Radicalizar la precariedad en la universidad

Ésta ha sido la decisión que nuestra Universidad ha tomado, radicalizar aún más la precariedad del profesorado ya de por sí más precario e inestable de la Universidad, el profesorado asociado, profesionales de reconocido prestigio que aportan su experiencia laboral al mundo académico, contratándoles por tres meses, del 23 de septiembre al 22 de diciembre.
Nuestra Universidad ha decidido que el profesorado asociado firmará este año su contrato el 23 de septiembre, el mismo día que empieza el curso universitario. Ese mismo día se tienen que incorporar a dar las nuevas asignaturas que les hayan asignado los departamentos. La preparación de las mismas, la búsqueda de materiales, bibliografía e investigaciones sobre el campo de conocimientos, el diseño de la metodología de trabajo en las aulas, todo esto se supone que lo harán por ciencia infusa el mismo día que firman el contrato y que serán capaces de improvisar sobre la marcha. Porque con los recortes y las políticas universitarias que se están llevando a cabo ésta parece ser la “calidad docente” que ahora se les ofrece a estudiantes que están pagando tasas universitarias que se han encarecido casi un 30%. Profesorado que tiene que a menudo tiene que improvisar la docencia, pues la mayor parte de las veces se le asignan las asignaturas que va a impartir el mismo día que firma el contrato. Mientras que al alumnado le exigen que pague cada vez más, multiplicando los precios de las matrículas, por recibir clases en estas condiciones.
De todos los posibles contratos que podía haber elegido la Universidad de León, ha optado por el más precario y de peores condiciones laborales para este profesorado universitario. Ha decidido que serán contratos trimestrales. Su contratación finalizará el 22 de diciembre, es decir, el día antes de que empiecen las vacaciones de navidad. Justo para ahorrarse el pago de este tiempo, que este profesorado “sub-cieneurista” tendrá que costearse por su cuenta. Ha decidido eliminar de un plumazo un derecho histórico adquirido por la clase trabajadora: el pago de tiempo de vacaciones negociado y acordado socialmente. Se les despide a las puertas de las fiestas de navidad. Para este profesorado precario y mal pagado no hay fiestas.
A este ritmo nuestra Universidad parece que acabará optando por la senda que está trazando el PP en Comunidades como Madrid, donde contrata a docentes durante días sueltos para que corrijan los exámenes de septiembre, por supuesto sin contar fines de semana. Es el modelo laboral de los temporeros de la vendimia. No se si no terminaremos despidiendo cada viernes para no tener que pagar por los fines de semana.
El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, es responsable en último término de la política de contratación del personal de la Universidad de León. Pero, olvidando cualquier criterio académico y universitario y perdiendo de vista la finalidad básica de lo que es una Universidad al servicio del saber, la justicia, la equidad y los valores humanos, ha optado por aplicar estrictamente criterios de recorte económico en la contratación del profesorado asociado de nuestra Universidad, justamente el que está en condiciones laborales más vulnerables en nuestra institución pero al que, sin embargo, se le pide que sea el más prestigioso en su ámbito de especialización para poder impartir docencia universitaria.
Las consecuencias de esta política de personal están siendo desastrosas para la docencia y la calidad universitaria. No es de extrañar que muchos profesionales de reconocido prestigio hayan desistido de ser profesores en nuestra Universidad, porque consideran una auténtica burla y una indignidad contratos de tres meses con unos sueldos que ni siquiera llegar a ser “cieneuruistas” en algunas ocasiones.
Por eso ya no sorprende que empiecen a proliferar los denominados “falsos asociados”. Licenciados que, recién acabada la carrera, se dan de alta como autónomos y son contratados como asociados para impartir docencia en la Universidad. Sin apenas preparación académica, con prácticamente nula experiencia laboral que aportar, éstos no ponen pegas para dar la docencia que se les asigne en las condiciones más precarias, puesto que no tienen otra alternativa laboral. Lo cual supone no sólo una rebaja de la calidad en la formación impartida, sino una perversión del sistema que dice ofertar la experiencia y bagaje de profesionales especializados en su campo a la formación universitaria.
De esta forma los estudiantes, que han visto cómo se les multiplican exponencialmente el coste de sus matrículas para acceder a los estudios superiores, se encuentran como profesores suyos antiguos compañeros recién titulados que se defienden como pueden en asignaturas que tienen que empezar a preparar el mismo día que comienzan las clases. Esta es una forma de rebajar la calidad de la educación superior y desmantelar la Universidad pública, poniendo las condiciones para que muchos estudiantes empiecen a pensar en optar por Universidades privadas que ya no parecen tan caras ni con peor calidad a la vista de la deriva que están llevando los actuales gobiernos conservadores y los equipos de gestión universitaria que secundan y radicalizan incluso sus recortes.
Impulsamos así en el ámbito universitario los minijobs de la nueva semiesclavitud que ya vienen preconizando la patronal de la CEOE, el PP, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos adalides de recortar sueldos a los trabajadores y las trabajadoras, mientras mantienen sueldos multimillonarios para sus directivos, aunque luego éstos acaben en las cárceles por delitos económicos, como los dirigentes de la CEOE. Si este es la pauta que va a seguir la Universidad de León, no sólo me escandaliza e indigna el modelo establecido por la Junta de Castilla y León y el gobierno del PP, sino la complicidad del propio equipo rectoral de la Universidad con este modelo inasumible de precarización y recorte de derechos laborales y sociales hacia los propios compañeros, que comparten docencia y horas de trabajo en el espacio universitario, extremando incluso las medidas más radicales de la reforma laboral del Partido Popular.

Se busca padrino para estudiante pobre

Campaña “Apadrina un estudiante por navidad”

Si estrangulas a alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad y la investigación pública.

Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado “El auge del capitalismo del desastre”. La terapia de shock que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”, provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando “donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.

La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que “generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes consorcios empresariales y financieros.

Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película “Plácido”, donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la posguerra basada en el lema “Siente a un pobre a su mesa”. Convertir las Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.

Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un título universitario.

Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema es el “precio” de esa respiración asistida.

Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría, como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más habituales, es que quien paga manda.

El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir limosna si quieren estudiar.

La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social, no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes, proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de nuestros estudiantes.

Libertad de elección o selección educativa

La denominada “libre elección de centro” no es (ni debe ser) un derecho social. Es la manifestación particular de una preferencia de escolarización determinada que en ningún caso puede ser determinante a la hora de satisfacer las necesidades de escolarización de la población en su conjunto. No cabe pues equiparar una preferencia particular con el derecho universal a la educación, que ha de ser garantizado por los gobiernos y las administraciones públicas en condiciones de igualdad.

 

Las políticas educativas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, así como la actual reforma educativa del Ministro Wert, tratan de poner al mismo nivel el derecho de todos y todas a la educación y esa preferencia de selección de centro, buscando que las Administraciones educativas garanticen por igual, tanto el derecho a la educación como la “libertad de elección” de centro por las familias.

Tras esa supuesta “libertad de elección” se esconde un modelo neoliberal que está calando profundamente en el discurso y en el imaginario colectivo de buena parte de la sociedad. Su fuerza, como explica el profesor Antonio Viñao, reside en que es un discurso en el que se traslada un mensaje que habla de libertades, contra el que, al menos en un plano teórico, no parece posible oponer otro de signo opuesto. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? ¿Quién va a propugnar, frente a ella, un sistema en el que las familias no puedan elegir para sus hijos e hijas el centro docente que deseen, o que restrinja su capacidad de elección? Cualquiera que lo hiciera perdería de inmediato el apoyo de amplios grupos sociales.

El discurso neoliberal encuentra, por ello, una audiencia muy amplia no sólo entre quienes ya ejercen o pueden ejercer la libre elección de centro docente, sino también entre ciertos sectores de la clase media y media-baja a los que no les basta la escolarización generalizada -la han conseguido ya-, sino que buscan una enseñanza de “élite” que les facilite escalar socialmente. Y es ahí, donde determinados centros, por lo general privados, aparecen como el paradigma capaz de proporcionársela, por tratarse de centros cuyo alumnado procede mayoritariamente de las clases y grupos sociales más favorecidos, con los que quieren que sus hijos e hijas se relacionen y a los que quieren que pertenezcan en el futuro.

Los estudios internacionales muestran en efecto que no son tanto los programas o el currículo ofertado lo que determina las elecciones efectuadas por las familias, como la composición étnica y social del alumnado, junto al modelo de disciplina y control o los recursos extraordinarios de que disponen los centros docentes. En realidad, como afirma el profesor Gimeno Sacristán, detrás de los argumentos a favor de la libertad de elección, más que fervor liberalizador, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

Esta mentalidad profundamente clasista y neoliberal ha colonizado el sentido común de buena parte de las familias, especialmente las acomodadas que pueden permitírselo, porque disponen de los recursos o habilidades suficientes para ello, para tratar de seleccionar un particular centro que es percibido como un entorno que le va a proporcionar determinadas ventajas competitivas en el futuro mercado laboral a sus hijos e hijas, o que les van a aportar unas determinadas redes de relaciones y de contactos que pueden resultar ventajosos o muy “adecuados” para progresar socialmente.

Lo cierto es que las investigaciones internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro docente incrementan la separación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas. Que además son particularmente beneficiosas para las clases altas, por ser éste el grupo social que mejor se entera e informa de las oportunidades que surgen, y el que más se aprovecha de ellas cuando aparecen. De hecho, el informe Equidad y Calidad en la educación de la OCDE advierte de los peligros que conlleva la libertad de elección de centro, ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”.

Pero, no nos engañemos, advierte el experto Antonio Viñao, aunque se utilice como proclama por el sector neoliberal la libertad de elección de centros, realmente no existe ni se pretende que exista. Lo que se busca, más bien, es la libre elección o selección de alumnado por los centros docentes, en especial por los privados y, dentro de estos, por los confesionales.

Porque, donde la teoría habla de libre elección de centro por las familias, lo que la realidad muestra tozudamente es la “libre solicitud” por estas familias y la libre elección de alumnado por aquellos centros que tienen mayor demanda y pueden seleccionarlos. Los demás recogerán lo que éstos hayan desechado. No son, pues, las familias las que realmente eligen centro, sino ciertos centros docentes los que eligen a su alumnado. De este modo, sólo las familias, cuyos hijos e hijas hayan sido elegidos por los centros solicitados podrán considerarse electores, viéndose obligado el resto, los rechazados, a inscribir a sus hijos e hijas en otros centros menos demandados. El resultado final es el incremento de las diferencias que ya existían entre los centros docentes, así como de las desigualdades sociales, y la aparición de guetos escolares -por lo general en el sector público- donde se confina alumnado con mayores carencias y más necesitados de atención o apoyo educativo específico, trasladando así hacia el sector público el alumnado con mayores dificultades o de bajo rendimiento, justo el objetivo perseguido, y no confesado -por inconfesable- de la política de libre elección de centro.

Para ello se vienen adoptando medidas como la supresión de las zonas escolares en las Comunidades gobernadas por el PP, apoyándose en la LOE, y la creación de zonas únicas de escolarización o el criterio de escolarización en la zona próxima a la vivienda habitual. Así se conforma un mercado educativo abierto y competitivo al servicio de “clientes” avispados y competitivos, que luchan denodadamente no por la educación de todos y todas, sino por conseguir las mejores oportunidades y las mayores ventajas para los suyos y que lejos de responder a los criterios de pluralidad, igualdad y calidad tiende a concentrar y clasificar al alumnado por su condición social.

En realidad, lo que se pretende hacer para justificar la supuesta libertad de elección de centro es generar un sistema con diferentes calidades, donde los centros compitan entre sí por obtener al alumnado que mejor se adecúe a sus condiciones y requisitos. Lo cual implica, como acertadamente señala la profesora Carmen Rodríguez, que las desigualdades entre centros y la selección del alumnado hurtan el equilibrio a la sociedad y la cohesión social, convirtiendo la educación en una lucha por el privilegio de la distinción. Si la calidad en todos los centros fuese equiparable, desaparecía la “necesidad” para las familias de tener que ir buscando el mejor colegio para sus hijas e hijos. Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia.

Además, este modelo neoliberal genera otro daño colateral crucial. Implica que el Estado, la Administración pública, tiende a concebir la calidad como un asunto de los centros docentes, a quienes, en todo caso, les financia –de forma ridícula- la aplicación de programas de mejora en función de su rendimiento. La calidad deja de ser una cuestión política, pública, para convertirse en un problema de gestión en el que todo reside en la acción o voluntad del profesorado de cada centro docente, con la participación más o menos activa de las familias y el alumnado, y con el que nada o poco tienen que ver las políticas educativas y los recortes y desasistencia continuada de la Administración Educativa. De esta forma, son los propios centros quienes asumen esta mentalidad neoliberal buscando competir entre ellos, en vez de cooperar y compartir, para estar en la cima del ranking y se hacen selectivos con el propio alumnado que ingresa, pervirtiendo su función: ya no se trata de qué puede hacer el centro por el alumno o la alumna, sino qué aporta cada nuevo alumno para que el centro no baje en ese índice, pues su financiación depende del mismo, como se plantea en la LOMCE.

En definitiva, no se puede plantear un derecho social como si fuera una cuestión particular, cuando el derecho a la educación es del niño, no de sus progenitores. Y es la comunidad, a través de los poderes públicos, quien tiene la obligación prioritaria de garantizar a todos los niños y niñas por igual una educación sólida, acorde con sus necesidades, integral, global e inclusiva, que responda a los principios contemplados en la Declaración Universal de los derechos humanos, así como en los convenios y tratados internacionales que asientan los mínimos colectivos establecidos.

No podemos potenciar un modelo de mercado competitivo en el ámbito educativo, basado en la selección de centros por parte de las familias buscando una ventaja competitiva para los suyos en el futuro mercado laboral. Lo que debemos exigir es que se dote a todos los centros de los recursos suficientes y las medidas adecuadas para que todos ellos ofrezcan la máxima calidad y las mejores oportunidades de cara a que todo el alumnado pueda recibir la mejor educación.

Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a recibir la mejor educación estén en el centro que estén para hacer efectivo así el derecho universal a la educación para todos y todas, no sólo para aquellos niños y niñas que sus familias tengan los recursos suficientes y la capacidad para seleccionar los “mejores” centros. Es responsabilidad de los gobiernos crear y desarrollar una red de centros públicos que ofrezcan la mejor educación y con la máxima calidad para todos los niños y niñas, sin discriminación en función de la capacidad o los recursos de sus familias para seleccionar determinados centros.

14 razones para retirar el proyecto de reforma educativa

La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Eso sí que sería aumentar en calidad y equidad nuestro sistema educativo.

Pero las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa se concretan en recortes de -5.212 millones desde que el PP ha empezado a gobernar, y un compromiso con Bruselas de recortar otros 1o.000 millones hasta 2015 hasta rebajar al 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.

Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, justificando un modelo educativo ideológico que nos lleva de vuelta al sistema de enseñanza franquista. Por eso los sectores progresistas de este país y buena parte de la comunidad educativa han ofrecido suficientes razones al Ministro Wert para que retire este proyecto de reforma educativa.

1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.

2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.

3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo. Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.

En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.

5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.

6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.

7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”.

8. Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles.  Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.

9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.

10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, la ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.

Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.

11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.

Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.

12. Es una ley profundamente antidemocrática. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.

13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública.  Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.

13. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.

14. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.

En definitiva, esta ley lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos.

Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.

Por eso creemos que hay suficiente razones para exigir la retirada y devolución al gobierno de este proyecto de ley por ser una ley que expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas, promoviendo un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Es necesario la apertura de un período de estudio previo riguroso sobre las causas reales de los problemas de nuestro sistema educativo y un verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo que contribuya a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.

El talento de Mr. Wert

Publicado en El País

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común

El Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, ha conseguido, contra viento y marea y con la oposición de toda la comunidad educativa, llevar a trámite parlamentario su reforma educativa, que él ha denominado eufemísticamente “ley orgánica de mejora de la calidad educativa” (LOMCE). Y digo eufemísticamente, porque es un proyecto de ley que, en clara contradicción con el título que proclama, es una reforma profundamente clasista y segregadora.

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores según el “grado de talento” que alguien determine en un momento dado que un niño o una niña posee.

El término “talento”, infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, es un vocablo recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley. Se orienta en un sentido innato y selectivo, que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida, lo que falla es la capacidad para saber motivar y entusiasmar a las personas en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, en contra de toda evidencia científica, Mr. Wert, en el preámbulo de su proyecto de ley, afirma que “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para desarrollar una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades”.

Lo primero que habría que preguntarse es quién va a determinar el supuesto grado de talento que tiene un niño o niña y en función de qué criterios y parámetros. Con qué pruebas. En qué momento de su evolución y desarrollo. De hecho, la mayoría de expertos y expertas plantean que, en caso de poder diseñar ese tipo de pruebas que “midan” el talento, este modelo supondría una vuelta al denostado constructo de “coeficiente intelectual”, que ya la ciencia ha demostrado reiteradamente su inadecuación para captar la naturaleza cualitativa, multidimensional, en permanente desarrollo y no mensurable de la inteligencia humana. Además de que hace tiempo ya se han cuestionado las pruebas que se aplicaban para medirlo, pues suponen una visión cargada de prejuicios y distorsionada, que tiende a reflejar la cultura y las prioridades de la persona que las diseñó.

Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, o que unas personas tienen talento para llegar al nivel de educación obligatoria y otras personas tienen talento para seguir estudiando hasta el nivel universitario, o que algunas tienen talento sólo para trabajar en lo manual y otras tienen talento para dedicarse a labores intelectuales. Incluso, aunque así fuera, está sobradamente demostrado que es un prejuicio ideológico, marcado por una concepción clasista y segregadora, concebir que la educación no puede potenciar, modificar o desarrollar las capacidades o “talentos” de las personas. Considerar que la educación se debe reducir a “descubrir” el supuesto talento de cada persona y dedicarse a “clasificarlas” y colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado, es un claro prejuicio acientífico marcado por una ideología profundamente clasista. Porque detrás de esta búsqueda, etiquetamiento y clasificación de los supuestos “talentos diversos” lo que hay es una clara intención de colocar a unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo.

Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a las personas con diversidad psíquica o funcional no se las educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil y un despilfarro de recursos, pues no tenían “talentos aprovechables”. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos “talentos”, que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que afirma, en contra de la investigación y la experiencia en este campo profesional, que lo adecuado es clasificar a las personas para dar a cada una una vía diferente según el juicio que alguien determina en edades tempranas de los niños y niñas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar.

Ya hace más de dos décadas, Howard Gardner cambió la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples, afirmando que todos las personas tienen la capacidad de aprendizaje y de desarrollo potencial de su inteligencia, y que ésta no es algo unitario e inamovible, sino que es vista como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, para resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Lo mejor que tiene la propuesta de las inteligencias múltiples es que demuestra que todos y todas podemos y debemos desarrollar todas nuestras inteligencias puesto que todos poseemos, en mayor o menor medida, todas las inteligencias.

Lo que la escuela debe contribuir, por tanto, es a desarrollar la capacidad de entusiasmar a todos los jóvenes por el aprendizaje, proponiéndoles actividades y experiencias motivadoras y unos contenidos apasionantes que les adentren en la aventura emocionante de comprender la realidad y descubrir el saber. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar todas sus inteligencias múltiples y diversas hasta el máximo de sus potencialidades.

El talento de Mr. Wert lo que pretende, en definitiva, es excluir a una determinada parte de la población que ha sido incluida en el sistema educativo en los últimos treinta años. Para esto sí que tiene talento Mr. Wert. Para vendernos la segregación por “talentos”, utilizando algo fundamental en el campo educativo como es la atención a la diversidad. Por eso debemos decirle muy claramente al Ministro de Educación que atención a la diversidad, sí; segregación por “talentos”, no.

Capitalismo Mon Amour: Más allá de Wert

La reforma educativa del ministro Wert ha optado por convertir el “emprendimiento” en un programa estrella que se trabajará en todas las áreas en la ESO. Elimina los contenidos referidos a los derechos humanos y la igualdad de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, sustituyéndolos por la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor con su nueva asignatura Educación Cívica. Considera que no son apropiados los contenidos de la anterior asignatura, donde se analizaban las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, y ha optado así por eliminar cualquier alusión a los conflictos sociales y las desigualdades que se dan en nuestra sociedad.

A cambio extenderá por ley los programas de emprendedores que, desde infantil hasta bachillerato y FP, la mayor parte de las comunidades autónomas de gobiernos conservadores ya han puesto en funcionamiento. La ingente cantidad de recursos invertidos en estos programas están dando resultados. Así lo asegura el consejero de educación de Murcia que presentó un estudio según el cual la mitad del alumnado de la comunidad autónoma de la región de Murcia quiere ser empresario. Es más, el consejero quiere extender la formación empresarial a todo el profesorado para que los docentes puedan enseñar en valores emprendedores desde cualquier área del currículo. En Aragón se trata de realizar un proyecto de empresa viable con el apoyo de ocho talleres formativos en los que se enseña desde cómo detectar oportunidades de negocio hasta las herramientas de marketing online.

En Castilla y León se han volcado la Junta, los Ayuntamientos, las Diputaciones en promover este tipo de programas e iniciativas como el “Programa Educativo Pequeños emprendedores” cuyo hilo conductor es la “creación y gestión de una empresa escolar por parte de alumnos del tercer ciclo de primaria”. El programa oficial de la Junta, Educar para Emprender, con varios proyectos (Vitamina E y Aprende a Emprender) adaptados a cada etapa educativa de Primaria, ESO, Bachillerato y FP, se desarrolla con empresas y cámaras de comercio que incluso ya han elaborado materiales didácticos.

Uno de estos materiales, que el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha señalado su intención de introducir en los centros escolares, es el libro titulado Mi primer libro de Economía. Libro elaborado por una directora de la entidad financiera especializada en productos de inversión, “Inversis Banco”, que tiene entre su accionariado a Bankia. Este libro, subtitulado ¡ahorro e inversión!, no enseña a los niños y niñas a desentrañar las causas de esta crisis que pagamos el 99% de la ciudadanía para que puedan seguir enriqueciéndose ese 1% que se dedica a las finanzas especulativas. Este manual no habla de una economía al servicio del bien común. Parece que ya desde infantil se quiere enseñar a nuestros hijos e hijas a “invertir” en el mercado financiero, generando ya futuros “clientes cautivos” adiestrados en fondos de inversión, rentas variables y aquellos productos que venden estas entidades de especulación. Aprenderán a conocer a la “prima de riesgo”, el funcionamiento de la bolsa, el ciclo de la inversión. Normalizarán así estos contenidos, se entrenarán en estas destrezas y competencias y aprenderán los valores propios del mundo de la especulación y el pelotazo bursátil. Una gran inversión de futuro. Porque como explica la propia autora, el objetivo no es otro que “acercar la cultura financiera para que sea accesible a niños de entre cinco y ocho años de edad. El libro busca formar con una base sólida a los futuros consumidores y ahorradores”.

Por eso ya no nos extraña que el PP, ante las denuncias interpuestas por los Inspectores de Hacienda, acusando al gobierno de que su amnistía fiscal ha servido para blanquear dinero obtenido ilícitamente (el caso Bárcenas es el más conocido), ha presentado una iniciativa parlamentaria para que los niños y niñas reciban educación financiera y tributaria en los colegios. Parece como si el PP hubiera hallado la solución al fraude enseñando fiscalidad a los niños desde los 11 años e introduciendo “conocimientos tributarios” en el currículo educativo.

Pero si “conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos” figuraba en el temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, esta propuesta debe tener otra finalidad cuando se propone la eliminación de esta asignatura. Sostiene el PP que con esta formación cumplirán con Hacienda al ser mayores, y se evitará así la corrupción al conocer sus obligaciones fiscales. Pero para no defraudar no es necesario tener formación fiscal, sino moral. Porque, como dice Rosa Montero, enseñar trucos fiscales a los niños sólo conseguirá convertirlos en unos defraudadores más competentes.

La propuesta plantea que “los niños de entre 11 y 18 años podrán entender y familiarizarse con conceptos como el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca” para que puedan administrar “competentemente sus propios recursos”. De tal forma que, al final de la Educación Secundaria, puedan “gestionar competentemente este ámbito de sus vidas, alentando a los ciudadanos a invertir sus ahorros de forma eficiente”, reduciendo los riesgos de exclusión financiera, dice la Proposición no de Ley presentada por la diputada popular Matilde Asian. Esta diputada ha inventado un nuevo concepto: la exclusión financiera, de forma paralela a lo que es la exclusión social. Parece como si quien no invirtiera en la especulación, corriera el riesgo de ser un “excluido financiero”. Un riesgo que hay que prevenir cuanto antes, a través de la educación pública. No sólo formar a los niños y niñas para ser empresarios, sino para que sepan invertir en bolsa y no corran el riesgo de ser excluidos… de las finanzas.

Hemos pasado así de aquellas transversales de “educación para la igualdad”, “educación para la convivencia”, etc., a estas nuevas transversales de “educación para el beneficio” y “educación para la especulación”. ¿Acabaremos construyendo un país de empresarios especuladores? Ya lo decía la bruja Averías: ¡viva el mal, viva el capital!

De la fusión universitaria a la fisión académica

Desde 2011 el Gobierno central ha pasado a los autonómicos la exigencia de una reforma del “Mapa de Titulaciones universitarias”. La Junta ha decidido iniciar este mapa suprimiendo 12 titulaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León y fusionando otras muchas. Cerca de 50 carreras universitarias se ven afectadas en nuestra Comunidad por este nuevo recorte de la Junta de Castilla y León a lo público. Por supuesto, la Junta lo vende no como recorte, sino como “ordenación” o “racionalización”.

Es la nueva neolengua utilizada por el Partido Popular. Como en la famosa novela de George Orwell, 1984, donde malo se nombra como nobueno o terrible se convierte en doblemásnobueno. El objetivo de crear tal lengua era hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios de la neolengua.

Así el Consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, insiste en que esto no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y racionalizar. Es más, se toman estas medidas para salvar esas titulaciones. No sólo no las recorta, sino que las salva, según él. Es como si quisiera imitar a Humpty Dumpty , el personaje de la Alicia de Lewis Carroll que afirmaba con aire desdeñoso: “Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga”. En las ruedas de prensa, este nuevo mago del lenguaje, ha r ecalcado insistentemente que no está suprimiendo o quitando titulaciones, sino “modificándolas para impulsarlas y en el futuro incorporar nuevas”.

Porque con el nuevo Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Grado y Máster de la Junta, en la supresión de titulaciones habrá excepciones, como las titulaciones que la Junta considere «estratégicas» y aquellas con las que «se tendrán en cuenta otras cuestiones». La arbitrariedad está servida.

Por eso no es de extrañar ya los agravios comparativos que empiezan a proliferar entre los distintos campus de Castilla y León y que están haciendo que las diferentes Universidades de nuestra autonomía se enfrenten entre ellas acusándose de tratos de privilegio o de ser tratadas de forma diferente por la Consejería de Educación.

De esta forma nos encontramos que en unos casos se van a fusionar titulaciones mediante lo que el Consejero denomina “estilo candelabro”, mientras que otras tendrán que fusionarse pero sin candelabro; y, a su vez, otras se fusionarán como dobles titulaciones. Pero ésta es justamente la discusión en la que nos quiere meter, la Junta. Luchar y enfrentarnos entre las universidades por si a unas les dejan más que a otras, o si a algunas les obligan a hacer fusiones de un tipo o de otro. De esta forma ocultan la pregunta fundamental: por qué hay que fusionar titulaciones. A qué obedece de repente este afán y urgencia por eliminar titulaciones de las universidades públicas.

Porque estos recortes, como la mayoría de los recortes a los que nos quiere ir acostumbrando el PP, aunque los disfracen en la neolengua con argumentaciones de mejora de la calidad y de racionalización, no están basados en ningún estudio ni investigación contrastada. Son las ocurrencias y exigencias de recortes que se imponen a la comunidad universitaria. Ya lo han explicado claramente: «Si hay acuerdo maravilloso», pero que «si no lo hay» su departamento decidirá qué titulaciones se eliminan porque están «convencidos» de que es lo que tienen que hacer estos nuevos líderes de la empresa universitaria, olvidando el logro democrático y de acceso que supuso la extensión regional de la universidad.

Mientras, los estudiantes de nuestra comunidad se están marchando a Oviedo, a Galicia o a Francia que tienen universidades con tasas mucho más baratas. A la vez que otros muchos alumnos y alumnas se dan de baja en la matrícula de este curso por la brutal subida de tasas que ha establecido la Junta de Castilla y León. En esto sí que somos campeones. Hemos conseguido la medalla de bronce, porque somos la tercera Comunidad que más ha subido las tasas en las universidades públicas, encareciéndolas un 42%. No es de extrañar que el volumen de estudiantes matriculados se haya reducido un 14,6% en el comienzo de este curso. Pero con el recorte añadido de 50 millones de euros a las becas, que ha decretado el PP para este año, cientos de alumnos y alumnas están anulando sus matrículas estos días, cuando les viene denegada la beca que solicitaron. Es la tormenta perfecta. Nos quedamos sin alumnado por la subida de tasas, por el recorte de becas y obligando a estudiantes a que emigren; esto provoca que las Universidades Públicas se encuentren con titulaciones que se están quedando sin matrículas de alumnado; lo cual se aprovecha para recortar titulaciones porque se dice que no hay alumnado. Un admirable círculo vicioso que se convierte en la coartada perfecta para su recorte y eliminación.

Además, esta fusión de titulaciones supondrá recortes de profesorado, aunque lo nieguen, al haber menos carga lectiva. La actual normativa autoriza EREs (Expedientes de Regulación de empleo) a entidades y organismos públicos en situaciones de déficit y reducción de actividad. Y en universidades como las de Salamanca y Valladolid ya se ha eliminado profesorado asociado, reasignando la correspondiente docencia para completar la carga lectiva de los Departamentos.

Estamos pues en el punto de inicio de la fusión. Parece que avanzamos hacia el punto final de la fisión académica. Recortes de recursos, de titulaciones, de profesorado… Parece que están experimentando en nuestra Comunidad el punto de ebullición de la comunidad universitaria para ver hasta qué punto es capaz la Universidad pública de ser desmantelada sin protesta ni lucha. Porque el silencio de los rectores de nuestra Comunidad ante esta oleada de recortes es como el silencio de los corderos en el matadero, ya que alguno incluso alguno de ellos justifica la necesidad e inevitabilidad de los mismos. Ya se han olvidado de que son rectores de toda la Universidad, de todas las titulaciones y también de aquellas que tienen una función social, no sólo una rentabilidad económica.

Pero lo más sorprendente es que mientras se recortan las universidades públicas, crecen simultáneamente las universidades privadas (ya superan actualmente al número de públicas), y presionan al Consejero para “implantar nuevas titulaciones”. Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública y quienes se van a ver beneficiadas de este nuevo recorte en lo público. Una nueva privatización del sector público diseñada desde los organismos públicos de nuestra Comunidad a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía.

¿Es posible un pacto educativo? La nueva epifanía de la LOMCE

La educación es una materia siempre controvertida en cualquier política gubernamental pues conlleva una carga ideológica profunda respecto a la visión que transmitimos a las futuras generaciones de lo que se considera el patrimonio común y de cómo se ha de construir la sociedad y la civilización humana.

Por eso es tan radicalmente difícil llegar a un “pacto educativo” que concite concepciones tan diferentes sobre el ser humano y el tipo de ciudadanía y civilización que ha de construir para conseguir un mundo más justo y mejor. De hecho, desde los sectores conservadores y neoliberales ni siquiera se plantean que haya que construir un mundo más justo y mejor. Es más, en el fondo sigue latiendo el modelo tradicional que únicamente se renueva en la terminología con el “neolenguaje orwellino” inaugurado por el PP que habla de “ajustes” para evitar el término “recortes” o “centros de iniciativa social” para ocultar que se refiere a colegios privados.

El sector neoliberal sigue convencido de que unos (los suyos) sirven para estudiar y otros para trabajar. A éstos hay que derivarlos cuanto antes hacia el mercado laboral, pues atenta contra la eficacia dilapidar esfuerzos y recursos en quien no quiere o no puede aprovechar las oportunidades que se le dan, aquellos que más dificultades presentan en el proceso de aprendizaje. Esto es lo que ahora denominan “atender a los talentos” de cada uno. Por supuesto, sus hijos e hijas y los de su clase social son los que sirven para estudiar, los que tienen talento para el éxito escolar –aunque sea a base de pagar cientos de horas de clases particulares-, mientras que los otros lo tienen para el trabajo manual –los destinados a la formación profesional o a los itinerarios basura, vía para expulsarles cuanto antes a un mundo laboral de precariedad, temporalidad y rotación-.

El sector conservador, por su parte, garante de claros y firmes principios morales, aborrece materias que puedan adoctrinar a las futuras generaciones en valores tan poco recomendables como el reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual. No quieren hacer zozobrar a las futuras generaciones abordando contenidos tan controvertidos como las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, ni que haya alusiones a los conflictos sociales y las desigualdades de nuestra sociedad. Para ellos es clave recuperar los “valores de toda la vida”, como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza, el fomento del espíritu empresarial o la moralidad de los postulados de la iglesia católica que transmite la asignatura de religión católica, que esa sí debe estar en todos los centros como materia dura y evaluable desde educación infantil. Sólo así consideran saldrá una juventud formada y recta.

El sector neoliberal, que tiene una fe inquebrantable en la libre regulación del mercado y la desaparición del Estado (excepto cuando les tiene que rescatar), apuesta por externalizar los servicios educativos a sus empresas, privatizar la gestión de los centros educativos públicos o regalar el suelo público a sus empresas privadas para construir negocios educativos. Creen firmemente en su propio dogma: la gestión privada, que estimula la iniciativa espoleada por el lucro y la ganancia individual, gestiona mejor y de forma más eficiente que la gestión pública y común de los bienes y derechos colectivos. Es un mantra que a fuerza de repetir constantemente repiten reiteradamente ya ni siquiera cuestiona la “creativa” conducta de su santo patrono Díaz Ferrán, ni la “intachable” actuación de Lehman Brothers. Además, para el sector neoliberal, la proliferación de centros privados ofrece la oportunidad de excusarse en la “libertad de elección” para esconder su rechazo a educar a sus hijos con los que no son de la misma clase. Porque detrás de muchos argumentos a favor de la libre elección de centros privados subvencionados, más que fervor liberalizador, lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social.

El sector conservador que tradicionalmente abogaba por “la letra con sangre entra”, ahora lo traduce en la eufemísticamente denominada “cultura del esfuerzo”. Pero, en el fondo, sigue siendo la misma idea: cree profundamente en el esfuerzo y el sacrificio. Por supuesto, el “sacrificio de los otros”, pues hace mucho tiempo que inventó el concepto de “hipocresía”, sabiendo que era a los demás a quienes había que pedir que tuvieran una “vida ejemplar de sacrificios y esfuerzos”, mientras que los suyos sabían que tenían reservados toda clase de “placeres” si aparentaran rectitud y una vida “intachable”. Por eso no tienen ningún empaque en exigir que la educación se convierta en un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, transformando el apasionante acceso al conocimiento en un auténtico viacrucis. Para ellos es un sinsentido buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el aprendizaje. Hay que volver al tradicional modelo de enseñanza basado en la presión de los exámenes y las reválidas, frente a ese modelo educativo “liberal” centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Un viacrucis selectivo donde en cada estación vayan cayendo aquellos que no se sacrifican con suficiente entusiasmo en el ara del esfuerzo y la adaptación al sistema. Condenados por su propia falta de sacrificio. Culpables, al fin.

El sector neoliberal, por su parte, defiende con entusiasmo aplicar la teoría de la competitividad darwinista a la educación. Así los centros educativos tendrán que aprender a competir entre ellos, anunciando en el mercado de consumo su especialización y sus logros en los rankings que se publicitarán, como si de una liga de fútbol se tratase. Lógicamente los centros educativos sufrirán el denominado “efecto mateo”, aludiendo a la parábola de los talentos en el evangelio: aquellos centros que tienen mejores resultados, alcanzan la excelencia, se le dará más financiación y tendrán en abundancia, pero a los que no tienen buenos resultados y se encuentran con más dificultades, se les quitará aun lo poco que tienen. Es la ley del mercado. Aquellos “productos” más demandados son los que tenemos que reforzar y expandir su consumo. Sobrevivirán los más fuertes, los que mejor se adapten. Los centros tendrán que luchar y competir por estar en la parte más alta posible del ranking, dedicando el tiempo escolar de forma eficiente a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permita estar en primera división, no sea que las familias ya no les elijan y la financiación se recorte. Ya no se tratará de qué puede hacer el centro escolar por el alumno o alumna que entre en él, sino qué puede hacer el alumno o alumna por el centro escolar para que suba y no baje en el ranking. Lógicamente los mejores centros, en este modelo selectivo darwinista, tenderán a desembarazarse de aquel alumnado que pueda poner en peligro su clasificación en el ranking: alumnado con diversidad, de minorías o con dificultades de aprendizaje.

Este es el nuevo mundo, la nueva epifanía educativa, que nos anuncian neoliberales y neoconservadores en la actual LOMCE. ¿Es posible, por tanto, un pacto educativo?

No hay posibilidad de un pacto educativo al margen de ideologías. Toda concepción educativa, como hemos visto, conlleva una ideología. En esto está de acuerdo toda la comunidad científica internacional. Pero ¿hay mínimos básicos en los que incluso los sectores neoliberales y neoconservadores podrían compartir? Las veces que se ha intentado, la última con el anterior Ministro Gabilondo, lo que se constató es que sólo es posible hablar de pacto si se cede incluso en los mínimos básicos a sus postulados. Un ejemplo de ello fue que el propio Ministro acabó asumiendo que el Sistema Público Educativo debería integrar también el sector privado subvencionado con dinero público, algo que consagraba y establecía taxativamente como algo definitivo y en situación equiparable la doble red de centros públicos y privados-concertados (que fueron creados de forma provisional para llegar donde lo público no llegaba). No es de extrañar que en la actual LOMCE el PP avance aún más en este sentido y postule ya la subsidiariedad de lo público respecto a lo privado. Es decir, convierte la educación pública en subordinada y dependiente de la educación privada subvencionada, estableciendo que la programación de la educación obligatoria tendrá que tener en cuenta la oferta de centros privados concertados existente además de la demanda social. Se suprime así la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

Es, por lo tanto, muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren reducir el período de enseñanza obligatoria, excluyendo a una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc. Es muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren reformular el principio de gratuidad de un derecho social como es la educación mediante el repago, los cheques, la deducción fiscal, la subida de tasas, etc. Es muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada, mediante la equiparación de la privada subvencionada, la cesión de suelo público a empresas privadas, la explotación de centros públicos por negocios inmobiliarios, etc., etc.

Sólo sería posible un pacto educativo si los sectores neoconservadores y neoliberales, en vez de tratar de imponer a golpe de decreto medidas contra la evidencia empírica de que dispone la comunidad científica internacional, se avinieran a acordar unos mínimos, líneas rojas básicas acordadas ya hace tiempo entre los profesionales y expertos del mundo educativo.

La extensión, consolidación y reforzamiento de una red suficiente de centros de titularidad y gestión pública que garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho universal a la educación en todas las etapas educativas en condiciones de igualdad. Una apuesta por una educación plural y crítica, laica, participativa, coeducadora, intercultural, inclusiva, compensadora de las desigualdades sociales y gestionada democráticamente. Que busque la calidad manteniendo la equidad, garantizando el derecho de todos y todas a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente, sea cual sea su procedencia social o cultural. Que para ello, tenga recursos suficientes para atender de forma personalizada la diversidad del alumnado, lo cual implica una rebaja sustancial de ratios o de horas lectivas del profesorado, elementos que influyen poderosamente en las actuales tasas de abandono y fracaso escolar, como demuestran todos los estudios e investigaciones internacionales. Que conciba la evaluación como estrategia de mejora y no como mera “medida de resultados” del alumnado para establecer rankings o clasificaciones de centros. Una educación cuyos contenidos sean científicos y sirvan para el desarrollo humano, dejando las enseñanzas confesionales fuera del currículo y del horario lectivo. Con una formación profesional ampliada y equitativa de todas las familias profesionales, en función de su rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata de las empresas, no permitiendo prácticas que supongan convertir al alumnado en mano de obra barata. Diseñando una formación inicial que motive y fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo para convencer y de negociación para resolver conflictos. Con una gestión democrática y participada de forma efectiva por toda la comunidad educativa. Sin olvidar un modelo de Universidad pública que no está supeditada exclusivamente a los intereses del mercado; donde la transferencia del conocimiento tecnológico financiado públicamente sea de dominio y servicio público; con una gestión democrática y participativa y con una financiación pública suficiente para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio, que permita el acceso sin discriminación social.

Estos mínimos si se quieren pactar conllevarían inevitablemente una ley de financiación del sistema educativo, que garantizara la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, asegurando que se alcanzara el 7% del PIB en gasto público educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. El problema es que la Ley de Wert va justamente en dirección opuesta.

Por qué iré a la huelga general el 14 de noviembre

Participaré en la Huelga General y de movilización ciudadana del 14N, que también se hará en Malta, Chipre, Portugal, Italia y Grecia porque no quiero que mi silencio no sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo el Gobierno del PP, siguiendo los dictados de la Troika.

Yo participaré en esta huelga general para alzar mi voz y luchar contra unos recortes que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los derechos sociales y laborales que nos quedaban tras las reformas laborales del PP y del PSOE, mientras se mantienen unas políticas que sólo benefician a las clases sociales más pudientes.

En educación han recortado el presupuesto de la pública en más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.

En sanidad han eliminado la universalidad, abriendo la puerta a la exclusión en la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, dejando de ser la salud un derecho para convertirse en un privilegio. Han establecido el re-pago sanitario en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas de personal en todos los hospitales públicos y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.

Han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.

Han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren retrotraer la ley del aborto al año 85 cuando abortar era un delito en cualquier supuesto y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas contrarias a las libertades públicas propias de una dictadura militar, estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero si alguien lo graba y lo difunde sí que lo es; que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado implica hasta seis meses de prisión. Protestar por ello, interrumpiendo el transporte público, puede conllevar hasta dos años de prisión y si además te “resistes” a la autoridad en una protesta, hasta cuatro años de prisión. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero convocar manifestaciones para denunciar que el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral puede acarrear hasta un año de prisión. Están provocando así un deterioro de la calidad de nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles, imponiendo censuras que nos retrotraen a épocas preconstitucionales.

Han diseñado políticas basadas en la reducción del déficit, pactado constitucionalmente por PP y PSOE, que han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad…) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se producen 512 procedimientos de desahucio al día.

Han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y han congelado el IPREM (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los funcionarios les han recortado un 30% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años.

Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las sociosanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales cuyas consecuencias anticipan una sociedad cada vez más descohesionada y fracturada.

Mientras, han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses. Mientras, han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica. Mientras, mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas y deja que tributen al 1% con las SICAV. Mientras, les ha bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas. Mientras, los accionistas de las empresas españolas gestoras del Banco Malo tributaran un 5% menos de lo que les corresponde y el capital extranjero que participe del Banco Malo no pagará impuestos en el Estado Español. Mientras, no quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la actual situación de crisis, así como a quienes debían vigilar las actividades financieras y bancarias y permitieron que el expolio se prolongase durante años.

Por todas estas razones yo participaré en esta huelga general política. Porque claro que es una huelga política. Porque queremos que otra política sea posible. Una política que no permita este saqueo de lo público y que no haga cargar las consecuencias de una crisis organizada por los banqueros y las multinacionales, el 1%, a costa de las espaldas de la ciudadanía, el 99%.

Porque este sistema político y económico es injusto, es un saqueo de los bienes públicos al servicio de los capitales y no de las personas y del bien común. Por eso yo estaré el 14N apoyando y participando en los diferentes actos programados para ese día y no consumiendo tampoco, porque el 14N es también una Jornada de Lucha Ciudadana en la que exigimos otra política, porque hay soluciones justas y alternativas para salir de esta crisis social.

Sólo habrá educación para el que la pague

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan todavía más el presupuesto destinado a educación que los brutales recortes de los presupuestos del 2012 y tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la Ocde en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos del 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Lo cual ha ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado y brutal reducción de plantillas, mientras que estos presupuestos del 2013 mantienen intacto el número de altos cargos en la Administración).

El presupuesto de Educación para 2013 cae en otros 236 millones de euros. Las partidas destinadas a Educación en los PGE para el ejercicio 2013, ascienden a 1.944,73 millones de euros, un 14,4% menos que en el ejercicio anterior, que se destinaron 2.270,90 millones de euros. Esta reducción está muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios: un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio.

Se recortan 50 millones menos para becas y ayudas al estudio. Lo sorprendente han sido las declaraciones del gobierno, afirmando que ha aumentado la ayuda a los estudiantes en los presupuestos generales del 2013. Los datos demuestran que se ha reducido un 3.8% (sólo sube un tipo de ellas y en una cantidad ridícula: 23 millones, que corresponden a la compensación a las universidades por las matrículas gratuitas).

Se aplica un recorte brutal en Educación Especial y Compensatoria. Los programas de atención al alumnado con necesidades especiales (13,5 millones de euros) han desaparecido y Educación Compensatoria pasa de 169,8 a 53,3 millones, recortándose un 68.5%

Han recortado también en programas fundamentales: el programa de deporte en edad escolar y en la universidad, que disminuye un 86,1%; el de enseñanzas artísticas, con una reducción del 27,2%; el de cooperación, promoción y difusión cultural, con un descenso del 24,3%; y el de formación permanente del profesorado, con un 18,2%. Los programas de educación en el exterior, con un recorte del 7,8%; las transferencias internas, que se recortan el 5,5%, y el programa de Educación Infantil y Primaria que, tras el recorte del 36,5% de este año, se recorta aún más con otro -4,4%.

Más recortes aún en los programas en Universidad e I+D+i: se recortan un 18,2% y el 14,4% en la investigación científica, a pesar de que el Gobierno esté diciendo lo contrario.

Desaparecen multitud de programas: 1) educación permanente y a distancia no universitaria, 2) nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 3) el destinado a la investigación y evaluación educativas, 4) los programas de cooperación con las comunidades autónomas. Incluso en estos presupuestos parece que hay un claro ataque a las enseñanzas artísticas, con un recorte del 27,2%, lo cual se relaciona con la arbitraria eliminación del Bachillerato de artes escénicas en el Anteproyecto de Ley de Reforma de Wert.

Se recorta también el 38,3% en Educación Secundaria y Formación Profesional, que pasa de 175,8 a 108,5 millones de euros, lo que afecta esencialmente a la Educación pública en Ceuta y Melilla, cuyas competencias ejerce el propio Ministerio.

Además, los nuevos presupuestos introducen por tercer año consecutivo otra congelación salarial para los funcionarios docentes que, sumada a los recortes que han padecido desde mayo del 2010, a las congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del IRPF, suponen ya una merma de retribuciones superior al 20% de media, lo que vuelve a situar a la profesión docente entre las más castigadas por la crisis económica, ya que a la reducción en sus retribuciones se suma la enorme supresión de plazas de personal, junto al ataque a derechos laborales consolidados.

En conclusión podemos constatar que si en el 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi de 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en el 2013 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Por eso la comunidad educativa nos preguntamos: ¿Cómo se puede mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso escolar, mientras se reduce drásticamente la inversión y se ataca a los docentes? Quizá la pregunta correcta sería: ¿Lo que se busca no será precisamente eso: degradar la Educación pública y promover el negocio educativo? La respuesta está en los datos.

Quizá habría que recordar al gobierno aquel viejo refrán que decía «dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón». En este caso habría que traducirlo por dinos dónde pones nuestro dinero –parece que lo destina a rescatar a los bancos causantes de esta crisis- y te diré que tus declaraciones «de corazón» sobre la importancia de la educación son, a los datos nos remitimos, mentira.