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Sólo habrá educación para el que la pague

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan todavía más el presupuesto destinado a educación que los brutales recortes de los presupuestos del 2012 y tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la Ocde en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos del 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Lo cual ha ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado y brutal reducción de plantillas, mientras que estos presupuestos del 2013 mantienen intacto el número de altos cargos en la Administración).

El presupuesto de Educación para 2013 cae en otros 236 millones de euros. Las partidas destinadas a Educación en los PGE para el ejercicio 2013, ascienden a 1.944,73 millones de euros, un 14,4% menos que en el ejercicio anterior, que se destinaron 2.270,90 millones de euros. Esta reducción está muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios: un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio.

Se recortan 50 millones menos para becas y ayudas al estudio. Lo sorprendente han sido las declaraciones del gobierno, afirmando que ha aumentado la ayuda a los estudiantes en los presupuestos generales del 2013. Los datos demuestran que se ha reducido un 3.8% (sólo sube un tipo de ellas y en una cantidad ridícula: 23 millones, que corresponden a la compensación a las universidades por las matrículas gratuitas).

Se aplica un recorte brutal en Educación Especial y Compensatoria. Los programas de atención al alumnado con necesidades especiales (13,5 millones de euros) han desaparecido y Educación Compensatoria pasa de 169,8 a 53,3 millones, recortándose un 68.5%

Han recortado también en programas fundamentales: el programa de deporte en edad escolar y en la universidad, que disminuye un 86,1%; el de enseñanzas artísticas, con una reducción del 27,2%; el de cooperación, promoción y difusión cultural, con un descenso del 24,3%; y el de formación permanente del profesorado, con un 18,2%. Los programas de educación en el exterior, con un recorte del 7,8%; las transferencias internas, que se recortan el 5,5%, y el programa de Educación Infantil y Primaria que, tras el recorte del 36,5% de este año, se recorta aún más con otro -4,4%.

Más recortes aún en los programas en Universidad e I+D+i: se recortan un 18,2% y el 14,4% en la investigación científica, a pesar de que el Gobierno esté diciendo lo contrario.

Desaparecen multitud de programas: 1) educación permanente y a distancia no universitaria, 2) nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 3) el destinado a la investigación y evaluación educativas, 4) los programas de cooperación con las comunidades autónomas. Incluso en estos presupuestos parece que hay un claro ataque a las enseñanzas artísticas, con un recorte del 27,2%, lo cual se relaciona con la arbitraria eliminación del Bachillerato de artes escénicas en el Anteproyecto de Ley de Reforma de Wert.

Se recorta también el 38,3% en Educación Secundaria y Formación Profesional, que pasa de 175,8 a 108,5 millones de euros, lo que afecta esencialmente a la Educación pública en Ceuta y Melilla, cuyas competencias ejerce el propio Ministerio.

Además, los nuevos presupuestos introducen por tercer año consecutivo otra congelación salarial para los funcionarios docentes que, sumada a los recortes que han padecido desde mayo del 2010, a las congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del IRPF, suponen ya una merma de retribuciones superior al 20% de media, lo que vuelve a situar a la profesión docente entre las más castigadas por la crisis económica, ya que a la reducción en sus retribuciones se suma la enorme supresión de plazas de personal, junto al ataque a derechos laborales consolidados.

En conclusión podemos constatar que si en el 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi de 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en el 2013 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Por eso la comunidad educativa nos preguntamos: ¿Cómo se puede mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso escolar, mientras se reduce drásticamente la inversión y se ataca a los docentes? Quizá la pregunta correcta sería: ¿Lo que se busca no será precisamente eso: degradar la Educación pública y promover el negocio educativo? La respuesta está en los datos.

Quizá habría que recordar al gobierno aquel viejo refrán que decía «dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón». En este caso habría que traducirlo por dinos dónde pones nuestro dinero –parece que lo destina a rescatar a los bancos causantes de esta crisis- y te diré que tus declaraciones «de corazón» sobre la importancia de la educación son, a los datos nos remitimos, mentira.

Las mentiras de Wert

¡Váyase, Sr. Wert! Así deberían empezar todas las intervenciones en el Parlamento por parte de la oposición y todas las manifestaciones públicas de movimientos y plataformas en defensa de la educación pública. No sólo por la política de recortes y agresiones contra la educación pública que simboliza este Ministro, sino por las continuas falsedades, verdades a medias, tergiversaciones y manipulaciones que utiliza para justificar lo injustificable.

Algunas de las exigencias asociadas al ejercicio de un cargo público son la veracidad, el rigor y la honradez. La democracia exige una alta dosis de confianza en quienes son elegidos como representantes, esperando que sus propuestas y actuaciones se basen en la verdad y no en la utilización de medias verdades, datos falseados o tergiversados, o puras elucubraciones inventadas, con el fin de justificar las medidas que toman. En ese caso, como ocurre en países con más tradición democrática, la dimisión del cargo y la asunción de responsabilidades políticas por ello, debería ser la consecuencia inmediata.

Este es el caso del Ministro de Educación Wert con sus falsas argumentaciones y datos tergiversados a la hora de justificar el Real Decreto-ley 14/2012 de 21 de abril, de recortes en educación, previa campaña de desprestigio de las instituciones universitarias públicas y de quienes en ellas trabajan.

Afirmar que “hay demasiadas universidades en España”, sosteniendo que en California, con una población semejante a la de España (en realidad, la nuestra es un 20% superior), hay sólo 10 universidades, frente a las 79 universidades españolas (públicas y privadas), es mentir. La University of California (pública) tiene 10 campus, pero ésta no es la única Universidad de este Estado: The California State University, también pública, tiene 23 campus/universities.  Lo que no se puede confundir son los campus que tiene la Universidad de California con las 139 universidades que hay en ese Estado. En realidad hay pocas universidades en España en comparación con otros países de nuestro entorno: la mitad que en el Reino Unido y una sexta parte que en Estados Unidos, por citar a los dos países que tienen mayor número de centros universitarios de investigación de excelencia.

Miente al afirmar que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%, como ya han explicado los profesores José Antonio Pérez (de la UPV) y Juan Hernández (de la UJA), economistas y expertos en financiación universitaria, en cuyos datos me baso en este artículo.

Manipula cuando asegura que un 21% de quienes terminan la universidad acaban en el paro, ocultando que la tasa de paro entre los titulados universitarios supone la mitad de la existente en el resto de la población, siendo el coste de la universidad pública por alumno un 25% más bajo que el de la privada. Esta es la forma de atribuir la causa del paro y de la precariedad laboral a la Universidad, en vez de asumir la responsabilidad de la situación actual, derivada de la propia política económica, al servicio de los mercados, que mantiene el ejecutivo.

Intentar dar una mala imagen de las universidades españolas, insistiendo reiteradamente en que “no están entre las 100 mejores del ránking mundial”, es otra manipulación. No se puede comparar las universidades españolas, que combinan la docencia y la investigación, con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación. Pero, sobre todo, no hace mención en ningún momento de que 99 de los 100 primeros centros universitarios que están en esos rankings, corresponden a países que, respecto a España, casi doblan su porcentaje de gasto en I+D+i sobre el PIB.

Justificar la subida de tasas académicas en segundas y terceras matrículas difundiendo que el alumnado universitario no puede estar repitiendo indefinidamente, que no hay cultura del esfuerzo entre los universitarios, que no hay suficiente rendimiento académico, sorprende porque los datos reales desmienten de nuevo las afirmaciones del ministro: el 79% del alumnado de las universidades públicas se titula a la edad que le corresponde, es decir, aprueba por curso, frente a la media del 70% de la OCDE. Y ello a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y un gasto por alumno mucho menor.

Afirmar que los recortes y reformas introducidas en este Real Decreto-ley 14/2012 no afectarán a la calidad de la educación, solo se puede mantener desde el cinismo más absoluto de quien tiene recursos para pagarse una educación privada de élite, huyendo de una educación pública cada vez más estrangulada económicamente, sin recursos y sin medios.

El balance general de nuestras Universidades Públicas no es catastrófico como pretende el ministro, ni mucho menos; aunque haya aspectos de la actividad universitaria que pueden y deben ser mejorados. La Universidad ciertamente necesita una reforma, pero no la impuesta por el PP, y no basada en las mentiras Wert. ¡Váyase, Sr. Wert!

La educación para el que la paga

Las nuevas medidas que el gobierno del PP ha decretado contra las Universidades Públicas suponen el aumento de las tasas académicas para el alumnado entre 500 y 5.000 euros según las situaciones, el incremento de cuatro horas lectivas para el profesorado universitario en activo y la congelación de la Oferta de Empleo sin posibilidad de realizar ninguna convocatoria de plazas en las Universidades.

 

Este nuevo decretazo, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a cualquier ciudadano o ciudadana, sustituyéndolo por un “modelo elitista” que admite una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.

El incremento general de las tasas matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.

Esta subida de tasas universitarias, que comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, conllevará hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevará las penalizaciones a los repetidores, que podrían llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Se aplica el 100% en las enseñanzas de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes. Si le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición pública y de calidad.

Esto significa que las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que lo que venían costando hasta el momento. A nadie se le escapa, que con el aumento tan desmesurado de los precios públicos, acabarán cerrándose muchos títulos, sobretodo de Masters, porque con la situación económica del país y los bajos salarios, muchas familias no se lo podrán permitir.

En Europa el grupo de países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total y que además proporcionan recursos muy importantes para becar a sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… etc., mientras que otro grupo de países con tasas caras disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. Incluso el tercer conjunto de países, en el que estábamos incluidos hasta la llegada del PP, proporcionan pocos recursos a las ayudas al estudio pero mantienen los precios bajos en las tasas de matrícula (Italia, España hasta la llegada del PP…).

De esta forma, la subida de tasas sumada al recorte de becas suponen una barrera en la Universidad pública para los estudiantes con renta más baja, tendiendo a una educación no universal, sólo permitida a aquellos que tengan rentas suficientes para poder pagársela, lo cual expulsará a miles de personas del sistema universitario.

Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha decidido aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. No es entendible que sea el sexenio, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales anglosajonas durante seis años, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, transferencia del conocimiento) asociadas a la investigación.

El profesorado, ve así cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Porque se varía la dedicación de la actividad docente del Profesorado en función de la actividad investigadora reconocida, siendo con carácter general de 24 créditos ECTS y de 16 créditos para quienes lleven en el puesto al menos más de 18 años con evaluación de su investigación positiva de forma consecutiva, lo que representa un porcentaje mínimo de la plantilla, con una edad no inferior a los 55 años.

Pero para quienes no tienen el primer período de 6 años de actividad investigadora reconocida la docencia será de 32 créditos ECTS. Es decir, para la gran mayoría del profesorado universitario que combina la investigación con la docencia y la atención individualizada a sus alumnos y alumnas y que dedica parte de su actividad a tareas de gestión en las titulaciones, en los departamentos o en los centros.

Lo cual supone que quienes no tienen un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación, porque al incrementarles las horas de clase se les reducen las horas para poder iniciar o reengancharse a la actividad investigadora. Por eso, parece que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la regeneración del sistema, van a quedar excluidos.

Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría “secundaria”, ya que, de alguna manera, la docencia se convierte en el “castigo” que se impone a “los que no investigan”. Es más, aquellos que no quieran ser penalizados a largo plazo, tendrán que ingeniárselas para asegurarse el sexenio a pesar de tener más horas de docencia.

El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en el que ellos denominan “kilómetro 0” de los recortes, como así lo manifiestan en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos anuncia que esto solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.

En conclusión, las medidas de recorte en las universidades españolas, al simultanear la reducción de 166 millones en el presupuesto destinado a las becas y el incremento del 25%-200% en las tasas, sumadas al Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre con medidas que afectan directamente a las universidades y al recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Educación, implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización en proceso de privatización y mercantilización de la Universidad española.

Hacer caja: el lema de nuestra nueva Universidad

Lunes por la mañana. Cuando entro por la puerta de la Facultad para ir a dar clase, tengo que sortear infinidad de mupis publicitarios que han invadido, como las flores en primavera, los espacios públicos de nuestra Universidad. Letreros luminosos que anuncian las excelencias de diversas entidades bancarias, expositores publicitarios de los más diversos productos, se convierten en una suerte de carrera de obstáculos que tengo que salvar para poder llegar a las aulas. Y como yo, todos los estudiantes se ven sometidos a esta sobreestimulación mañanera que les inunda y les indica ya cuáles son los nuevos valores de la nueva Universidad estilo Bolonia.

Lunes por la tarde. Voy a la biblioteca central de la Universidad para recoger un libro. Cuando saco el carnet que me identifica como miembro de la comunidad universitaria, vuelvo a ser consciente, una vez más, que es una tarjeta de una entidad bancaria. Sí, de esas instituciones asociadas a la especulación financiera que nos ha arrastrado a esta crisis, de esas entidades acostumbradas a cerrar el grifo de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y a los particulares en plena crisis, mientras da suculentas indemnizaciones, prejubilaciones y créditos a sus directivos. Por muchas veces que hayamos protestado al rectorado sobre esta situación, exigiendo que tengamos un documento de identificación universitario no ligado a entidades privadas empresariales o bancarias, que pone en duda, y no sólo simbólicamente, nuestra credibilidad científica y nuestra universalidad académica, la única contestación que hemos obtenido es “no hay alternativa”, el mismo mantra que utilizó la baronesa Margaret Thatcher para consolidar el pensamiento neoliberal en los años 80.

Martes por la mañana. En la reunión de departamento tenemos que asignar el profesorado responsable para el nuevo plan docente de cara al curso 2012-2013. Pero nos es imposible porque no sabemos qué profesorado estará el próximo curso. Nuestra Universidad, no como otras, echa al profesorado asociado en junio y contrata nuevo profesorado cada año el primer día que comienzan las clases en septiembre. De esta forma no les paga durante el período de vacaciones, un derecho que la clase trabajadora consiguió hace muchos años mediante luchas laborales y sindicales. De esta forma nuestra Universidad se convierte en adalid de la precarización, el desempleo y las malas prácticas empresariales. Lógicamente quien viene sufriendo las consecuencias de estas malas prácticas son los estudiantes que se encuentran en septiembre con exámenes puestos por otros profesores y profesoras que no han impartido las materias, con profesorado que cuando firma el contrato le asignan las materias que tiene que dar ese día sin ningún tipo de preparación previa, etc.

Martes por la tarde. Nos anuncian en Junta de Facultad que, con Bolonia y los nuevos Grados, quienes hicieron una carrera de las antiguas, si quieren pasar a tener la titulación actual de Grado, tienen que hacer un Curso de Adaptación al Grado. Nos explican que desde la Facultad se propuso hacerlo integrando dicho curso dentro de la docencia habitual, pero que desde el Rectorado lo han impedido. Han decidido encargárselo a una empresa y pagarlo al profesorado como “horas extras”, evitando la creación de nuevo empleo. Eso sí hace caja. Además se vuelve a cobrar el 25% de la matrícula de las asignaturas que el alumnado ya pagó y aprobó en su momento, y que ahora se le “convalidan”. No se le da docencia, sólo se le cobra. Parece que este sí es un “buen negocio”.

Miércoles por la mañana. Llego al edificio del Centro TIC de la Universidad para impartir una clase. Pero no está el conserje y nos encontramos esperando casi cien personas para empezar las clases. Me recuerdan que ya no hay conserje, que el servicio lo privatizó la Universidad y que ahora lo hace “uno de seguridad” de una empresa privada y que lo mismo se ha hecho con buena parte de los servicios de la Universidad. Cuando llega, nos explica que no da abasto a todo, que además le mandan hacer fotocopias, que tiene que hacer otras cosas y que le es imposible duplicarse. Ya hemos perdido más de 20 minutos. Ante las reclamaciones que se hacen al Gerente sobre las condiciones laborales y las consecuencias para la docencia que conlleva la privatización de este servicio, la única contestación es “no hay alternativa”, porque así nos sale más barato. El criterio que rige ahora la Universidad es el económico. Aunque, desde ese criterios, más barato sería reducir el sueldo al Gerente y destinarlo a mejorar los servicios de la Universidad.

Miércoles por la tarde. Un alumno me comenta en tutoría que ha pedido una beca Erasmus, pero que la Universidad le exige para poder optar a ella pagar 35 euros en un examen de inglés. Un examen mediante un sistema informático. Se indigna de que ahora haya que pagar aparte los exámenes. Que ya le han anunciado que con la Estrategia 2015 que ahora llega, van a duplicar las segundas matrículas. Me dice que si ahora la segunda matrícula vale sobre 85 euros, va a pasar a 500 euros y la tercera de 120 a unos 1.000 euros. Me espeta que está trabajando para poder pagarse los estudios, y me pregunta si mi Universidad lo único que sabe hacer es “cobrar por todo, hasta por respirar”. No se me ocurre nada que decirle. Porque pienso que no sólo se está convirtiendo en una empresa que hace caja por todo, sino que paga cada vez más precariamente a su profesorado, privatiza la propia Universidad y cada vez se hipoteca más en manos de financiación privada, que impone sus logotipos y promueve cátedras que responde a los intereses de quienes las patrocinan.

Todavía vamos a mitad de semana y me temo que esto empeore. Me pregunto si no es aplicable a nuestra Universidad lo que Howard Zinn decía: “Nuestro problema es la obediencia. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y nos hemos convertido en gente obediente ante la pobreza y el hambre, ante el espolio y la privatización de nuestros bienes públicos, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen los países. Éste es nuestro problema”. ¿Hasta cuándo?

17N: La Universidad de León en Huelga

La asamblea universitaria de la ULE, principalmente secundada por estudiantes y una pequeña representación del cuerpo académico, ha convocado una huelga en la Universidad de León para el 17 de noviembre. Esta movilización se une a la convocatoria de huelga de la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública contra los recortes en Educación y a la convocada por los centros universitarios catalanes y las asambleas de estudiantes de las universidades públicas españolas, organizadas en la plataforma ‘Toma la Facultad’. Tras la convocatoria a la huelga del sistema universitario público catalán el 17 de noviembre, tres días antes de las próximas elecciones generales del 20-N, aprobada por la asamblea de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de las siete universidades públicas catalanas el 8 de octubre, las Asambleas de estudiantes de las universidades públicas de Madrid se han unido a esta convocatoria, así como las Universidades de Sevilla, Valencia, Almería, Cádiz, Córdoba y Valladolid. También León se une a esta cita.

Esta convocatoria denuncia los recortes en la universidad pública y las medidas mercantilistas y privatizadoras que impone la ‘Estrategia Universidad 2015’ del Gobierno y que se plasman en la subida de tasas universitarias: las segundas y terceras matrículas en una asignatura suben hasta cubrir el 50% y el 100% del coste real del servicio (que se estima en unos 8.000 €/curso). Esto significa terceras matrículas de unos 1.000 €/asignatura: una subida sin precedentes de los precios de las universidades que convierte la educación en un privilegio. Denuncia el nuevo modelo de gobernanza corporativa que se propone en las Universidades: una Junta de Gobierno formada por personas externas a la universidad, mayoritariamente grandes empresarios, que nombrará directamente al rector, y éste a los decanos de facultad, y éstos a los directores de departamento; lo cual supone un auténtico golpe a la autonomía universitaria y el gobierno unilateral de esta institución por parte de los grandes grupos de poder económico. Denuncia el fomento de rankings y la competitividad entre las universidades públicas y su diferenciación, ya que recibirán financiación pública extraordinaria aquellos proyectos de investigación más atractivos que obtengan resultados económicamente provechosos para ser apropiados por la empresa privada, lo que supone un traspaso de capital público al sector privado y donde se evaluará la pertinencia de las investigaciones en base a criterios de rentabilidad extracientíficos.

Esta convocatoria responde también a la llamada a la movilización y a la lucha ante la progresiva degradación de las condiciones de la educación universitaria pública. El recorte en los presupuestos aún mayor que se anuncia para las Universidades Públicas, de entre un 6% y un 10%, y que la Junta de Castilla y León ya lo ha transmitido a las Universidades de la región. En concreto a la Universidad de León estos recortes le suponen una reducción de un millón y medio de euros respecto a la asignación inicial para el año 2011 del presupuesto ya aprobado y los gastos comprometidos, en un contexto en el que en 2011 los campus universitarios públicos ya han sufrido un recorte general de unos 300 millones de euros.

Estos recortes afectan también a las condiciones de contratación del profesorado y del PAS, viendo como la Universidad de León echa a su profesorado asociado a la calle, profesorado de reconocido prestigio que aporta su experiencia profesional a la formación de nuestros estudiantes y que es el peor remunerado de toda la Universidad, cuando acaba el curso en junio y le vuelve a contratar en septiembre el mismo día que empiezan las clases, por no pagarles las vacaciones; lo cual no solo conculca un derecho históricamente conquistado, el derecho a cobrar durante el período de descanso vacacional, sino que afecta gravemente a la calidad de la docencia y a la formación y evaluación de los estudiantes, encontrándose con profesorado que les evalúa y que no ha sido quien les ha impartido la materia. De igual manera se ha generalizado el hecho de rescindir los contratos que se realizan al personal de administración y servicios durante los periodos de vacaciones.

Estos recortes también significan la no contratación de profesorado para atender desdobles de grupos matriculados que superan los 100 estudiantes, que no entran en las aulas universitarias o se hacinan en las mismas, llevando a algunos decanos y a profesorado a preguntarse: “¿dónde vamos a dar clase?, ¿en los aparcamientos?”. El problema es que las clases han empezado en la Universidad de León y se está repitiendo la masificación de las clases, que tantas veces se aseguró que se iba a erradicar con el nuevo Plan de Bolonia. Parece que la traducción del Plan Bolonia a coste 0 es aumentar las tasas universitarias y, a cambio, ofrecer peores condiciones y menos calidad docente.

Por eso la asamblea de la universidad de León se ha sumado a esta jornada de huelga educativa del 17 de noviembre, en la que ya actualmente han confluido las convocatorias de la plataforma de asambleas de universidades públicas del Estado, las asambleas de centros de infantil, primaria y secundaria, los sindicatos de educación, así como todas aquellas asambleas, plataformas y movimientos que se están movilizando contra los recortes al sistema educativo y en defensa de un educación pública, gratuita, laica y universal, con el lema “la educación no se vende, se defiende”. En León esta movilización aspira a sacar de nuevo a la calle a la comunidad universitaria y educativa contra los recortes sociales y en defensa de una Universidad y una Educación Pública de calidad de todos y de todas y para todos y todas.

La nueva gestión universitaria

Universidad-mercado

Asistí, perplejo, este miércoles 27 de mayo, a la reunión que convocó el Vicerrector de Profesorado de la Universidad de León con el fin de explicar su propuesta de Plan de Dedicación Docente del profesorado de la Universidad. Durante toda la exposición nos habló de costes y gastos. Determinadas cuestiones, afirmaba, “implican gastos que no podemos asumir”; otras, “generan gastos adicionales” implanteables, explicaba. Me pregunté si me había equivocado de reunión. Porque parecía que estaba asistiendo a la presentación de un balance de cuentas de una gran multinacional, en vez de la explicación de un plan de docencia del profesorado de esta Universidad. El criterio fundamental que allí se barajaba era el económico. La preocupación recurrente parecía ser el “equilibrio presupuestario”. La prioridad se había convertido en “hacer más con menos”. Éste parecía ser el nuevo lema. Esto es lo que vienen denunciando desde hace meses los estudiantes ante el plan Bolonia: la mercantilización de la Universidad.

En este modelo se impone una forma “lógica” de gestión de las universidades proveniente del mundo mercantil. Una gestión por objetivos y rendimientos, donde los gestores universitarios están asumiendo que la universidad debería gobernarse como una empresa privada. La realidad es que se quiere gestionar la Universidad de forma mercantil con reducción de gasto a costa de calidad de la enseñanza y de las condiciones laborales del profesorado. Se quiere recortar gastos haciendo un ajuste de plantilla mediante la reducción del número de profesores y profesoras asociados (cuya finalidad, curiosamente, era lo que propone el Plan Bolonia, de vincular más la universidad y la sociedad: acercar el mundo real al ámbito universitario, desde su experiencia como profesionales).

¿Sobre quién va a recaer fundamentalmente toda la docencia que dejan? No sólo sobre los profesores y profesoras titulares de escuela, que en este Plan de Dedicación Docente se les quiere aumentar exponencialmente su carga docente (¿cómo van a poder investigar e innovar en esas condiciones?), sino también sobre todo el resto del profesorado, a la larga. Pero empiezan por el “eslabón más débil”. No sólo supone una precarización de las condiciones laborales y un retroceso en los derechos conseguidos, sino una intensificación del trabajo del sector de profesores y profesoras de la Universidad que ya más docencia imparten. Esta no es la mejora de la calidad que nos prometían con el Plan Bolonia. Esta no es la “promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad”, objetivo central firmado y suscrito en la Declaración de Bolonia.

Esta nueva gestión, como ahora se denomina, crea además muchos más conflictos en la dinámica interna del profesorado, en donde unos y otros vamos a comenzar a enfrentarnos entre nosotros, tratando de que caiga sobre los otros la presión. Una reforma como la que se propone no puede ser a coste 0. ¿Por qué siempre el coste 0 es para los mismos y para lo mismo: educación, sanidad, etc.? Ya es hora que nuestros rectores empiecen a luchar y reivindicar de forma efectiva por recursos públicos para las universidades públicas, y no que se destine el dinero de nuestros impuestos a otros menesteres: rescatar bancos, empresas de automóviles, etc.

Queremos que “rescaten” las Universidades Públicas y destinen todos los recursos necesarios para que sean de calidad. Para que haya grupos realmente pequeños, para poder tutorizar, para que se haga investigación de calidad, para que haya innovación, para que el profesorado se pueda dedicar realmente a la docencia y a la investigación sin tener que estar dedicando parte de su tiempo a luchar, cada vez que a alguien se le ocurre hacer una reforma a coste 0, porque se le recortan sus ya escasos derechos laborales.

Recordemos que “primero, vinieron a por el personal de administración y servicio, pero como no lo éramos, no hablamos cuando lo privatizaron; después vinieron a por los estudiantes, y no hablamos porque tampoco lo éramos; ahora vienen a por nosotros, pero ya no queda nadie para luchar junto a nosotros y nosotras, ¿o sí?…”. Quizás es la hora de que el profesorado y toda la comunidad universitaria cuente y se le escuche en el Plan de Bolonia que queremos.

¿No sería mejor que los rectores y las rectoras de las Universidades se negaran a gestionar la miseria? ¿No sería más adecuado que se unieran para hacer frente a una reforma a coste 0? ¿No defenderían mejor la Universidad Pública si, en vez de imponer condiciones laborales leoninas a sus compañeros y compañeras, que repercuten en la calidad docente, para ajustarse a un presupuesto insuficiente, aprendieran de los estudiantes y exigieran una reforma consensuada con toda la comunidad universitaria y suficientemente financiada? Si unos cuantos rectores y rectoras de nuestras Universidades se “encerraran”, dimitieran o simplemente se negaran taxativamente a aplicar esta reforma, exigiendo una auténtica reforma financiada y consensuada, como han hecho los rectores franceses, “otro gallo cantaría”. Quizá entonces las Administraciones educativas, que nos están imponiendo este Plan Bolonia, se lo pensaran.

Es así como nos gustaría ver a nuestros equipos rectorales, defendiendo los derechos de las comunidades universitarias y no defendiendo costes 0, criterios económicos de reducción de plantillas, intensificación y precarización de condiciones laborales que nada tienen que ver con construir una universidad realmente al servicio de toda la sociedad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa y más comprensiva.