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Universidades de iniciativa social

El 7 de julio del 2014, se presentaba el Informe CYD 2013 con la presencia del Ministro de Educación español, Wert. Este informe, de la Fundación de Ana Patricia Botín (la hija de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander) ha presentado sobre la Universidad, se titula ostensiblemente “La importancia de la universidad para el crecimiento de la economía española”.

Este título coincide sustancialmente con el primer prólogo del anteproyecto de la LOMCE, la actual reforma educativa española. En él se afirmaba que “la educación debe entenderse como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país […] para competir con éxito en la arena internacional […] representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. Tantas críticas recibió que el Ministro se apresuró a retirarlo de la Ley, aunque la ideología que subyace se deja traslucir a lo largo de todo ella.

Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación sino que es una inversión de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario, pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, acceder al saber para formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

El problema es que este es el enfoque de la reforma universitaria que pretende aplicar el Ministro de Educación español Wert en los próximos meses.

Uno de esos aspectos cruciales, nada baladí, que introduce este informe de la fundación Botín, es el abandono del término “Universidades privadas” por el de “Universidades de iniciativa social”. Al igual que la CONFER y la FERE, las patronales del sector privado educativo y religioso, han iniciado una campaña para redenominar los colegios privados como “centros de iniciativa social”, algo a lo que se han apuntado con entusiasmo Consejeros de Educación de Comunidades Autónomas del Partido Popular muy ligados a grupos ultracatólicos, la Fundación CyD es la encargada de iniciar esta campaña en el ámbito universitario.

Se pretende así eliminar del imaginario colectivo que el origen de los centros y universidades privadas está asociado a grupos empresariales y religiosos privados, que tienen el poder económico suficiente para montarlos y cuya finalidad es el beneficio económico (el ‘mercado’ de la educación mundial mueve dos billones de dólares según datos de la UNESCO y ninguna empresa monta un negocio para convertirlo en una ONG). Se trata de sustituir el término “privado”, por el “de iniciativa social”, cargado positivamente, porque activa en nuestro inconsciente la asociación con organizaciones promovidas por la sociedad civil. Como si cualquier grupo de ciudadanos y ciudadanas, de cualquier barrio marginal y sin recursos económicos y fuertes lazos de intereses con el poder político, pudiera poner en marcha una Universidad o un colegio de primaria y secundaria.

Es sorprendente este interés de la fundación de Ana Patricia Botín por las denominaciones. Admiten que “cuando nos referimos a las universidades privadas, todos entendemos que estamos hablando de la titularidad de estas instituciones. En nuestro sistema universitario europeo dominan las universidades de titularidad pública; por lo que el resto de universidades, al no ser públicas, reciben la denominación genérica de privadas”. Pero cuestionan que por privado podamos “entender aquello que tiene su origen en un interés de parte, frente a lo que promueve el interés general”, y menos, claro está, que por privado se remita a entender el acceso a “bienes cuya posesión y disfrute se deriva de derechos exclusivos, que están a disposición de algunos, pero no de todos”.

Por eso tratan de correr un denso velo sobre estas “disquisiciones”, tratando de ocultar que todo negocio privado, como son los colegios privados y las universidades privadas, promueven el interés de los accionistas e inversores que buscan la rentabilidad de su inversión –aunque los grupos religiosos la conciban como “rentabilidad ideológica” más que económica, en algunos casos-, y que, efectivamente, a los centros y universidades privadas sólo pueden acceder quienes se las pagan y que, precisamente ese proceso de selección y segregación de clase social, es uno de los principales aspectos en lo que se basa buena parte de su factor de atractivo para sus clientes, como vienen demostrando las investigaciones educativas.

Para la Fundación de Ana Patricia Botín no nos podemos dejar “engañar por señuelos terminológicos”. Porque lo que se trata es de qué aportan las diferentes instituciones de educación superior al reto de situar a nuestro país en el ranking de competitividad. “Quien mejor lo consiga, más merecedor se hace de ese título”. “No tiene sentido establecer vínculos entre conceptos como la calidad o el servicio, por una parte, y la titularidad pública o privada, por otra”. Suponemos que no tiene sentido para quienes se las pueden pagar y para quienes las ven como un negocio, como establece el Tratado de la Constitución Europea. Según esta normativa el Estado solo tiene obligación de cubrir las necesidades educativas allí donde los proveedores privados no desarrollen su iniciativa, pero debe contener su expansión, y hasta alejarse del territorio, cuando ésta –la iniciativa privada– sí esté presente. La educación pública queda así relegada a suministrar ese servicio a aquellos sectores sociales que no son lo suficientemente rentables para que puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la educación.

No tiene nada de pública la oferta de esos “pocos” grupos o corporaciones con intereses comerciales o ideológicos muy concretos. Por eso hay un reiterado empeño puesto en trasladar el debate desde los conceptos de educación pública y privada a los de estatal (organizada por el Estado) y de iniciativa social (no está organizada por el Estado). Aprovechando el tirón de imagen que tienen el mundo de lo “no gubernamental” y la “sociedad civil” se trata de asimilar la iniciativa empresarial o religiosa privada con ello, sólo por el mero hecho de no ser estatal. Se recalifica así de “estatal” a la educación universitaria y no universitaria pública y de “pública” a la enseñanza privada y concertada, favoreciendo en esta confusión la reinvención de la escuela privada como escuela pública de iniciativa social.

Se trata de identificar la iniciativa privada empresarial o de grupos religiosos con la denominada “sociedad civil”, ocultando que quienes tienen su titularidad tienen su propiedad (por lo tanto, no es pública), que sus fines son privados (la obtención de beneficio económico o la propagación de sus creencias religiosas), que su gestión es privada (especialmente la contratación de sus profesionales) y que los mecanismos concretos de selección de la clientela la convierten de hecho en una educación dirigida a sectores determinados. Sólo la financiación sale de los impuestos de toda la ciudadanía.

De la fusión universitaria a la fisión académica

Desde 2011 el Gobierno central ha pasado a los autonómicos la exigencia de una reforma del “Mapa de Titulaciones universitarias”. La Junta ha decidido iniciar este mapa suprimiendo 12 titulaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León y fusionando otras muchas. Cerca de 50 carreras universitarias se ven afectadas en nuestra Comunidad por este nuevo recorte de la Junta de Castilla y León a lo público. Por supuesto, la Junta lo vende no como recorte, sino como “ordenación” o “racionalización”.

Es la nueva neolengua utilizada por el Partido Popular. Como en la famosa novela de George Orwell, 1984, donde malo se nombra como nobueno o terrible se convierte en doblemásnobueno. El objetivo de crear tal lengua era hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios de la neolengua.

Así el Consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, insiste en que esto no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y racionalizar. Es más, se toman estas medidas para salvar esas titulaciones. No sólo no las recorta, sino que las salva, según él. Es como si quisiera imitar a Humpty Dumpty , el personaje de la Alicia de Lewis Carroll que afirmaba con aire desdeñoso: “Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga”. En las ruedas de prensa, este nuevo mago del lenguaje, ha r ecalcado insistentemente que no está suprimiendo o quitando titulaciones, sino “modificándolas para impulsarlas y en el futuro incorporar nuevas”.

Porque con el nuevo Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Grado y Máster de la Junta, en la supresión de titulaciones habrá excepciones, como las titulaciones que la Junta considere «estratégicas» y aquellas con las que «se tendrán en cuenta otras cuestiones». La arbitrariedad está servida.

Por eso no es de extrañar ya los agravios comparativos que empiezan a proliferar entre los distintos campus de Castilla y León y que están haciendo que las diferentes Universidades de nuestra autonomía se enfrenten entre ellas acusándose de tratos de privilegio o de ser tratadas de forma diferente por la Consejería de Educación.

De esta forma nos encontramos que en unos casos se van a fusionar titulaciones mediante lo que el Consejero denomina “estilo candelabro”, mientras que otras tendrán que fusionarse pero sin candelabro; y, a su vez, otras se fusionarán como dobles titulaciones. Pero ésta es justamente la discusión en la que nos quiere meter, la Junta. Luchar y enfrentarnos entre las universidades por si a unas les dejan más que a otras, o si a algunas les obligan a hacer fusiones de un tipo o de otro. De esta forma ocultan la pregunta fundamental: por qué hay que fusionar titulaciones. A qué obedece de repente este afán y urgencia por eliminar titulaciones de las universidades públicas.

Porque estos recortes, como la mayoría de los recortes a los que nos quiere ir acostumbrando el PP, aunque los disfracen en la neolengua con argumentaciones de mejora de la calidad y de racionalización, no están basados en ningún estudio ni investigación contrastada. Son las ocurrencias y exigencias de recortes que se imponen a la comunidad universitaria. Ya lo han explicado claramente: «Si hay acuerdo maravilloso», pero que «si no lo hay» su departamento decidirá qué titulaciones se eliminan porque están «convencidos» de que es lo que tienen que hacer estos nuevos líderes de la empresa universitaria, olvidando el logro democrático y de acceso que supuso la extensión regional de la universidad.

Mientras, los estudiantes de nuestra comunidad se están marchando a Oviedo, a Galicia o a Francia que tienen universidades con tasas mucho más baratas. A la vez que otros muchos alumnos y alumnas se dan de baja en la matrícula de este curso por la brutal subida de tasas que ha establecido la Junta de Castilla y León. En esto sí que somos campeones. Hemos conseguido la medalla de bronce, porque somos la tercera Comunidad que más ha subido las tasas en las universidades públicas, encareciéndolas un 42%. No es de extrañar que el volumen de estudiantes matriculados se haya reducido un 14,6% en el comienzo de este curso. Pero con el recorte añadido de 50 millones de euros a las becas, que ha decretado el PP para este año, cientos de alumnos y alumnas están anulando sus matrículas estos días, cuando les viene denegada la beca que solicitaron. Es la tormenta perfecta. Nos quedamos sin alumnado por la subida de tasas, por el recorte de becas y obligando a estudiantes a que emigren; esto provoca que las Universidades Públicas se encuentren con titulaciones que se están quedando sin matrículas de alumnado; lo cual se aprovecha para recortar titulaciones porque se dice que no hay alumnado. Un admirable círculo vicioso que se convierte en la coartada perfecta para su recorte y eliminación.

Además, esta fusión de titulaciones supondrá recortes de profesorado, aunque lo nieguen, al haber menos carga lectiva. La actual normativa autoriza EREs (Expedientes de Regulación de empleo) a entidades y organismos públicos en situaciones de déficit y reducción de actividad. Y en universidades como las de Salamanca y Valladolid ya se ha eliminado profesorado asociado, reasignando la correspondiente docencia para completar la carga lectiva de los Departamentos.

Estamos pues en el punto de inicio de la fusión. Parece que avanzamos hacia el punto final de la fisión académica. Recortes de recursos, de titulaciones, de profesorado… Parece que están experimentando en nuestra Comunidad el punto de ebullición de la comunidad universitaria para ver hasta qué punto es capaz la Universidad pública de ser desmantelada sin protesta ni lucha. Porque el silencio de los rectores de nuestra Comunidad ante esta oleada de recortes es como el silencio de los corderos en el matadero, ya que alguno incluso alguno de ellos justifica la necesidad e inevitabilidad de los mismos. Ya se han olvidado de que son rectores de toda la Universidad, de todas las titulaciones y también de aquellas que tienen una función social, no sólo una rentabilidad económica.

Pero lo más sorprendente es que mientras se recortan las universidades públicas, crecen simultáneamente las universidades privadas (ya superan actualmente al número de públicas), y presionan al Consejero para “implantar nuevas titulaciones”. Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública y quienes se van a ver beneficiadas de este nuevo recorte en lo público. Una nueva privatización del sector público diseñada desde los organismos públicos de nuestra Comunidad a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía.