Archivo del sitio

Metafísica empresarial Wertiana

Si la comunidad educativa se quedó asombrada y estupefacta con la LOMCE, una reforma educativa que concitó el rechazo y la oposición de todos los sectores de la misma, los decretos que la desarrollarán van a ser capaces de acabar por traumatizar a los propios profesionales de la educación que ven cómo les imponen unos contenidos cercanos al esperpento, que diría D. Ramón del Valle-Inclán.

Ya están aquí los nuevos currículos, lo que se estudiará en las aulas. El Ministerio de Educación acaba de publicar el “proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato”. ¿Quiénes los han redactado? ¿Con quién se ha contado? ¿Qué voces han sido escuchadas? La fórmula sigue siendo la misma y, además, en este caso se han lucido.

Uno de los extremos más “pulidos” de esta reforma educativa del ministro Wert es convertir el “emprendimiento” en un contenido estrella que se pretende trabajar en todas las áreas y etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y FP.

La mayor parte de las comunidades autónomas de gobiernos conservadores ya están promoviendo este tipo de contenidos e iniciativas como el “Programa Educativo Pequeños emprendedores” en Castilla y León cuyo hilo conductor es la “creación y gestión de una empresa escolar por parte de alumnos del tercer ciclo de primaria”. El programa oficial de la Junta, Educar para Emprender, se desarrolla con empresas y cámaras de comercio que incluso ya han elaborado materiales didácticos.

De hecho, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha señalado su intención de introducir en los centros escolares el libro titulado Mi primer libro de Economía. Libro elaborado por una directora de la entidad financiera especializada en productos de inversión, “Inversis Banco”. Este libro, subtitulado ¡ahorro e inversión!, no enseña a los niños y niñas a desentrañar las causas de esta crisis que pagamos el 99% de la ciudadanía para que puedan seguir enriqueciéndose ese 1% que se dedica a las finanzas especulativas. Este manual no habla de una economía al servicio del bien común. Parece que ya desde los primeros años se quiere enseñar a nuestros hijos e hijas a “invertir” en el mercado financiero, generando futuros “clientes cautivos” adiestrados en fondos de inversión, rentas variables y aquellos productos que venden estas entidades. Aprenderán a conocer a la “prima de riesgo”, el funcionamiento de la bolsa, el ciclo de la inversión. Normalizarán así estos contenidos, se entrenarán en estas destrezas y competencias y aprenderán los valores propios del mundo de la especulación y el pelotazo bursátil. Una gran inversión de futuro. Porque como explica la propia autora, el objetivo no es otro que “acercar la cultura financiera para que sea accesible a niños de entre cinco y ocho años de edad, formar con una base sólida a los futuros consumidores”.

Por eso no es de extrañar que en los nuevos contenidos de Filosofía de 1°de Bachillerato el Ministerio de Educación introduzca los dedicados a la función de la Filosofía en el mundo empresarial y organizativo. Con un temario que sonrojaría hasta al mismo Sócrates en donde se propone desarrollar “el modo metafísico de preguntar radical y mayéutico para diseñar una idea empresarial”.

Los “lumbreras” que han diseñado estos contenidos no han tenido ningún empaque en proponer unos criterios de evaluación sobre estos contenidos que, no solo han alarmado ya a los propios profesionales de la Filosofía, sino que harían desesperarse “metafísicamente” al propio Sócrates. Algunas de sus formulaciones más llamativas parecen sacadas de la antología del disparate metafísico hispano: “Conocer el modo de preguntar radical y mayéutico de la metafísica para diseñar una idea empresarial y/o un plan de empresa utilizando habilidades metafísicas y gnoseológicas para conocer y comprender la empresa como un todo, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición clara de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas, como ¿qué somos?, ¿qué hacemos?, ¿por qué?, ¿para qué sirve esta empresa?, ¿cuál es nuestra misión?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y saber argumentar la defensa de las respuestas.” Pero van aún más allá: exigen “Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la lógica y la epistemología para introducir una racionalidad en el origen, desarrollo, dirección y ejecución de un proyecto empresarial, ayudando, utilizar las habilidades metafísicas y lógicas para comprender el orden racional de la interrelación entre las partes de un proyecto o de una empresa, siendo capaz de elevarse por encima de lo concreto para ver, estructurar y valorar la totalidad del sistema eliminando el caos y la desconexión, aportando sentido y significado al todo y a las partes y clarificando racionalmente ideas y emociones” o “Conocer y valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica, la filosofía del lenguaje y la metafísica para organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos empresariales, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente la visión/misión/objetivo-s de la empresa”.

Ya no se trata solo del rechazo a una ley educativa mercantilista, segregadora, privatizadora, clasista, sexista, antidemocrática y profundamente regresiva como la que el PP ha aprobado. Se trata del ridículo que siente el propio profesorado al forzar de una forma tan descarada e ideológica los contenidos con el fin de introducir ese “espíritu empresarial” incluso de una forma completamente artificial y ridícula. Porque proponer como criterio de evaluación que el alumnado tiene que “reconocer la utilidad de la Estética filosófica para dar viabilidad a un plan de márquetin” roza ya no en lo hilarante, sino en lo esperpéntico.

El problema añadido es que ya no se trata solo de contenidos que exigirán al alumnado aprender, si es que esto es posible, a “reconocer y comprender la función axiológica de la Filosofía en el campo empresarial, expresando los valores propios de la Ética y de la filosofía política para establecer el sistema de valores de la empresa”, sino la ingente cantidad de recursos invertidos en estos contenidos y programas por parte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, mientras recortan brutalmente miles de millones de euros en atención a la diversidad, profesorado, programas de refuerzo y becas desde educación infantil hasta la universidad.

Lo más preocupante además es que todos estos recursos, puestos a disposición de esta “metafísica empresarial wertiana”, están dando resultados. Así lo asegura el consejero de educación de Murcia que presentó un estudio según el cual la mitad del alumnado de la comunidad autónoma de la región de Murcia quiere ser empresario. Es más, el consejero quiere extender la formación empresarial a todo el profesorado para que los docentes puedan enseñar en valores emprendedores desde cualquier área del currículo, incluso desde la Filosofía, como podemos comprobar en los nuevos decretos del currículo.

Mientras han eliminado los contenidos donde se analizaban las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, sustituyéndolos por la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor con su nueva asignatura Educación Cívica. En Aragón el alumnado tiene que aprender a realizar un proyecto de empresa viable enseñándoles desde cómo detectar oportunidades de negocio hasta las herramientas de marketing online.

Por eso no sorprende que, ante las denuncias que interpusieron los inspectores de Hacienda, acusando al gobierno de que su amnistía fiscal ha servido para blanquear dinero obtenido ilícitamente (el caso Bárcenas es el más conocido), el PP presentara una iniciativa parlamentaria para que los niños y niñas reciban educación financiera y tributaria en los colegios. Sostiene el PP que con esta formación cumplirán con Hacienda al ser mayores, y se evitará así la corrupción al conocer sus obligaciones fiscales. Pero para no defraudar no es necesario tener formación fiscal, sino moral. Porque, como dice Rosa Montero, enseñar trucos fiscales a los niños solo conseguirá convertirlos en unos defraudadores más competentes.

La propuesta plantea que “los niños de entre 11 y 18 años podrán entender y familiarizarse con conceptos como el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca” para que puedan administrar “competentemente sus propios recursos”. De tal forma que, al final de la Educación Secundaria, puedan “gestionar competentemente este ámbito de sus vidas, alentando a los ciudadanos a invertir sus ahorros de forma eficiente”, reduciendo los riesgos de exclusión financiera, decía la Proposición no de Ley presentada por la diputada popular Matilde Asian. Esta diputada ha inventado un nuevo concepto: la exclusión financiera, de forma paralela a lo que es la exclusión social. Parece como si quien no invirtiera en la especulación, corriera el riesgo de ser un “excluido financiero”. Un riesgo que hay que prevenir cuanto antes, a través de la educación pública. No solo formar a los niños y niñas para ser empresarios-autónomos precarios, sino para que sepan invertir en bolsa y no corran el riesgo de ser excluidos… de la especulación financiera.

Hemos pasado así de aquellas transversales de “educación para la igualdad”, “educación para la convivencia”, etc., a estas nuevas transversales de “educación para el beneficio” y “educación para la especulación”. Eso sí, abren ahora un breve período de información pública, que coincide con las vacaciones navideñas, -del 12 de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014-, y una dirección de correo electrónico para enviar “propuestas”. Creo que el ministro Wert debería empezar por leer la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres del filósofo Immanuel Kant y repensar su propio sistema moral. Váyase señor Wert, váyase. La Filosofía, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto se lo agradecerían.

Anuncios

14 razones para retirar el proyecto de reforma educativa

La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Eso sí que sería aumentar en calidad y equidad nuestro sistema educativo.

Pero las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa se concretan en recortes de -5.212 millones desde que el PP ha empezado a gobernar, y un compromiso con Bruselas de recortar otros 1o.000 millones hasta 2015 hasta rebajar al 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.

Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, justificando un modelo educativo ideológico que nos lleva de vuelta al sistema de enseñanza franquista. Por eso los sectores progresistas de este país y buena parte de la comunidad educativa han ofrecido suficientes razones al Ministro Wert para que retire este proyecto de reforma educativa.

1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.

2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.

3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo. Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.

En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.

5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.

6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.

7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”.

8. Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles.  Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.

9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.

10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, la ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.

Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.

11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.

Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.

12. Es una ley profundamente antidemocrática. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.

13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública.  Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.

13. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.

14. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.

En definitiva, esta ley lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos.

Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.

Por eso creemos que hay suficiente razones para exigir la retirada y devolución al gobierno de este proyecto de ley por ser una ley que expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas, promoviendo un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Es necesario la apertura de un período de estudio previo riguroso sobre las causas reales de los problemas de nuestro sistema educativo y un verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo que contribuya a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.

El talento de Mr. Wert

Publicado en El País

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común

El Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, ha conseguido, contra viento y marea y con la oposición de toda la comunidad educativa, llevar a trámite parlamentario su reforma educativa, que él ha denominado eufemísticamente “ley orgánica de mejora de la calidad educativa” (LOMCE). Y digo eufemísticamente, porque es un proyecto de ley que, en clara contradicción con el título que proclama, es una reforma profundamente clasista y segregadora.

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores según el “grado de talento” que alguien determine en un momento dado que un niño o una niña posee.

El término “talento”, infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, es un vocablo recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley. Se orienta en un sentido innato y selectivo, que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida, lo que falla es la capacidad para saber motivar y entusiasmar a las personas en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, en contra de toda evidencia científica, Mr. Wert, en el preámbulo de su proyecto de ley, afirma que “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para desarrollar una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades”.

Lo primero que habría que preguntarse es quién va a determinar el supuesto grado de talento que tiene un niño o niña y en función de qué criterios y parámetros. Con qué pruebas. En qué momento de su evolución y desarrollo. De hecho, la mayoría de expertos y expertas plantean que, en caso de poder diseñar ese tipo de pruebas que “midan” el talento, este modelo supondría una vuelta al denostado constructo de “coeficiente intelectual”, que ya la ciencia ha demostrado reiteradamente su inadecuación para captar la naturaleza cualitativa, multidimensional, en permanente desarrollo y no mensurable de la inteligencia humana. Además de que hace tiempo ya se han cuestionado las pruebas que se aplicaban para medirlo, pues suponen una visión cargada de prejuicios y distorsionada, que tiende a reflejar la cultura y las prioridades de la persona que las diseñó.

Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, o que unas personas tienen talento para llegar al nivel de educación obligatoria y otras personas tienen talento para seguir estudiando hasta el nivel universitario, o que algunas tienen talento sólo para trabajar en lo manual y otras tienen talento para dedicarse a labores intelectuales. Incluso, aunque así fuera, está sobradamente demostrado que es un prejuicio ideológico, marcado por una concepción clasista y segregadora, concebir que la educación no puede potenciar, modificar o desarrollar las capacidades o “talentos” de las personas. Considerar que la educación se debe reducir a “descubrir” el supuesto talento de cada persona y dedicarse a “clasificarlas” y colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado, es un claro prejuicio acientífico marcado por una ideología profundamente clasista. Porque detrás de esta búsqueda, etiquetamiento y clasificación de los supuestos “talentos diversos” lo que hay es una clara intención de colocar a unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo.

Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a las personas con diversidad psíquica o funcional no se las educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil y un despilfarro de recursos, pues no tenían “talentos aprovechables”. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos “talentos”, que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que afirma, en contra de la investigación y la experiencia en este campo profesional, que lo adecuado es clasificar a las personas para dar a cada una una vía diferente según el juicio que alguien determina en edades tempranas de los niños y niñas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar.

Ya hace más de dos décadas, Howard Gardner cambió la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples, afirmando que todos las personas tienen la capacidad de aprendizaje y de desarrollo potencial de su inteligencia, y que ésta no es algo unitario e inamovible, sino que es vista como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, para resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Lo mejor que tiene la propuesta de las inteligencias múltiples es que demuestra que todos y todas podemos y debemos desarrollar todas nuestras inteligencias puesto que todos poseemos, en mayor o menor medida, todas las inteligencias.

Lo que la escuela debe contribuir, por tanto, es a desarrollar la capacidad de entusiasmar a todos los jóvenes por el aprendizaje, proponiéndoles actividades y experiencias motivadoras y unos contenidos apasionantes que les adentren en la aventura emocionante de comprender la realidad y descubrir el saber. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar todas sus inteligencias múltiples y diversas hasta el máximo de sus potencialidades.

El talento de Mr. Wert lo que pretende, en definitiva, es excluir a una determinada parte de la población que ha sido incluida en el sistema educativo en los últimos treinta años. Para esto sí que tiene talento Mr. Wert. Para vendernos la segregación por “talentos”, utilizando algo fundamental en el campo educativo como es la atención a la diversidad. Por eso debemos decirle muy claramente al Ministro de Educación que atención a la diversidad, sí; segregación por “talentos”, no.

Capitalismo Mon Amour: Más allá de Wert

La reforma educativa del ministro Wert ha optado por convertir el “emprendimiento” en un programa estrella que se trabajará en todas las áreas en la ESO. Elimina los contenidos referidos a los derechos humanos y la igualdad de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, sustituyéndolos por la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor con su nueva asignatura Educación Cívica. Considera que no son apropiados los contenidos de la anterior asignatura, donde se analizaban las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, y ha optado así por eliminar cualquier alusión a los conflictos sociales y las desigualdades que se dan en nuestra sociedad.

A cambio extenderá por ley los programas de emprendedores que, desde infantil hasta bachillerato y FP, la mayor parte de las comunidades autónomas de gobiernos conservadores ya han puesto en funcionamiento. La ingente cantidad de recursos invertidos en estos programas están dando resultados. Así lo asegura el consejero de educación de Murcia que presentó un estudio según el cual la mitad del alumnado de la comunidad autónoma de la región de Murcia quiere ser empresario. Es más, el consejero quiere extender la formación empresarial a todo el profesorado para que los docentes puedan enseñar en valores emprendedores desde cualquier área del currículo. En Aragón se trata de realizar un proyecto de empresa viable con el apoyo de ocho talleres formativos en los que se enseña desde cómo detectar oportunidades de negocio hasta las herramientas de marketing online.

En Castilla y León se han volcado la Junta, los Ayuntamientos, las Diputaciones en promover este tipo de programas e iniciativas como el “Programa Educativo Pequeños emprendedores” cuyo hilo conductor es la “creación y gestión de una empresa escolar por parte de alumnos del tercer ciclo de primaria”. El programa oficial de la Junta, Educar para Emprender, con varios proyectos (Vitamina E y Aprende a Emprender) adaptados a cada etapa educativa de Primaria, ESO, Bachillerato y FP, se desarrolla con empresas y cámaras de comercio que incluso ya han elaborado materiales didácticos.

Uno de estos materiales, que el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha señalado su intención de introducir en los centros escolares, es el libro titulado Mi primer libro de Economía. Libro elaborado por una directora de la entidad financiera especializada en productos de inversión, “Inversis Banco”, que tiene entre su accionariado a Bankia. Este libro, subtitulado ¡ahorro e inversión!, no enseña a los niños y niñas a desentrañar las causas de esta crisis que pagamos el 99% de la ciudadanía para que puedan seguir enriqueciéndose ese 1% que se dedica a las finanzas especulativas. Este manual no habla de una economía al servicio del bien común. Parece que ya desde infantil se quiere enseñar a nuestros hijos e hijas a “invertir” en el mercado financiero, generando ya futuros “clientes cautivos” adiestrados en fondos de inversión, rentas variables y aquellos productos que venden estas entidades de especulación. Aprenderán a conocer a la “prima de riesgo”, el funcionamiento de la bolsa, el ciclo de la inversión. Normalizarán así estos contenidos, se entrenarán en estas destrezas y competencias y aprenderán los valores propios del mundo de la especulación y el pelotazo bursátil. Una gran inversión de futuro. Porque como explica la propia autora, el objetivo no es otro que “acercar la cultura financiera para que sea accesible a niños de entre cinco y ocho años de edad. El libro busca formar con una base sólida a los futuros consumidores y ahorradores”.

Por eso ya no nos extraña que el PP, ante las denuncias interpuestas por los Inspectores de Hacienda, acusando al gobierno de que su amnistía fiscal ha servido para blanquear dinero obtenido ilícitamente (el caso Bárcenas es el más conocido), ha presentado una iniciativa parlamentaria para que los niños y niñas reciban educación financiera y tributaria en los colegios. Parece como si el PP hubiera hallado la solución al fraude enseñando fiscalidad a los niños desde los 11 años e introduciendo “conocimientos tributarios” en el currículo educativo.

Pero si “conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos” figuraba en el temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, esta propuesta debe tener otra finalidad cuando se propone la eliminación de esta asignatura. Sostiene el PP que con esta formación cumplirán con Hacienda al ser mayores, y se evitará así la corrupción al conocer sus obligaciones fiscales. Pero para no defraudar no es necesario tener formación fiscal, sino moral. Porque, como dice Rosa Montero, enseñar trucos fiscales a los niños sólo conseguirá convertirlos en unos defraudadores más competentes.

La propuesta plantea que “los niños de entre 11 y 18 años podrán entender y familiarizarse con conceptos como el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca” para que puedan administrar “competentemente sus propios recursos”. De tal forma que, al final de la Educación Secundaria, puedan “gestionar competentemente este ámbito de sus vidas, alentando a los ciudadanos a invertir sus ahorros de forma eficiente”, reduciendo los riesgos de exclusión financiera, dice la Proposición no de Ley presentada por la diputada popular Matilde Asian. Esta diputada ha inventado un nuevo concepto: la exclusión financiera, de forma paralela a lo que es la exclusión social. Parece como si quien no invirtiera en la especulación, corriera el riesgo de ser un “excluido financiero”. Un riesgo que hay que prevenir cuanto antes, a través de la educación pública. No sólo formar a los niños y niñas para ser empresarios, sino para que sepan invertir en bolsa y no corran el riesgo de ser excluidos… de las finanzas.

Hemos pasado así de aquellas transversales de “educación para la igualdad”, “educación para la convivencia”, etc., a estas nuevas transversales de “educación para el beneficio” y “educación para la especulación”. ¿Acabaremos construyendo un país de empresarios especuladores? Ya lo decía la bruja Averías: ¡viva el mal, viva el capital!