupos o corporaciones con intereses comerciales o ideológicos muy concretos. Por eso hay un reiterado empeño puesto en trasladar el debate desde los conceptos de educación pública y privada a los de estatal (organizada por el Estado) y de iniciativa social (no está organizada por el Estado). Aprovechando el tirón de imagen que tienen el mundo de lo “no gubernamental” y la “sociedad civil” se trata de asimilar la iniciativa empresarial o religiosa privada con ello, sólo por el mero hecho de no ser estatal. Se recalifica así de “estatal” a la educación universitaria y no universitaria pública y de “pública” a la enseñanza privada y concertada, favoreciendo en esta confusión la reinvención de la escuela privada como escuela pública de iniciativa social.

Se trata de identificar la iniciativa privada empresarial o de grupos religiosos con la denominada “sociedad civil”, ocultando que quienes tienen su titularidad tienen su propiedad (por lo tanto, no es pública), que sus fines son privados (la obtención de beneficio económico o la propagación de sus creencias religiosas), que su gestión es privada (especialmente la contratación de sus profesionales) y que los mecanismos concretos de selección de la clientela la convierten de hecho en una educación dirigida a sectores determinados. Sólo la financiación sale de los impuestos de toda la ciudadanía.

Investigación y Presupuestos Generales del Estado

El 17 de octubre, aniversario de la muerte de Ramón y Cajal, uno de nuestros científicos y científicas más reconocido, el colectivo Carta por la Ciencia, formado por la CRUE, COSCE, CCOO, UGT, Federación de Jóvenes Investigadores e Investigación Digna, convocó acciones para reivindicar el papel de la Ciencia en el futuro y el bienestar de nuestro país y de la humanidad en general, con el lema “Con ciencia hay futuro”.

Este día concluyó la campaña de movilizaciones puesta en marcha a nivel europeo por colectivos y sindicatos de científicos y científicas, universitarios y universitarias y estudiantes de toda Europa. La campaña de denuncia contra las políticas de austeridad que estrangulan los sistemas de investigación, se iniciaron conjuntamente, el pasado día 26 de septiembre con marchas y movilizaciones en Francia, Italia y España.

La presentación en estos días de unos Presupuestos Generales del Estado, que ahondan aún más en el coma a que se ha llevado al sistema público de investigación y universitario, refuerza la necesidad de una movilización masiva de todos los colectivos afectados y de una sociedad que ve como sin ciencia no hay un futuro sólido y sostenible.

Como denuncia el Colectivo Carta por la Ciencia, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 del Partido Popular, en Ciencia, en I+D, son los presupuestos de la consolidación de la miseria, de la consolidación del nulo interés que este Gobierno tiene por la I+D. A pesar de las declaraciones del presidente de Gobierno asegurando que la I+D era una prioridad para una salida firme de la crisis y que la inversión en I+D sería palpable en los PGE, el PP vuelve a incumplir sistemáticamente sus promesas. Porque la realidad es que, como denuncia el Colectivo, en los PGE para 2015 las subvenciones para la I+D caen con respecto al 2014. Que un año más lo que se incrementa es la partida destinada a préstamos y en particular los destinados a gasto militar. Que, sin embargo, la práctica totalidad de los OPIs ven congelado o disminuido su presupuesto. Que un año más la convocatoria de proyectos de investigación de 2015 dependerá de la concesión de un crédito extraordinario por parte del Consejo de Ministros. Que España está siendo expulsada de los Comités Científicos Internacionales por el impago de las cuotas internacionales de unos pocos miles de euros. Que el gran avance de estos presupuestos es que en 2015 “sólo” se perderán la mitad de los puestos vacantes en Investigación gracias a una tasa de reposición del 50%. Mitad que hay que sumar al más del 90% de las vacantes perdidas en los tres años anteriores. Y mientras tanto nuestros científicos y especialmente los más jóvenes, deben buscar su futuro en el exterior.

Pero estos recortes escandalosos también los está aplicando el PP a la educación superior. El recorte de más 1.500 millones de euros en los presupuestos de las universidades públicas en los cuatro últimos años que han llevado a la pérdida de 8.000 empleos entre personal docente (más de 5.500) y personal de administración y servicios desde enero de 2012. Esta parece ser la apuesta por la Investigación de nuestro gobierno.

Además las consecuencias de estas políticas de austeridad y recortes, que se vienen impulsando desde el BCE y las instituciones europeas, aprobadas y aplicadas por nuestro gobierno, están impulsando una orientación progresiva de la investigación que prima la comercialización de sus resultados, sometida cada vez más a los intereses de los grandes grupos industriales y de presión. Un abandono de la implicación social de la ciencia, de su carácter crítico ante la realidad y los poderes establecidos, una pérdida de la libertad de investigación y de su enfoque hacia los grandes problemas de la humanidad, orientada hacia una sociedad abierta y sostenible. Una pérdida de la autonomía de los grandes organismos de investigación (CNRS, CNR, CSIC etc.) y de las universidades sometidos a una gestión tecnocrática, en que los elementos de participación y de representación pierden su peso y capacidad de orientación.

Nuestro país está experimentando no sólo un descenso acelerado de sus presupuestos públicos de investigación, sino una creciente precarización de los empleos y un incremento muy peligroso de las edades medias de los trabajadores y trabajadoras estables, ante la falta de convocatorias de nuevos puestos de trabajo y la edad cada vez más tardía de jubilación, un resultado más de las “reformas” neoliberales.

Los trabajadores y trabajadoras de la investigación y de la universidad, desde diferentes movimientos, como Carta por la Ciencia y Marea Roja España, y con el respaldo de sus sindicatos han comenzado una campaña de movilizaciones, iniciada en Francia en junio pasado con la reunión de los más de 600 miembros del Comité nacional de la investigación científica y continuada luego en Italia, España, Grecia y Portugal.

En este contexto se han puesto en marchas diversas movilizaciones que respaldan las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras científicos. Los objetivos comunes reivindicados con todas estas acciones son claros, como manifiesta el colectivo: Recuperar el papel central de la investigación científica como seña de identidad y garantía de futuro de una sociedad europea abierta, sostenible y solidaria. Exigiendo un incremento plurianual y estable de la financiación pública que se asegure la sostenibilidad de los sistemas nacionales de investigación, de acuerdo con los objetivos de la Declaración de Lisboa. Un incremento sostenido de los puestos de trabajo que garantice el rejuvenecimiento de las plantillas. El desarrollo de las carreras profesionales y el reconocimiento de las especificidades de las tareas de investigación dentro y fuera del sector público. Una reducción de las políticas de precariedad que impiden la consolidación de los equipos de trabajo. Así como una recuperación de la democracia interna y del respeto a los derechos de participación de los trabajadores y las trabajadoras de la investigación en todas las instancias de gobierno de sus instituciones.

Radicalizar la precariedad en la universidad

Ésta ha sido la decisión que nuestra Universidad ha tomado, radicalizar aún más la precariedad del profesorado ya de por sí más precario e inestable de la Universidad, el profesorado asociado, profesionales de reconocido prestigio que aportan su experiencia laboral al mundo académico, contratándoles por tres meses, del 23 de septiembre al 22 de diciembre.
Nuestra Universidad ha decidido que el profesorado asociado firmará este año su contrato el 23 de septiembre, el mismo día que empieza el curso universitario. Ese mismo día se tienen que incorporar a dar las nuevas asignaturas que les hayan asignado los departamentos. La preparación de las mismas, la búsqueda de materiales, bibliografía e investigaciones sobre el campo de conocimientos, el diseño de la metodología de trabajo en las aulas, todo esto se supone que lo harán por ciencia infusa el mismo día que firman el contrato y que serán capaces de improvisar sobre la marcha. Porque con los recortes y las políticas universitarias que se están llevando a cabo ésta parece ser la “calidad docente” que ahora se les ofrece a estudiantes que están pagando tasas universitarias que se han encarecido casi un 30%. Profesorado que tiene que a menudo tiene que improvisar la docencia, pues la mayor parte de las veces se le asignan las asignaturas que va a impartir el mismo día que firma el contrato. Mientras que al alumnado le exigen que pague cada vez más, multiplicando los precios de las matrículas, por recibir clases en estas condiciones.
De todos los posibles contratos que podía haber elegido la Universidad de León, ha optado por el más precario y de peores condiciones laborales para este profesorado universitario. Ha decidido que serán contratos trimestrales. Su contratación finalizará el 22 de diciembre, es decir, el día antes de que empiecen las vacaciones de navidad. Justo para ahorrarse el pago de este tiempo, que este profesorado “sub-cieneurista” tendrá que costearse por su cuenta. Ha decidido eliminar de un plumazo un derecho histórico adquirido por la clase trabajadora: el pago de tiempo de vacaciones negociado y acordado socialmente. Se les despide a las puertas de las fiestas de navidad. Para este profesorado precario y mal pagado no hay fiestas.
A este ritmo nuestra Universidad parece que acabará optando por la senda que está trazando el PP en Comunidades como Madrid, donde contrata a docentes durante días sueltos para que corrijan los exámenes de septiembre, por supuesto sin contar fines de semana. Es el modelo laboral de los temporeros de la vendimia. No se si no terminaremos despidiendo cada viernes para no tener que pagar por los fines de semana.
El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, es responsable en último término de la política de contratación del personal de la Universidad de León. Pero, olvidando cualquier criterio académico y universitario y perdiendo de vista la finalidad básica de lo que es una Universidad al servicio del saber, la justicia, la equidad y los valores humanos, ha optado por aplicar estrictamente criterios de recorte económico en la contratación del profesorado asociado de nuestra Universidad, justamente el que está en condiciones laborales más vulnerables en nuestra institución pero al que, sin embargo, se le pide que sea el más prestigioso en su ámbito de especialización para poder impartir docencia universitaria.
Las consecuencias de esta política de personal están siendo desastrosas para la docencia y la calidad universitaria. No es de extrañar que muchos profesionales de reconocido prestigio hayan desistido de ser profesores en nuestra Universidad, porque consideran una auténtica burla y una indignidad contratos de tres meses con unos sueldos que ni siquiera llegar a ser “cieneuruistas” en algunas ocasiones.
Por eso ya no sorprende que empiecen a proliferar los denominados “falsos asociados”. Licenciados que, recién acabada la carrera, se dan de alta como autónomos y son contratados como asociados para impartir docencia en la Universidad. Sin apenas preparación académica, con prácticamente nula experiencia laboral que aportar, éstos no ponen pegas para dar la docencia que se les asigne en las condiciones más precarias, puesto que no tienen otra alternativa laboral. Lo cual supone no sólo una rebaja de la calidad en la formación impartida, sino una perversión del sistema que dice ofertar la experiencia y bagaje de profesionales especializados en su campo a la formación universitaria.
De esta forma los estudiantes, que han visto cómo se les multiplican exponencialmente el coste de sus matrículas para acceder a los estudios superiores, se encuentran como profesores suyos antiguos compañeros recién titulados que se defienden como pueden en asignaturas que tienen que empezar a preparar el mismo día que comienzan las clases. Esta es una forma de rebajar la calidad de la educación superior y desmantelar la Universidad pública, poniendo las condiciones para que muchos estudiantes empiecen a pensar en optar por Universidades privadas que ya no parecen tan caras ni con peor calidad a la vista de la deriva que están llevando los actuales gobiernos conservadores y los equipos de gestión universitaria que secundan y radicalizan incluso sus recortes.
Impulsamos así en el ámbito universitario los minijobs de la nueva semiesclavitud que ya vienen preconizando la patronal de la CEOE, el PP, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos adalides de recortar sueldos a los trabajadores y las trabajadoras, mientras mantienen sueldos multimillonarios para sus directivos, aunque luego éstos acaben en las cárceles por delitos económicos, como los dirigentes de la CEOE. Si este es la pauta que va a seguir la Universidad de León, no sólo me escandaliza e indigna el modelo establecido por la Junta de Castilla y León y el gobierno del PP, sino la complicidad del propio equipo rectoral de la Universidad con este modelo inasumible de precarización y recorte de derechos laborales y sociales hacia los propios compañeros, que comparten docencia y horas de trabajo en el espacio universitario, extremando incluso las medidas más radicales de la reforma laboral del Partido Popular.

Se busca padrino para estudiante pobre

Campaña “Apadrina un estudiante por navidad”

Si estrangulas a alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad y la investigación pública.

Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado “El auge del capitalismo del desastre”. La terapia de shock que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”, provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando “donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.

La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que “generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes consorcios empresariales y financieros.

Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película “Plácido”, donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la posguerra basada en el lema “Siente a un pobre a su mesa”. Convertir las Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.

Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un título universitario.

Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema es el “precio” de esa respiración asistida.

Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría, como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más habituales, es que quien paga manda.

El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir limosna si quieren estudiar.

La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social, no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes, proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de nuestros estudiantes.