La UCAM: Torres & Silván, promotores S.A.

Enrique Javier Díez Gutiérrez (Educación), Julio Abad González (Económicas), Mari Paz Castro González (Enfermería), Héctor Alaiz Moretón (Ingeniería), Carmen Acedo Casado (Biológicas), José Manuel Díez Modino (Económicas), Ana Pardo Fanjul (Económicas), Luis Buendía García (Económicas), Luzdivina Vila Fidalgo (Veterinaria), Alfonso Frontaura Galán (Filosofía), María Jesús Pisabarro Manteca (Matemáticas). Profesores y Personal de la Universidad de León

Si es de sabios y de sabias rectificar y no persistir en el error, parece que no podemos situar en esa categoría a Antonio Silván y Margarita Torres, dado su afán de persistir empecinadamente en el yerro, incluso a sabiendas de que mantenerlo causará un daño difícilmente reparable.

El alcalde y su teniente alcalde, ambos del PP de León, se han metido a promotores de un negocio universitario privado ligado a una organización ultracatólica, con el argumento reiterado hasta la saciedad de que se crea empleo.

Este argumento de la creación de empleo, en el que insisten Torres y Silván, es especialmente torticero y sangrante, en un contexto de crisis y paro, ya que es una falacia afirmar que con 2.500 estudiantes se crearían 100 puestos de trabajo, cuando la ratio de las universidades privadas es de menos de un puesto de trabajo por cada 100 estudiantes, por lo que, en todo caso, serían 25 los empleos creados. Nada que ver con el empleo que crea una empresa como FASA-Renault, con la que tan frecuentemente se la compara. Como tampoco se habla de los puestos de trabajo actualmente existentes en la Universidad de León (ULE) que podrían desaparecer como consecuencia de la duplicidad de titulaciones entre ambas instituciones (recordemos que los Grados de Enfermería y en Fisioterapia que, según parece, se quieren impartir desde la UCAM son titulaciones que se imparten en la ULE en la actualidad). Es decir, lo que traería es destrucción de empleo público y estable en la Universidad de León, creando unos pocos empleos precarios.

Si el señor Silván y la señora Torres tienen tanto interés en crear empleo en León, que reclamen al gobierno central, que es de su partido, la eliminación de la tasa de reposición que ha provocado la pérdida de más de 200 puestos de trabajo en la Universidad de León. Y que reclamen igualmente a la Junta de Castilla y León, que también gobierna su partido, una financiación digna para la ULE, sin la tacañería que históricamente viene aplicando a nuestra universidad a pesar de que estamos en la Comunidad Autónoma en la que nuestros estudiantes pagan las terceras tasas más caras del país.

En cuanto a traer riqueza a León, que no se equivoque la concejala, solo iría para el promotor de este negocio universitario privado, a costa de los estudiantes leoneses, a quienes sangrarían con las elevadísimas matrículas de este tipo de “universidades” privadas.

Como representantes públicos elegidos en el Ayuntamiento de León, el alcalde y su teniente alcalde, Margarita Torres, que, además, es profesora titular de la universidad leonesa, deberían velar por la gestión pública para la que fueron elegidos y el bien común de la ciudadanía. Es más, debería ser cesada de inmediato esta concejala una vez que se convierte en promotora de negocios privados que compiten deslealmente con instituciones públicas y pretende convertir en fuente de beneficios para sus accionistas un derecho como es la Educación Superior. Pero no parece que, a tenor de los hechos, los principios del bien común y la defensa de los derechos básicos sean los que estén guiando su actuación en este tema.

Es necesario recordar que la implantación de una nueva universidad privada debe responder a uno de los tres motivos que la legislación actual establece: demanda por razón de mayor población estudiantil, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Respecto del primer punto, las proyecciones demográficas para los próximos años hacen previsible que continúe la reducción de la población potencialmente universitaria en la provincia de León y en las provincias limítrofes, fenómeno que ya se ha venido reflejando en los últimos años en un declive del número de alumnado de la ULE. En cuanto al segundo y tercer punto, la supuesta oferta de titulaciones a implantar no responde a ningún avance científico o nueva necesidad profesional puesto que se duplican unos estudios que ya existen y están totalmente consolidados en número de alumnado, formación y alto nivel de cualificación del profesorado, todo ello en un contexto en el que actualmente hay más de 400 profesionales de este sector en el paro y en una comunidad en la que en la práctica totalidad de las provincias hay facultades de Enfermería.

Por lo tanto, el motivo fundamental del negocio privado, como suele suceder en estos casos, es el ánimo de lucro y el aumento del beneficio de sus accionistas de la mano de esta profesora y teniente alcalde, que pretende traer a León más empleo precario y explotación laboral y riqueza para el negocio de este señor a costa de los estudiantes leoneses que se pudieran pagar los precios prohibitivos que tienen este tipo de titulaciones privadas, con el riesgo agravado de que en el futuro la Junta de Castilla y León reduzca la financiación de las facultades públicas con el pretexto de que existen las privadas. Es necesario más empleo, pero en la Universidad de León y en condiciones dignas y estables. Desde el año 1997, la voluntad política del bipartidismo ha sido autorizar cada año la creación de una nueva universidad privada, mientras no se creaba ningún campus público en todo el territorio del Estado.

Es impresentable, como ha denunciado buena parte de la sociedad, que teniendo León una universidad de titularidad pública, desde el gobierno municipal se facilite y se promocione el desembarco de un negocio universitario de titularidad privada y de dudoso lustre académico. No hay más que ver las denuncias de su propio profesorado por la precariedad y explotación laboral que sufren desde hace tiempo y su empeoramiento progresivo, pese a las ganancias de que se presume y el alarde de donaciones multimillonarias al Estado vaticano. Declarando que la precariedad laboral docente es una de las señas de identidad que definen a este “centro docente privado no eclesial con afán de lucro”.

El profesorado afectado de esta entidad llega a afirmar que “el ultraliberalismo de esta institución, unido a la homofobia y el machismo que rezuman sus paredes, la convierten en un referente en lo relativo a prácticas opresoras” y en “una institución de enseñanza superior que cada vez ofrece un peor nivel de formación”, “abocando a la institución a confirmar su ya de por sí mala fama: una universidad donde comprar el título”.

¿Es esto lo que promocionan Antonio Silván y Margarita Torres? ¿Un puro negocio privado y personal que parece estar siendo investigado por la Fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades urbanísticas y por delito contra el Patrimonio en Murcia, y cuyas donaciones al Vaticano en las últimas dos décadas (más de treinta millones de euros) ahora también se investigan por orden del Papa Francisco? ¿Una extensión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que ya fue vetada en Andorra el curso pasado, a donde llegó ofreciendo una Facultad de Medicina, con estudios también en Fisioterapia y Odontología, y con la titulación de Ciencias del Deporte? ¿Una entidad acusada de venta de títulos universitarios por el Ministerio de Educación italiano ante la Comisión Europea? Denuncias recogidas por medios de comunicación nacionales e internacionales.

Ciertamente queremos que León sea un polo de desarrollo social, económico y cultural, pero no así. La Educación Superior es un derecho que debe ser garantizado a los estudiantes y no convertirla en un espacio para la obtención de beneficios privados.

 

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Des-concierto: Suprimir los conciertos educativos

Marea Verde de León por la Escuela Pública y Laica: Eloina Terrón Bañuelos (Izquierda Unida), Encina Gutiérrez Ibán (Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (Flora Tristán) Obdulia Díez Álvarez (León Laica), Javier Macho Partida (Podemos), Jean Pierre Lohrer (Anticapitalistas), Pablo Fuertes (Liga Estudiantil Universitaria) y Claudia Vidal (CENU)

Inmersos en el proceso del Pacto Educativo en el Parlamento, la comunidad educativa junto a más de treinta colectivos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas hemos consensuado a lo largo de tres años una alternativa compartida que sirva de base para un auténtico Acuerdo Social y Político que pueda dar estabilidad y equidad al sistema educativo por generaciones.

Uno de los ejes básicos que debe suscribir un Pacto Educativo que realmente garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, es una red única de centros de titularidad y gestión pública, puesto que es la única que asegura una educación inclusiva y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales contribuyendo a asegurar la equidad y la cohesión social.

Una red pública que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años, en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho de todos y todas a la educación, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial. Ello conlleva, en primer lugar, reconocer el carácter estrictamente subsidiario de la enseñanza concertada; así como iniciar el proceso para la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, eliminando de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El sistema de conciertos educativos se planteó inicialmente como una medida transitoria, como complemento a la red pública, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años 80, cuando se universalizó el derecho a la educación. Actualmente, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas de una determinada corriente neoliberal muy extendida, ligada al supuesto derecho de selección de centro, que en ningún caso está reconocido como tal en la legislación vigente, y mucho menos que ejercer esa elección deba ser a costa del erario público.

Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales”. Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar fondos públicos a financiar opciones privadas. Máxime cuando se están concertando unidades en zonas donde se cierran unidades públicas preexistentes. Parece claro que obligar al Estado a distribuir sus escasos recursos económicos con los colegios privados es la mejor estrategia para acabar con los públicos.

El dinero público dedicado a la educación concertada ha subido en España un 43% en una década y ya supera los 5.700 millones anuales. Los colegios privados subvencionados recibieron en 2014 un total de 5.769 millones, 1.744 más que en 2004. Pero esto se incrementa sustancialmente en comunidades autónomas gobernadas por conservadores o neoliberales, donde hay un progresivo desvío del dinero público a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiación a la educación pública. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,4% en todo el país, en algunas de las comunidades donde han gobernado o gobiernan partidos conservadores el porcentaje supera ya ampliamente el 50% (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). En Castilla y León, las políticas de los últimos 15 años del Partido Popular evidencian la apuesta por adelgazar la pública (un 4,6%) y aumentar la concertada (un 6,2%), llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este período.

De esta forma no sólo se han recortado 9.000 millones de euros a la educación pública, sino que buena parte de los recursos públicos destinados a educación se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen concertado.

Se produce así un proceso continuado de privatización silenciosa del sistema educativo, a través de esta “privatización blanda” y gradual mediante el mantenimiento y consolidación de los conciertos. Actualmente se ha alcanzado una situación en la que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema ideológico y doctrinal consolidado y con gran poder.

España constituye al respecto una anomalía dentro del panorama europeo. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, Italia o Finlandia, entre otros), según datos de la OCDE de 2011, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Se está acabando así con un sistema público de calidad, como eje vertebrador del sistema educativo, convirtiéndolo en un sistema subsidiario de una enseñanza privada, y cuya función sería la formación de los sectores sociales desfavorecidos y sin un futuro académico brillante. Consolidar esta doble red (pública/concertada) supone admitir el primer y más importante mecanismo de segregación social del sistema educativo. Supone también renunciar al concepto de enseñanza como bien público al que se debe acceder digna, universal y gratuitamente.

Debemos recuperar el sentido básico de la educación, que no es otro que procurar el mayor desarrollo educativo de todos y de todas y no el de unos pocos. Buscar la mejora de todas las escuelas públicas, en vez de incitar a seleccionar y competir pensando en la mejor “inversión para el mío”, olvidando que la educación es un bien común y un derecho para todos y todas. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a una buena educación que tienen todas las personas. Y sólo la escuela pública puede garantizar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y convivencia democrática a todas las personas con distintas procedencias socio-culturales, especialmente a quienes menos posibilidades tienen de obtenerla de otra forma, respetando el derecho de cada uno y cada una a lograr el nivel máximo de formación y educando en un proyecto común de ciudadanía; y por ello, reiteramos que es la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social. Además de ser la única que se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.

De ahí que éste debe ser un punto esencial del Pacto Educativo. Lo cual supondría amplios beneficios para la sociedad en forma de cohesión social, pero también para el profesorado y el personal educativo de estos centros que verían mejoradas sus condiciones laborales; y también para las familias, a quienes se garantizaría un modelo educativo inclusivo y adecuado para todos los niños y niñas, sin tener que recurrir además a un re-pago educativo. Ya existen antecedentes de este hecho. Solo hace falta voluntad política. Esperemos que esta voluntad se plasme realmente en el futuro Pacto Educativo, como así deseamos los colectivos integrantes de las Redes por una Nueva Política Educativa.

Apostasía

“La verdad os hará libres”. Por eso pedimos a la jerarquía católica, que en aras de la verdad y de la libertad, facilite como en Finlandia tramitar el derecho de apostasía por Internet. Es decir, que toda persona, en el ejercicio de su derecho a la libertad de culto, que recoge la Constitución Española y los derechos humanos, pueda dejar constancia con total libertad que no quiere formar parte de esta organización y no quiere que ésta utilice su pertenencia para sus fines.

La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas se aprovechan de una tradición secular, como es la celebración de los nacimientos, para incrementar de forma ilegítima su implantación social. En la mayoría de nuestra geografía, especialmente en zonas rurales, sigue estando mal visto no bautizar a un recién nacido. Pero el bautizo católico no es una simple celebración, es un “sacramento” que presupone el ingreso del recién nacido en una comunidad religiosa.

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizados les mantiene como parte del “colectivo” católico.

La apostasía es el acto de darse de baja de la Iglesia Católica. Implica que se deje constancia, en los registros, que no formamos parte de esta organización. La apostasía sería una especie de “desbautismo”. Con la apostasía nadie renuncia a creer en lo que cada persona quiera, sea Jesús de Nazaret o que hay una divinidad, sino que deja constancia únicamente que no quiere pertenecer a la organización de la Iglesia Católica y no quiere que ésta se aproveche de su pertenencia para sus intereses.

Apostatar es un derecho que tiene cualquier católico en base a la libertad de culto que recoge la Constitución Española y, como tal, se puede ejercer con total libertad. Solo afecta a su condición de católico o no católico. No supone ningún ataque a la Iglesia. Respecto a la Iglesia, el efecto es solo estadístico, ya que pierden un adepto. Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, estipula que “nadie puede ser obligado a constituir una asociación o a permanecer en su seno”. Incluso el propio Código Canónico señala en sus cánones 1.086 y 1.024 que la apostasía se debe realizar mediante acto formal. De ello se desprende que apostatar no es algo inventado, sino que son la propia Iglesia Católica y nuestra Constitución las que regulan dicho acto.

Actualmente la Iglesia católica intenta poner trabas para apostatar, dependiendo claro está del obispado/arzobispado que te toque. No es como en Finlandia, por ejemplo, donde te facilitan tramitar la apostasía por Internet. Para hacerlo en España se tiene que rellenar una carta en la que se exprese que “me sea reconocida por la Iglesia Católica la condición de apóstata, dejando de contarme entre sus fieles y de considerarme católico a todos los efectos —incluso estadísticos—, e incluyendo la correspondiente anotación de apostasía en el Libro de Bautismos, el Archivo Histórico Diocesano y en cualesquiera otros registros eclesiásticos existentes. Asimismo, que me sea comunicada por escrito la resolución tomada con respecto a la presente petición”. Esta carta se envía, por correo certificado, a la sede de la diócesis a la que pertenezca el lugar de tu residencia, indicando en el exterior del sobre “Referencia: apostasía” y adjuntando una fotocopia del DNI.

Habitualmente la Iglesia te envía una declaración de abandono y escribe una nota marginal en tu partida de bautismo para indicar que has apostatado. No obstante, es recomendable acudir, un mes después de enviar la solicitud, a la parroquia donde se recibió el bautismo y comprobar si en el margen de observaciones (datos marginales) han anotado nuestra voluntad de apostatar.

La única consecuencia es ésta, que en la partida bautismal ponen una nota que hace constar que dejas de pertenecer a la Iglesia al rechazar la fe católica. Pasando a formar parte de la mayoría de la población en la que, según los datos del CIS, la proporción de católicos practicantes (23%) es muy inferior a la de ateos, agnósticos y católicos no practicantes (77%). Por lo demás, seguirás siendo la misma persona, ni mejor ni peor, aunque quizá más coherente con tus creencias. Pero hay que tener en cuenta que apostatar no equivale a ser una persona atea. También hay creyentes que apostatan porque, a pesar de creer en dios, no siguen los preceptos del catolicismo moderno. Es como el que anula su afiliación a un partido político que le defrauda: no por ello la persona deja de lado su ideología.

Hay suficientes razones para apostatar:

– No ser creyente: a muchos les bautizaron al nacer sin su consentimiento y ya como personas adultas no sienten atadura alguna a la religión o a la iglesia.

– Creer en dios de manera libre sin sentir ataduras hacia la institución de la Iglesia.

– Ideología ultraconservadora de la Iglesia: su posición extremista respecto a temas como el aborto, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, la abstinencia u otros preceptos implica que la ciudadanía se sienta cada vez más alejada de esta institución. También es sexista y patriarcal, y mantiene una ideología política que no comparten.

– Privilegios de la Iglesia: no estar de acuerdo con los privilegios jurídicos y fiscales que el Estado confiere a la Iglesia también es motivo para muchos para desligarse de dicha institución. La financiación de la Iglesia por parte del Estado que supone una sangría a los recursos públicos de 11.000 millones de euros anuales. Además, la Iglesia está exenta de pagar el IBI de sus inmuebles, se ha apropiado de más de 4.000 bienes públicos (como la Mezquita de Córdoba) gracias a las inmatriculaciones, cuenta con el privilegio de tener una casilla propia en la declaración de la renta y recibe millones de euros por los conciertos con centros educativos religiosos, por nombrar unos cuantos privilegios.

– Los escándalos públicos que sacuden a la Iglesia: los abusos sexuales a niños por parte de curas ya son de sobra conocidos y constituyen el ejemplo más sangrante, pero no es el único. En el seno de la Iglesia Católica ha habido casos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos, de robo de bebés por parte de monjas, de maltratos físicos a niños y un larguísimo etcétera. Están todos a un golpe de ratón.

Por eso apostatar es para esta parte de la ciudadanía que comparte algunas de estas razones la opción lógica y coherente para acabar con los lazos que les unen a la Iglesia Católica. Para que estas personas puedan regularizar su situación y evitar que ninguna confesión religiosa obtenga provecho de su pertenencia impuesta, es posible ejercer el legítimo derecho a la apostasía por coherencia con las propias convicciones. Para la Iglesia Católica todo bautizado es católico y está de acuerdo con sus doctrinas, y por lo tanto utiliza la cifra de bautizados (muy alta porque el bautismo se transformó en una cuestión cultural) para imponer sus puntos de vista en la legislación. Si estás bautizado, no importa cuán crítico seas de la institución católica. La jerarquía católica en tu nombre condena la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, la homosexualidad, boicotea los intentos del estado por generar una política de educación sexual, condena y se opone al uso y reparto de anticonceptivos, al divorcio. En nombre tuyo intenta censurar expresiones artísticas y gracias a tenerte entre sus integrantes, se asegura que el estado la sostenga y le otorgue privilegios especiales.

Es hora de que la iglesia católica practique aquello que predica: “la verdad os hará libres”.

 

Religión fuera de las aulas

Marea Verde de León por la Escuela Pública y Laica: Obdulia Díez Álvarez (León Laica), Enrique Díez Gutiérrez (Izquierda Unida), Encina Gutiérrez Ibán (Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (Flora Tristán) y Ana Para Carmuega (Podemos)

El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.

De hecho, segregar al alumnado en la escuela, en función de las convicciones personales de sus familias, es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia. Además, que al agrupar a las niñas y a los niños en función de las creencias se les impide convivir y conocerse, de donde nace el afecto y la solidaridad.

La Religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica la religión católica.

Lo que nos preguntamos es por qué el empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis. Porque es indudable que el currículum de la enseñanza de la religión católica, establecido por la conferencia episcopal, que es quien tiene la competencia, y centrado en dogmas religiosos, convierte la clase de religión en catequesis.

Además de cuestionarnos la constitucionalidad de algunas de las enseñanzas que promueve este currículum impuesto por la jerarquía católica que entran en franca contradicción con la razón, la ciencia y con derechos humanos, y especialmente doctrinas que atentan contra la libertad de orientación sexual o la igualdad y la libertad de las mujeres. No tenemos más que mirar los libros de texto aprobados para esa asignatura.

Por eso, como muy bien dice la profesora de religión Marta Redondo, en una tribuna anterior de este periódico, “dejemos a las ciudadanas y ciudadanos en su madurez política decidir en libertad sin imponerles un pensamiento único”, como es el católico, a través de una asignatura específica, la religión católica. Asignatura cuya imposición solo se puede explicar si lo que busca es, más bien, reclutar fieles adeptos a su secta. Aunque realmente lo que acaba generando es más bien rechazo y aversión a una posible experiencia religiosa, que podría ser enriquecedora como forma de vida personal elegida libremente.

Ciertamente, desde que el PP impuso la LOMCE se ha producido un incremento del alumnado de Bachillerato en la clase de religión católica. Pero esto no ha sido por una elección libre, sino que es debido a que esta ley educativa neoconservadora establece que esta materia cuente para la nota media. Por lo cual, dada la facilidad con que se suele obtener una alta calificación en la misma, cursarla permite subir el expediente académico global. Esto explica ese aumento, aunque el número total de alumnado que cursa la asignatura disminuyó un 0,5% desde el curso pasado.

No podemos argumentar la necesidad de imponer el aprendizaje de una serie de dogmas y creencias particulares basándonos en que nuestra base cultural es judeo-cristiana, como exponía la profesora religiosa, Marta Redondo. Nuestra base cultural es profundamente mestiza. Solo una visión etnocéntrica y colonial consideraría que “nuestra base cultural no es otra que la judeo-cristiana”. Hay que salir del marco de intolerancia y desprecio hacia otras muchas experiencias culturales que han ido conformando nuestra base cultural a lo largo de la historia. Somos una cultura mestiza conformada por retazos de muy diversas culturas como la árabe, la griega, la celta, también la judeo-cristiana y tantas otras que han ido construyendo y enriqueciendo nuestra visión y nuestro mundo.

La presencia de una religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad. Y no se trata sólo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad ahora existente, sino de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún Dios. No pedimos que haya una asignatura evaluable de ateísmo desde infantil, ni que como alternativa para quienes no quieran cursar “ateísmo científico” se imparta agnosticismo. Lo que sí pedimos es que las personas creyentes, las ateas y las agnósticas que optan por vivir en la privacidad sus propias creencias, sean respetadas en la escuela para favorecer la convivencia social. Los símbolos de cualquier religión y la clase de cualquier religión en la escuela son un obstáculo para la buena convivencia escolar.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. La escuela es un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Entendemos que una profesora de religión defienda su puesto de trabajo y a quien le da de comer. Pues hemos podido comprobar que en el momento que no siguen los dogmas estrictamente que les marcan, divorciándose o siendo gay, por ejemplo, les echan sin contemplaciones. Pero no puede olvidar que su sueldo no se lo pagan los obispos, sino que es a costa de los impuestos de todas las personas contribuyentes de este país, sean creyentes, ateas, agnósticas o librepensadoras. Pagamos 680 millones de euros al año, con los que se están dejando de contratar a miles de profesoras y profesores interinos.

Este “profesorado”, son más bien catequistas, que, sin tener, en muchos casos, ninguna titulación educativa que los habilite como tales, y sin haber pasado por ninguna oposición, en donde concursaran en igualdad, mérito y capacidad, son designados por el Obispo de su zona para impartir clases de religión en los colegios públicos, cobrando como una profesora o un profesor que ha cursado una carrera y aprobado una oposición.

Más de quince mil verdaderos “delegados diocesanos” designados por los Obispos, figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, no se limitan a impartir catecismo a los escolares que asisten a religión, sino que suelen hacer proselitismo católico (en ocasiones muy integrista y en contra de leyes civiles), participan de los debates en los claustros y en el Consejo Escolar, en función de su “disponibilidad horaria” se organiza el horario docente del resto del claustro, imparten otras asignaturas “afines” e incluso, con la LOMCE, pueden ser designados como directores o directoras en la Escuela de titularidad Pública, con el consiguiente incentivo económico añadido.

Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes.

UN PACTO POR LA ESCUELA PÚBLICA CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Loles Dolz y Enrique Díez. Área Federal de Educación de IU

Otra educación es posible, y necesaria

 

¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA?

Hace tiempo que se viene planteando por amplios sectores de la sociedad la necesidad de un “Pacto Educativo” que dé estabilidad a nuestro sistema de enseñanza y que asegure una educación pública de calidad en condiciones de igualdad y democracia.

Esta demanda social se ha convertido en clamor tras la aprobación de la LOMCE en la anterior legislatura, sin otro pretexto que el rodillo parlamentario del PP, entonces con mayoría absoluta. En efecto, la LOMCE y su improvisada aplicación han batido récord de rechazos. La inmensa mayoría de la comunidad educativa, junto a todos los partidos de la oposición y buena parte de los gobiernos autonómicos -incluidos algunos del PP- han venido mostrando su discrepancia (total o parcial) con esa nefasta ley de educación.

IU, desde el día después de la aprobación de la LOMCE, se dirigió a múltiples organizaciones y colectivos del ámbito escolar para invitarles a elaborar colectivamente una alternativa compartida a la LOMCE que diese respuesta a los auténticos problemas y necesidades de nuestro sistema educativo.

Durante dos largos años, amplios sectores del mundo de la educación han venido trabajando intensamente para lograr un Acuerdo Social y Político surgido de la propia comunidad educativa, con el objetivo de plantear conjuntamente una alternativa consensuada que sirva de base para una nueva Ley de Educación y que pueda ofrecer estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones.

El resultado de este trabajo ha sido el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político, que debería servir de base en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar el Pacto Educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la hora de concretar los contenidos de dicho Pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios, como la Iglesia Católica, o tienen intereses económicos que defender.

Han participado y aprobado dicho documento más de 20 colectivos del ámbito educativo, además de los sindicatos más representativos del profesorado, organizaciones de estudiantes, Ceapa y partidos políticos[1]. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que deseamos y necesitamos. Sólo por eso tendría que ser un referente ineludible en el pretendido Pacto por la educación que ahora vuelve a estar sobre la mesa.

Y justo eso es lo que pretendemos desde IU con esta campaña: difundir lo más ampliamente posible el Documento de Bases para otra ley de educación posible y necesaria, y EXIGIR a los Grupos parlamentarios, que ahora están debatiendo sobre la alternativa a la LOMCE en la Subcomisión parlamentaria creada a tal fin, que partan de ahí, de los puntos centrales y las propuestas concretas recogidas en dicho Documento.

UN PACTO “DESDE ABAJO” POR LA ESCUELA PÚBLICA 

Ninguna reforma educativa, fruto de un pacto político (si eso se diese), se debe abordar y mucho menos poner en marcha sin la participación y el acuerdo de los sectores más representativos de la comunidad educativa, que justamente han sido copartícipes del Acuerdo educativo plasmado en el Documento de Bases que apoyamos y defendemos. Sin duda alguna ese texto se puede y se debe enriquecer con nuevas aportaciones o desarrollos. Pero no para claudicar ante las presiones de organizaciones o colectivos que tienen intereses económicos y/o ideológicos en el ámbito educativo. LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO. Y eso implica y exige garantizar ciertos principios básicos e IRRENUNCIABLES como fundamento de nuestro modelo educativo.

El pacto solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. Somos conscientes de que los pactos, aun siendo deseables, no son siempre posibles. No se puede pactar renunciar a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren fomentar una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del adoctrinamiento religioso en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública, democrática, participativa, que trate de asegurar el derecho a aprender con éxito de todos y todas, en la que su alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica. Debemos partir, por tanto, para poder llegar a un Pacto Educativo de unas ideas comunes o consensos de mínimos en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas por la educación pública. Después de la falta de consenso que consiguió la LOMCE y el acuerdo que consiguió su derogación, estamos en disposición de alcanzar un “pacto” desde abajo con las fuerzas políticas progresistas que defiendan este consenso de mínimos.

NUESTRAS LÍNEAS ROJAS IRRENUNCIABLES PARA EL PACTO EDUCATIVO

  1. Red pública escolar única, gratuita y suficiente, que cubra todas las necesidades de escolarización desde los 0 a los 18 años y garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
  2. Eliminación de la enseñanza privada concertada: supresión progresiva de financiación pública a la enseñanza privada, mediante un proceso de integración negociada de los centros privados concertados en la red pública.
  3. Educación laica, que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento en la escuela. En consecuencia, la religión confesional, con sus actos y símbolos, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Para ello, exigimos la derogación de los correspondientes acuerdos con el Vaticano y con otras religiones.
  4. Educación Inclusiva que ofrezca los apoyos necesarios para asegurar el progreso educativo de todo el alumnado, evitando itinerarios segregadores y garantizando una formación básica común en las enseñanzas obligatorias que conduzca a una titulación única a su término. Rebaja de la ratio de alumnado según valores recomendados internacionalmente y ampliación del personal docente y otros profesionales del ámbito educativo para atender adecuadamente toda la diversidad del alumnado.
  5. Red de centros de Educación Infantil, de titularidad y gestión pública, que cubra todas las necesidades de escolarización de Educación infantil (0 a 6 años), para favorecer la escolarización temprana, universalizando una oferta gratuita de calidad y reincorporando el primer ciclo de la Educación Infantil en la legislación general del sistema educativo, dando a la Educación Infantil la importancia que merece como pilar básico, junto a la Educación Primaria, de todo el proceso educativo.
  6. Currículo para la vida que integre el conocimiento de las ciencias, las artes y los saberes populares, con una perspectiva de género, ecológica y que aprecie la diversidad sexual, para ayudar a comprender críticamente el medio en el que se habita y mejorarlo al servicio de la comunidad, de la naturaleza y de la vida, sin que tenga que formularse en términos de listados de contenidos con un atiborrado compendio de competencias y estándares de evaluación, sino de forma global e interdisciplinar.
  7. Cuerpo único de profesorado, basado en una titulación equivalente y una sólida formación inicial que combine simultáneamente la preparación pedagógica y la especialización académica en un ámbito del saber. Estatuto del profesorado acordado con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los docentes, elimine la precarización laboral y que dé estabilidad laboral para conformar equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos de centro. Reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.
  8. Autonomía pedagógica con participación democrática en la gestión escolar que contemple una representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa en los Consejos escolares de centro, en los municipales y autonómicos, volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros; y con una dirección colegiada elegida democráticamente por la comunidad educativa.
  9. Evaluación para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la singularidad y a las necesidades de cada centro, evitando las pruebas estandarizadas para establecer rankings comparativos.
  10. Financiación garantizada constitucionalmente del 7% del PIB como suelo de inversión educativa para garantizar una gratuidad real de la enseñanza que incluya la dotación a los centros públicos de recursos y materiales didácticos, transporte escolar, comedor, becas para el acceso a estudios postobligatorios. Se deberá contar con un Fondo de Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en todo el territorio en el ejercicio del derecho a la educación desde Infantil a Enseñanza Superior.

[1] Han suscrito el Documento de Bases: Colectivos sociales como Amesti Educació, Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia, Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por colectivos y plataformas como: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES , Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública; Sindicatos de Estudiantes como Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino; Asociaciones de Madres y Padres como Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA); Organizaciones Sindicales como Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT; Partidos Políticos como Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña

Hazañas bélicas

El 28 mayo se celebra el día de las Fuerzas Armadas, bajo el lema ‘Nuestra misión, tu libertad’. Cristóbal Orellana González, de Ecologistas en Acción, se pregunta si el ejército y la fuerza de las armas son la garantía de nuestra libertad y de la democracia. Yo también me lo pregunto.

Si ya de por sí es sobrecogedor que se haya consagrado oficialmente un día al espectáculo de la “fuerza de las armas”, sobrecoge especialmente el temible lema que el nuevo Jefe de Estado Mayor de los ejércitos ha escogido para celebrar este día: ‘Nuestra misión, tu libertad’. Es decir, se celebra que la libertad depende de la fuerza de las armas, de la muerte y de la violencia. Pues las armas causan muerte y la fuerza violencia.

Orellana explica que este lema “da miedo porque es un ‘recordatorio’ a los ciudadanos de que, según ellos, somos todo lo que somos gracias al ejército y a la fuerza de las armas, un “aviso” de que no somos nada sin la fuerza de las armas…”

http://noviolencia62.blogspot.com.es/2017/05/el-ejercito-y-la-fuerza-de-las-armas.html No tenemos una democracia por nuestro talante de diálogo, no, ni por nuestra capacidad de compartir, o por nuestro empeño en que haya justicia e igualdad a través de leyes que van brotando de los parlamentos, etc. No, al parecer no es así, no es así. Resulta que aquí viene el Día de las FAS 2017 a espetarnos en todo el rostro que si disfrutamos de libertad y democracia es gracias a los ejércitos, a su misión, a su empeño en defendernos en todos los frentes de guerra aunque estén a miles y miles de kilómetros de aquí… Además, es un lema que deja de fondo un mensaje muy nítido: nos están amenazando continuamente y nosotros, el ejército español, servimos para defender vuestro tren de vida y por ello, no lo olvidéis, debéis sufragar nuestros gastos que van en aumento…

Y hablando de gastos: de 136.000 euros en 2016 a 350.000 euros de gasto para esta “fiesta” de 2017; y aún así se lo debemos todo al mundo militar, a las guerras de la OTAN que el PP alienta, al escudo antimisiles, a las “intervenciones humanitarias”, al envío de buques de guerra a Somalia… Si hay democracia es porque el ejército, no nosotros, la defiende como su “misión”.

Pero lo terrible es que el PP quiere incluso militarizar la educación. El Consejero de Educación del PP promociona el segundo concurso literario escolar que la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, en estrecha colaboración con las Áreas de Reclutamiento de cada provincia, han puesto en marcha en Castilla y León. Un concurso destinado al alumnado de 4º de ESO y Bachillerato. En donde los participantes deben escribir una carta a un militar, describiendo su visión sobre la “importancia que tiene la labor que desarrolla” y cómo contribuyen sus misiones al mantenimiento de la paz y seguridad en el ámbito nacional e internacional, así como el valor y el compromiso de los militares desplazados a países donde Rajoy está mandando, con el apoyo del “nuevo” PSOE de Pedro Sánchez, como Irak.

El PP ha tenido la formidable ocurrencia de introducir la formación militar en el sistema educativo. Ya que los jóvenes huyen de las armas, la mili, la guerra, los responsables de la educación pública de nuestras Comunidades Autónomas, regidas por el PP y su ideología transgresora, han pensado que es necesario, en una época de recortes económicos en los presupuestos educativos y de despidos de personal docente, incorporar la formación militar en la formación del profesorado para que éste a su vez la incorpore a las clases. Un avance pedagógico incuestionable e imprescindible en los tiempos que corren. Se hace crucial instaurar de nuevo la educación patriótica militar en las nuevas generaciones.

De esta forma los Consejeros de Educación de estas Comunidades Autónomas Patrióticas se han comprometido a “dar formación militar a los docentes a través de talleres y cursos que contribuyan a la formación permanente de los docentes”, con el fin de que el espíritu patriótico y la defensa “formen parte de la educación de nuestros jóvenes estrechando los vínculos entre la sociedad civil y militar”. Así se aplica la LOMCE. Con las ideas firmes y cuerpo a tierra.

Formar al profesorado por militares parece ser una nueva moda dentro de esta reforma educativa del Partido Popular, con el fin de acercar el ámbito militar a la sociedad civil y asumir los modelos e ideología subyacente de la ley mordaza y otras leyes de represión que han de instaurarse en la España de los recortes y el rescate multimillonario de los bancos, según afirman sus ideólogos. Es necesario que la ideología de la sumisión y la obediencia debida vaya siendo asumida por las futuras generaciones y qué mejor medio que el sistema educativo. De esta forma se dará al profesorado cursos impartidos por militares tras los acuerdos de Educación con el general que dirige el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, junto con otros destacados cargos militares.

Nos encontramos así que se están suprimiendo la mayor parte de los Centros de Formación del Profesorado, por recortes en los presupuestos de Educación pues se tiene que destinar el dinero público a pagar los intereses de la deuda a los banqueros. Ya no son tan necesarios este tipo de Centros donde especialistas en educación daban formación demandada por el profesorado sobre estrategias de resolución de conflictos, habilidades de comunicación y educación para la paz. Ahora se les sustituye por cursos de formación a cargo de militares cuya temática será geopolítica, seguridad y panorama estratégico de ámbito militar adaptado a la sociedad civil para que el alumnado “forme parte de esta cultura”. Eso sí, los cursos que ya se están impartiendo se denominan “Una Educación para la Paz y la Seguridad” y afirman que su finalidad es desarrollar “una educación de futuro que proporcione valores de justicia, tolerancia y diálogo a sus alumnos y proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo prácticas sobre educación para la paz en las aulas” a cargo de militares. Es el mundo al revés, que decía Eduardo Galeano. Es la escuela al revés. Donde los militares imparten clases y los estudiantes son criminalizados, sancionados y multados por reivindicar derechos y un mundo en paz y con justicia.

El Ministerio de Defensa del PP, que se une a esta batalla, acaba de crear la Academia Central de Defensa con el fin de concentrar los servicios administrativos de las escuelas militares que la componen, entre las cuales está la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. Por supuesto, ya hay tradición en este tipo de militarización de la educación. La Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría del Ministerio de “Defensa”, establecía convenios de colaboración con el Ministerio Educación y la Comunidad de Madrid, para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Repito. Es el mundo al revés. Es la educación al revés. Como diría Ernesto Sábato, “estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso”.

No me matricules en religión

Marea Verde de León

Vaya por delante que, como colectivo de personas y organizaciones en defensa de una educación pública, laica e inclusiva, defendemos igualmente la laicidad de las instituciones públicas como la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones.

La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela, que debe quedar libre del proselitismo religioso.  El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente en la Transición. El paso de la escuela nacionalcatólica a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de la dictadura franquista, que “obligan” a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado.

En un Estado aconfesional como el que hemos adoptado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que han de ser un asunto privado. Mantener la religión en la escuela provoca la segregación del alumnado, en función de las creencias de sus familias, vulnerando el Derecho a la libertad de conciencia.

Por eso, coherentes con dicho principio mantenemos que la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente sin que le enseñen creencias que predispongan su mente a comportamientos que condicionen su personalidad desde la infancia.

Es indiscutible que el decreto que fija el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento”. Enseñar dogmas religiosos no solo va en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal, sino que hay contenidos de ese adoctrinamiento y labor catequética que entran en franca contradicción con la razón, la ciencia y con derechos humanos, como la libertad de orientación sexual y la libertad de las mujeres o el origen de la vida y del universo, entre otros.

La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas que entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados por sexo, ni en función de las creencias o convicciones de sus familiares.

Además, la Iglesia Católica niega reiteradamente los derechos de todas las personas, especialmente los de las mujeres, y defiende un modelo de familia patriarcal en la que los roles y estereotipos de mujeres y hombres nos recuerdan a épocas pasadas. La Educación en igualdad de niños y niñas no es compatible con estos dogmas religiosos, en donde la mujer es subordinada, dentro de un modelo sociedad patriarcal.

Una reciente encuesta llevada a cabo por la Facultad de Ciencias políticas de Grenoble, publicada por ‘Le Nouvel Observateur’ y ‘France Inter’ ha revelado que la religiosidad se traduce en un conservadurismo extremado y en una intolerancia en materia de costumbres. Según esta encuesta, cuanto más religioso se es, más se pone en cuestión la igualdad de hombres y mujeres o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales.  El 41% de los jóvenes musulmanes más devotos, y el 29% de los católicos más practicantes, consideran que “la mujer está hecha ante todo para parir hijos y educarlos”. Y el 47% y el 23% respectivamente considera que los homosexuales no son “como los demás”.

Dado que la jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia que se imparte, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción, pensemos en qué tipo de doctrina está transmitiendo a través de las clases de religión.

El Acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales supone que en la Escuela Pública haya profesores y profesoras de religión pagados por el Estado (es decir, con los impuestos de todos/as) pero nombrados a dedo por los Obispos, sin haber pasado como todos los demás docentes por una oposición para ser seleccionados en igualdad, mérito y capacidad. Además, pueden despedirlos/as sin tener que explicar el cese (cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de los interesados/as). De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica puede despedir a una profesora de religión porque se divorcia.

Afirmamos, por lo tanto, que la Escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. Mientras que la religión es una materia con fines ideológicos orientada al adoctrinamiento dogmático, impartida por personas designadas por la autoridad eclesiástica, eligiéndolos por sus creencias, por su fe, no por criterios de mérito, capacidad e imparcialidad como el resto del profesorado.

La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas y la religión es una creencia entre otras muchas, por ende, su difusión debe realizarse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.

Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. La religión católica tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social.

Por eso, desde Marea Verde por la Educación Pública y Lacia de León, invitamos a los padres y madres, especialmente a los creyentes, a que reflexionen y no matriculen a sus hijos/as en esa asignatura. Los centros de enseñanza deben de servir para aprender y no para creer. Las distintas religiones deben usar sus espacios propios de culto, y no la escuela, que debe educar en valores universales y posibilitar el acceso a los conocimientos científicos.

Precariado universitario

La gestión neoliberal de nuestra Educación Superior está convirtiendo las universidades públicas en empresas, como constatan investigadores de prestigio como Noam Chomsky.

El personal docente e investigador (PDI) se vincula cada vez más con las universidades con fórmulas contractuales caracterizadas por la precariedad y por la temporalidad. La contratación de “profesores y profesoras asociados” y de figuras cada vez más temporales, precarias y con derechos cada vez más recortados, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral, es parte del asalto neoliberal general a los servicios públicos, a los bienes comunes, a los denominados “procomunes”.

La Ley Orgánica de Universidades de 2000 (LOU) creó seis modalidades de contratación de carácter temporal. A lo que habría que añadir el profesorado visitante, los y las investigadoras Ramón y Cajal, o Juan de la Cierva, así como las y los técnicos de investigación y el profesorado asociado. Esta última figura, por su bajo coste, por ser los que más carga docente tienen, y por su carácter contingente, ha animado a utilizar profusamente esta figura en las Universidades. Se les despide cada semestre, para no pagarles las vacaciones. La conjunción entre asociados y becarios de investigación, evidencia que buena parte de la docencia universitaria está en manos del profesorado peor pagado de todo el sistema educativo.

Este modelo neoliberal pretende un sistema dual de profesorado, como en su reflejo empresarial: una “élite” investigadora y docente de “fichajes estrella” con contratos blindados y una mayoría de profesorado en condiciones precarias, temporales y dependientes de continuas renovaciones de sus superiores, mal pagados y trabajando “a destajo”, con graves dificultades para mantener una cierta “libertad de cátedra” e independencia académica.

A esa élite hay que añadir la proliferación de otra “élite de ejecutivos” que florecen en este modelo de negocio empresarial universitario. Gerentes, cargos administrativos y burocráticos, y empresas asociadas de gestión, se convierten en imprescindibles si tienes que controlar a la gente: una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control. En los últimos años se ha registrado un aumento drástico en nuestras universidades de estos “profesionales” de la gerencia y los cargos burocráticos, más que bien pagados y “afines” a quien los contrata.

No obstante, la fe de los fanáticos talibanes en el credo neoliberal es inquebrantable. Cuando Alan Greenspan, economista norteamericano conocido por haber sido presidente de la Reserva Federal de EE. UU., testificó ante el Congreso en 1997 sobre este modelo económico, explicó que una de las bases de su éxito era que estaba imponiendo lo que él mismo llamó “una mayor inseguridad en los trabajadores”. Según esta ideología, si la clase trabajadora está insegura no exigirá aumentos salariales, no irá a la huelga, no reclamará derechos sociales. Y eso es lo óptimo para la salud económica de las grandes empresas. En su día, a todo el mundo le debió parecer razonable el argumento de Greenspan, a juzgar por la falta de reacciones y los aplausos registrados, recuerda Chomsky.

Eso es lo que se ha transferido a las universidades. Conseguir una mayor “inseguridad” de los profesionales que en ellas trabajan manteniéndoles pendientes de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que sean dóciles, acepten salarios ínfimos y trabajen a destajo. Esa es la manera como se consiguen universidades “eficientes” desde el punto de vista de la ideología empresarial. Y en la medida en que las universidades avanzan por la vía de un modelo de negocio empresarial, la precariedad es exactamente lo que se impone.

Los efectos de esta lógica neoliberal individualizada, precarizada y competitiva, que fija retribuciones, dedicación y prestigio en función de los resultados, supone un aumento de la presión y del estrés laboral, del ritmo de trabajo. Se perciben con mayor claridad cuando afectan a colectivos precarios de docentes e investigadores porque los hace responsables no sólo de su competencia profesional (de su nivel de reconocimiento) sino de mantener (o de conseguir en un horizonte incierto) el propio puesto de trabajo, responsable de su potencial empleabilidad. En estos colectivos la desregulación laboral se traduce en exigencias de flexibilidad y en mayor precariedad. A la flexibilidad temporal (inestabilidad de contratos, dependencia de las subvenciones variables) hay que añadir la flexibilidad horaria (disponibilidad más allá de lo estipulado) y la flexibilidad funcional (polivalencia y tensión formativa correlativa a los posibles cambios en los requisitos de las distintas instancias evaluadoras). Estas nuevas reglas del juego laboral tienen también como efecto perverso una despolitización del profesorado y una casi exclusiva dedicación a aquello que se considera clave en el reconocimiento académico de méritos, centrándose únicamente lo que permite superar pruebas de rendimiento, tener visibilidad y reconocimiento institucional.

Las políticas públicas de gobiernos conservadores, neoliberales y socialdemócratas han promovido y están incentivando que nuestras universidades públicas se orienten hacia este modelo de gestión empresarial, donde parece que lo que importa es mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal contratado es dócil y obediente.

La idea es transferir la mayor parte de la docencia a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y quienes se ven obligados a desempeñar esos puestos de trabajo precarios. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. La universidad impone costos a los estudiantes y a un personal docente que, además de dificultar gravemente su carrera académica, se le mantiene en una condición que garantiza un porvenir sin seguridad. Todo eso resulta perfectamente natural en los modelos de negocio empresariales. Es nefasto para la educación, pero está claro que su objetivo no es la educación.

Es sorprendente que el dogma neoliberal sea incapaz de comprender que la Universidad debe ser una institución democrática, en la que la comunidad universitaria (profesorado, estudiantes, personal no docente) debe participar en la determinación de la naturaleza de la institución y de su funcionamiento. Esto no es ninguna propuesta ni siquiera progresista o de izquierda, por cierto. Procede directamente del liberalismo clásico de sus fundadores, como John Stuart Mill, que daba por descontado que los puestos de trabajo tenían que ser gestionados y controlados por la gente que trabajaba en ellos: eso es libertad y democracia.

Es la comunidad universitaria y sus docentes quienes tienen que establecer qué van a enseñar, cuál será el programa, cómo se va a desarrollar las investigaciones y cómo compartirlas y colaborar en ellas. En un sistema representativo, necesitas tener a alguien haciendo labores administrativas, pero tiene que poder ser revocable, sometido como está al servicio de los componentes y la institución que administra.

Es bueno para las personas, para la sociedad e incluso para la economía el que la gente sea creativa e independiente y libre. Todo el mundo sale ganando de que la gente sea capaz de participar, de controlar sus destinos, de trabajar con otros: puede que eso no maximice los beneficios económicos inmediatos ni la dominación de unos pocos sobre otros, pero, como plantea Chomsky también, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esos “valores”?

Sobran razones para una huelga general educativa

Exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las “contrarreformas” universitarias y de las prácticas no remuneradas en Formación Profesional, y la bajada de las tasas universitarias son razones de sobra para una huelga general educativa.

También para conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Una huelga general educativa apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STES; los Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes y apoyada sin fisuras en León por Marea Verde de León y por Izquierda Unida, al menos.

Desde Izquierda Unida se viene denunciando el continuo menosprecio del Gobierno hacia la escuela pública. Los presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en ese año a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo ya uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%.

Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.

Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Si a esto añadimos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros. Y el recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos y que los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidades Públicas.

Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media. Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para acceder a la educación superior.

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor fuente de acceso al conocimiento, la educación.

Lo que defendemos con esta huelga es ante todo una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, mediante la supresión progresiva de los conciertos educativos, por ser la única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia. Reclamamos asimismo financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, incluyendo libros y servicio de comedor y transporte.

Pero también se exigen aspectos claros y concretos:

  1. Reversión inmediata de los recortes: no más precariedad del profesorado, ni masificación en aulas, ni recorte de becas y recursos.
  2. No a la privatización: supresión progresiva de conciertos mediante integración voluntaria y negociada en una red única pública.
  3. Derogación LOMCE: por una nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa: https://porotrapoliticaeducativa.org
  4. Incremento inversión en educación pública hasta 7% del PIB.
  5. Dignificación de la profesión docente: Derogación RD 14/2012. Estabilidad profesorado interino, cobertura inmediata de bajas.
  6. Medidas efectivas de inclusión educativa: recuperación apoyos, desdobles y todas las medidas de atención a la diversidad.
  7. Aumento plantillas. 18 horas lectivas. Disminución de ratios (20 en obligatoria).
  8. Recuperación sistema becas que garantice igualdad oportunidades.
  9. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
  10. Derogación acuerdos Vaticano. Religión fuera de la escuela.
  11. Recuperar autonomía pedagógica con auténtica participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros.
  12. Supresión de las prácticas no remuneradas en FP.
  13. Eliminación de contrarreformas universitarias.
  14. Derechos laborales para investigador@s pre y post doctorales.
  15. Recuperación empleo en Universidades públicas.
  16. Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios

Sobran, por tanto, razones para apoyar la huelga de la comunidad universitaria el 9 de marzo, en contra este proceso de “liberalización” y privatización de la educación pública que está empeñado en dejar como legado el Gobierno actual.

Pero esta huelga general educativa también pretende visibilizar que la comunidad educativa tiene una alternativa educativa, otra educación posible que se ha construido “desde abajo”. Por eso esta huelga llama también a la sustitución de la LOMCE por una ley fruto del debate con la comunidad educativa mediante un amplio acuerdo social y político, asumiendo como documento de mínimos para ese gran Pacto Nacional el “Documento de bases para una nueva Ley de educación” de Redes por una nueva política educativa, que ha surgido de la propia comunidad educativa y se ha elaborado por una amplia representación de la misma a lo largo de más de dos años de debates, consensos y trabajo compartido por quienes están día a día en las aulas.

 

La economía neoliberal y la salida de la crisis

El Gobierno asegura reiteradamente que la economía española va bien. España va bien. Estamos saliendo de la crisis. ¿Quién está saliendo? ¿A qué “España” le va bien? ¿para quién y al servicio de quién es esta economía neoliberal que nos venden?

España va bien para los 200 más ricos que en 2018 han aumentado sus beneficios en más de 35.000 millones de €. Estas “familias” no han salido de la crisis, porque nunca han estado en crisis. Es más, la crisis les ha permitido aumentar aún más su margen de ganancias. Porque esta (eufemísticamente denominada) crisis, ha sido un auténtico saqueo a las arcas públicas, y hemos acabado todos y todas “rescatado” a estas familias y a sus bancos, y a sus autopistas deficitarias, y a sus multinacionales…

Mientras tanto, las familias más pobres de España perdían el 50 % de sus ingresos entre 2.008 y 2.014. Lo cual, todos los estudios e investigaciones, concluyen en señalar la plena coincidencia, en el tiempo, y correlación en las causas con las dos reformas laborales realizadas por el Gobierno Zapatero y el de Rajoy. Lo cierto es que la riqueza media de los hogares españoles con cabeza de familia menor de 35 años cayó un 94 %.

Conocemos muchos jóvenes de nuestro entorno que, como Julián, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, trabajan de dependientes de una gran superficie. Trabajan 27 horas semanales y ganan 740 € al mes. Viven con sus familias porque no tienen economía suficiente ni para alquilar un piso ni poder emanciparse. Se plantean compartir un piso con otros cuatro para poder sobrevivir.

Pero ahora ni trabajar te garantiza salir de la pobreza. Son los y las trabajadoras pobres. El 15 % de las personas que trabajan son pobres en España. Además de los parados de larga duración sin ningún tipo de prestación económica. Esto también correlaciona y es consecuencia, como indican los estudios e investigaciones, de la precariedad laboral que nos han traído las reformas laborales de los últimos años.

Estas políticas económicas neoliberales, estas recetas del neoliberalismo son lo que ya los clásicos catalogan como “socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres”. O en términos más tradicionales y reiterados: el “libre mercado”. Es decir, cuando “los mercados” (eufemismo para designar a esas grandes familias que son las que los controlan) tienen problemas, no se les deja que “libremente” los solucionen y respondan con sus patrimonios de las pérdidas. Porque cuando tienen grandes beneficios, entonces sí, sí que se les deja que “libremente” se repartan entre ellos los dividendos conseguidos. Pero cuando se produce una “crisis en los mercados” aparecen las instituciones públicas y los gobiernos a su servicio que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener su liquidez y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar “su crisis”, la de los mercados. Esos mercados a los que calman con nuestro dinero y que luego les recompensa con puestos en sus consejos directivos.

¿Por qué no salen esos mismos gobernantes, elegidos por el pueblo para que estén a su servicio, cuando hay despidos masivos de la clase trabajadora por parte de esos mercados implacables? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se “deslocalizan” a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas, para seguir obteniendo aún más beneficios?

Porque mientras nos anuncian que “salimos” de la crisis, las familias más pobres de España tienen que seguir pagando sus hipotecas. ¿Quién les va a inyectar alguna ayuda para pagar sus hipotecas? Si no pagan, se les embargan sus bienes. Pero a las grandes empresas y firmas financieras e hipotecarias no se les deja esta “libertad” de pagar sus deudas. Porque, incluso aunque quiebren, nunca más se vuelve a saber del dinero que “desapareció”. Dónde están los más de 350.000 millones que “España ha movilizado” de nuestros impuestos para mantener la banca a flote (entre inyecciones a los bancos y cajas, la creación del Frob y el Sareb y la emisión de avales para todos ellos desde 2008, lo cual equivale a un tercio del PIB anual del país). Si no, que se lo pregunten a las compañías responsables de los últimos escándalos financieros en nuestro país, a los bancos rescatados o a los últimos directivos que han pasado por la cárcel. Dónde ha ido a parar todo ese dinero con el que nos hemos hecho cargo de sus deudas, como siempre, a costa de nuestros impuestos.

Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) “cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no”.

España es el país desarrollado industrialmente donde más creció la brecha entre los que más y menos ganan durante la crisis, entre 2007 y 2014, según el informe de la OCDE. Este organismo demuestra cómo durante la “crisis” la desigualdad se disparó en 7,5 puntos, frente a la media de 1,2 del resto de los países de la OCDE. Por si no era suficientemente escandalosa la tradicional brecha entre los enriquecidos y las familias empobrecidas a causa de ese enriquecimiento, el 10% de ricos gana 12,7 veces más que el 10% más pobre, lo que sitúa a España en la cúspide de los países más desiguales. Y el informe concluye de forma aplastante: el gran crecimiento de la desigualdad tiene su base en “la enorme destrucción de empleos” y, en especial, en la liquidación de la mitad del trabajo juvenil existente en 2007. Por eso Fátima Bañez daba como solución que los jóvenes se fueran del país.

Oxfam-Intermon lo corrobora en su informe «Una economía al servicio del 1%», donde analiza cómo España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, superando hasta en catorce veces a Grecia. Veinte personas tienen en España tanto dinero como el 30% de la población.

El problema de fondo que nos tenemos que plantear es ¿hasta cuándo vamos a tolerar este saqueo llamado crisis?, ¿hasta dónde vamos a tolerar este crecimiento intolerable de la desigualdad?, ¿hasta qué límites estamos dispuestos a soportar el que el 20% de los niños y niñas y jóvenes sean pobres mientras el 1%, los banqueros y ejecutivos y accionistas acaparan todos los recursos del planeta?

Susan George, presidenta de honor de ATTAC, la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y la Ayuda a la Ciudadanía, y autor del ensayo El Informe Lugano, afirma que “los españoles son ratas de laboratorio: a ver cuánto castigo toleran sin rebelarse”. ¿Seguiremos dispuestos a tolerar este expolio de lo común sin rebelarnos ante las recetas neoliberales que nos siguen imponiendo?