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14 razones para retirar el proyecto de reforma educativa

La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Eso sí que sería aumentar en calidad y equidad nuestro sistema educativo.

Pero las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa se concretan en recortes de -5.212 millones desde que el PP ha empezado a gobernar, y un compromiso con Bruselas de recortar otros 1o.000 millones hasta 2015 hasta rebajar al 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.

Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, justificando un modelo educativo ideológico que nos lleva de vuelta al sistema de enseñanza franquista. Por eso los sectores progresistas de este país y buena parte de la comunidad educativa han ofrecido suficientes razones al Ministro Wert para que retire este proyecto de reforma educativa.

1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.

2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.

3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo. Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.

En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.

5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.

6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.

7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”.

8. Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles.  Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.

9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.

10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, la ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.

Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.

11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.

Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.

12. Es una ley profundamente antidemocrática. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.

13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública.  Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.

13. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.

14. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.

En definitiva, esta ley lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos.

Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.

Por eso creemos que hay suficiente razones para exigir la retirada y devolución al gobierno de este proyecto de ley por ser una ley que expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas, promoviendo un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Es necesario la apertura de un período de estudio previo riguroso sobre las causas reales de los problemas de nuestro sistema educativo y un verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo que contribuya a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.

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El talento de Mr. Wert

Publicado en El País

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común

El Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, ha conseguido, contra viento y marea y con la oposición de toda la comunidad educativa, llevar a trámite parlamentario su reforma educativa, que él ha denominado eufemísticamente “ley orgánica de mejora de la calidad educativa” (LOMCE). Y digo eufemísticamente, porque es un proyecto de ley que, en clara contradicción con el título que proclama, es una reforma profundamente clasista y segregadora.

Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y común, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores según el “grado de talento” que alguien determine en un momento dado que un niño o una niña posee.

El término “talento”, infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, es un vocablo recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley. Se orienta en un sentido innato y selectivo, que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida, lo que falla es la capacidad para saber motivar y entusiasmar a las personas en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, en contra de toda evidencia científica, Mr. Wert, en el preámbulo de su proyecto de ley, afirma que “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para desarrollar una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades”.

Lo primero que habría que preguntarse es quién va a determinar el supuesto grado de talento que tiene un niño o niña y en función de qué criterios y parámetros. Con qué pruebas. En qué momento de su evolución y desarrollo. De hecho, la mayoría de expertos y expertas plantean que, en caso de poder diseñar ese tipo de pruebas que “midan” el talento, este modelo supondría una vuelta al denostado constructo de “coeficiente intelectual”, que ya la ciencia ha demostrado reiteradamente su inadecuación para captar la naturaleza cualitativa, multidimensional, en permanente desarrollo y no mensurable de la inteligencia humana. Además de que hace tiempo ya se han cuestionado las pruebas que se aplicaban para medirlo, pues suponen una visión cargada de prejuicios y distorsionada, que tiende a reflejar la cultura y las prioridades de la persona que las diseñó.

Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, o que unas personas tienen talento para llegar al nivel de educación obligatoria y otras personas tienen talento para seguir estudiando hasta el nivel universitario, o que algunas tienen talento sólo para trabajar en lo manual y otras tienen talento para dedicarse a labores intelectuales. Incluso, aunque así fuera, está sobradamente demostrado que es un prejuicio ideológico, marcado por una concepción clasista y segregadora, concebir que la educación no puede potenciar, modificar o desarrollar las capacidades o “talentos” de las personas. Considerar que la educación se debe reducir a “descubrir” el supuesto talento de cada persona y dedicarse a “clasificarlas” y colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado, es un claro prejuicio acientífico marcado por una ideología profundamente clasista. Porque detrás de esta búsqueda, etiquetamiento y clasificación de los supuestos “talentos diversos” lo que hay es una clara intención de colocar a unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo.

Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a las personas con diversidad psíquica o funcional no se las educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil y un despilfarro de recursos, pues no tenían “talentos aprovechables”. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos “talentos”, que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que afirma, en contra de la investigación y la experiencia en este campo profesional, que lo adecuado es clasificar a las personas para dar a cada una una vía diferente según el juicio que alguien determina en edades tempranas de los niños y niñas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar.

Ya hace más de dos décadas, Howard Gardner cambió la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples, afirmando que todos las personas tienen la capacidad de aprendizaje y de desarrollo potencial de su inteligencia, y que ésta no es algo unitario e inamovible, sino que es vista como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, para resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Lo mejor que tiene la propuesta de las inteligencias múltiples es que demuestra que todos y todas podemos y debemos desarrollar todas nuestras inteligencias puesto que todos poseemos, en mayor o menor medida, todas las inteligencias.

Lo que la escuela debe contribuir, por tanto, es a desarrollar la capacidad de entusiasmar a todos los jóvenes por el aprendizaje, proponiéndoles actividades y experiencias motivadoras y unos contenidos apasionantes que les adentren en la aventura emocionante de comprender la realidad y descubrir el saber. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar todas sus inteligencias múltiples y diversas hasta el máximo de sus potencialidades.

El talento de Mr. Wert lo que pretende, en definitiva, es excluir a una determinada parte de la población que ha sido incluida en el sistema educativo en los últimos treinta años. Para esto sí que tiene talento Mr. Wert. Para vendernos la segregación por “talentos”, utilizando algo fundamental en el campo educativo como es la atención a la diversidad. Por eso debemos decirle muy claramente al Ministro de Educación que atención a la diversidad, sí; segregación por “talentos”, no.

Capitalismo Mon Amour: Más allá de Wert

La reforma educativa del ministro Wert ha optado por convertir el “emprendimiento” en un programa estrella que se trabajará en todas las áreas en la ESO. Elimina los contenidos referidos a los derechos humanos y la igualdad de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, sustituyéndolos por la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor con su nueva asignatura Educación Cívica. Considera que no son apropiados los contenidos de la anterior asignatura, donde se analizaban las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, y ha optado así por eliminar cualquier alusión a los conflictos sociales y las desigualdades que se dan en nuestra sociedad.

A cambio extenderá por ley los programas de emprendedores que, desde infantil hasta bachillerato y FP, la mayor parte de las comunidades autónomas de gobiernos conservadores ya han puesto en funcionamiento. La ingente cantidad de recursos invertidos en estos programas están dando resultados. Así lo asegura el consejero de educación de Murcia que presentó un estudio según el cual la mitad del alumnado de la comunidad autónoma de la región de Murcia quiere ser empresario. Es más, el consejero quiere extender la formación empresarial a todo el profesorado para que los docentes puedan enseñar en valores emprendedores desde cualquier área del currículo. En Aragón se trata de realizar un proyecto de empresa viable con el apoyo de ocho talleres formativos en los que se enseña desde cómo detectar oportunidades de negocio hasta las herramientas de marketing online.

En Castilla y León se han volcado la Junta, los Ayuntamientos, las Diputaciones en promover este tipo de programas e iniciativas como el “Programa Educativo Pequeños emprendedores” cuyo hilo conductor es la “creación y gestión de una empresa escolar por parte de alumnos del tercer ciclo de primaria”. El programa oficial de la Junta, Educar para Emprender, con varios proyectos (Vitamina E y Aprende a Emprender) adaptados a cada etapa educativa de Primaria, ESO, Bachillerato y FP, se desarrolla con empresas y cámaras de comercio que incluso ya han elaborado materiales didácticos.

Uno de estos materiales, que el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León ha señalado su intención de introducir en los centros escolares, es el libro titulado Mi primer libro de Economía. Libro elaborado por una directora de la entidad financiera especializada en productos de inversión, “Inversis Banco”, que tiene entre su accionariado a Bankia. Este libro, subtitulado ¡ahorro e inversión!, no enseña a los niños y niñas a desentrañar las causas de esta crisis que pagamos el 99% de la ciudadanía para que puedan seguir enriqueciéndose ese 1% que se dedica a las finanzas especulativas. Este manual no habla de una economía al servicio del bien común. Parece que ya desde infantil se quiere enseñar a nuestros hijos e hijas a “invertir” en el mercado financiero, generando ya futuros “clientes cautivos” adiestrados en fondos de inversión, rentas variables y aquellos productos que venden estas entidades de especulación. Aprenderán a conocer a la “prima de riesgo”, el funcionamiento de la bolsa, el ciclo de la inversión. Normalizarán así estos contenidos, se entrenarán en estas destrezas y competencias y aprenderán los valores propios del mundo de la especulación y el pelotazo bursátil. Una gran inversión de futuro. Porque como explica la propia autora, el objetivo no es otro que “acercar la cultura financiera para que sea accesible a niños de entre cinco y ocho años de edad. El libro busca formar con una base sólida a los futuros consumidores y ahorradores”.

Por eso ya no nos extraña que el PP, ante las denuncias interpuestas por los Inspectores de Hacienda, acusando al gobierno de que su amnistía fiscal ha servido para blanquear dinero obtenido ilícitamente (el caso Bárcenas es el más conocido), ha presentado una iniciativa parlamentaria para que los niños y niñas reciban educación financiera y tributaria en los colegios. Parece como si el PP hubiera hallado la solución al fraude enseñando fiscalidad a los niños desde los 11 años e introduciendo “conocimientos tributarios” en el currículo educativo.

Pero si “conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos” figuraba en el temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, esta propuesta debe tener otra finalidad cuando se propone la eliminación de esta asignatura. Sostiene el PP que con esta formación cumplirán con Hacienda al ser mayores, y se evitará así la corrupción al conocer sus obligaciones fiscales. Pero para no defraudar no es necesario tener formación fiscal, sino moral. Porque, como dice Rosa Montero, enseñar trucos fiscales a los niños sólo conseguirá convertirlos en unos defraudadores más competentes.

La propuesta plantea que “los niños de entre 11 y 18 años podrán entender y familiarizarse con conceptos como el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca” para que puedan administrar “competentemente sus propios recursos”. De tal forma que, al final de la Educación Secundaria, puedan “gestionar competentemente este ámbito de sus vidas, alentando a los ciudadanos a invertir sus ahorros de forma eficiente”, reduciendo los riesgos de exclusión financiera, dice la Proposición no de Ley presentada por la diputada popular Matilde Asian. Esta diputada ha inventado un nuevo concepto: la exclusión financiera, de forma paralela a lo que es la exclusión social. Parece como si quien no invirtiera en la especulación, corriera el riesgo de ser un “excluido financiero”. Un riesgo que hay que prevenir cuanto antes, a través de la educación pública. No sólo formar a los niños y niñas para ser empresarios, sino para que sepan invertir en bolsa y no corran el riesgo de ser excluidos… de las finanzas.

Hemos pasado así de aquellas transversales de “educación para la igualdad”, “educación para la convivencia”, etc., a estas nuevas transversales de “educación para el beneficio” y “educación para la especulación”. ¿Acabaremos construyendo un país de empresarios especuladores? Ya lo decía la bruja Averías: ¡viva el mal, viva el capital!

De la fusión universitaria a la fisión académica

Desde 2011 el Gobierno central ha pasado a los autonómicos la exigencia de una reforma del “Mapa de Titulaciones universitarias”. La Junta ha decidido iniciar este mapa suprimiendo 12 titulaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León y fusionando otras muchas. Cerca de 50 carreras universitarias se ven afectadas en nuestra Comunidad por este nuevo recorte de la Junta de Castilla y León a lo público. Por supuesto, la Junta lo vende no como recorte, sino como “ordenación” o “racionalización”.

Es la nueva neolengua utilizada por el Partido Popular. Como en la famosa novela de George Orwell, 1984, donde malo se nombra como nobueno o terrible se convierte en doblemásnobueno. El objetivo de crear tal lengua era hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios de la neolengua.

Así el Consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, insiste en que esto no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y racionalizar. Es más, se toman estas medidas para salvar esas titulaciones. No sólo no las recorta, sino que las salva, según él. Es como si quisiera imitar a Humpty Dumpty , el personaje de la Alicia de Lewis Carroll que afirmaba con aire desdeñoso: “Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga”. En las ruedas de prensa, este nuevo mago del lenguaje, ha r ecalcado insistentemente que no está suprimiendo o quitando titulaciones, sino “modificándolas para impulsarlas y en el futuro incorporar nuevas”.

Porque con el nuevo Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Grado y Máster de la Junta, en la supresión de titulaciones habrá excepciones, como las titulaciones que la Junta considere «estratégicas» y aquellas con las que «se tendrán en cuenta otras cuestiones». La arbitrariedad está servida.

Por eso no es de extrañar ya los agravios comparativos que empiezan a proliferar entre los distintos campus de Castilla y León y que están haciendo que las diferentes Universidades de nuestra autonomía se enfrenten entre ellas acusándose de tratos de privilegio o de ser tratadas de forma diferente por la Consejería de Educación.

De esta forma nos encontramos que en unos casos se van a fusionar titulaciones mediante lo que el Consejero denomina “estilo candelabro”, mientras que otras tendrán que fusionarse pero sin candelabro; y, a su vez, otras se fusionarán como dobles titulaciones. Pero ésta es justamente la discusión en la que nos quiere meter, la Junta. Luchar y enfrentarnos entre las universidades por si a unas les dejan más que a otras, o si a algunas les obligan a hacer fusiones de un tipo o de otro. De esta forma ocultan la pregunta fundamental: por qué hay que fusionar titulaciones. A qué obedece de repente este afán y urgencia por eliminar titulaciones de las universidades públicas.

Porque estos recortes, como la mayoría de los recortes a los que nos quiere ir acostumbrando el PP, aunque los disfracen en la neolengua con argumentaciones de mejora de la calidad y de racionalización, no están basados en ningún estudio ni investigación contrastada. Son las ocurrencias y exigencias de recortes que se imponen a la comunidad universitaria. Ya lo han explicado claramente: «Si hay acuerdo maravilloso», pero que «si no lo hay» su departamento decidirá qué titulaciones se eliminan porque están «convencidos» de que es lo que tienen que hacer estos nuevos líderes de la empresa universitaria, olvidando el logro democrático y de acceso que supuso la extensión regional de la universidad.

Mientras, los estudiantes de nuestra comunidad se están marchando a Oviedo, a Galicia o a Francia que tienen universidades con tasas mucho más baratas. A la vez que otros muchos alumnos y alumnas se dan de baja en la matrícula de este curso por la brutal subida de tasas que ha establecido la Junta de Castilla y León. En esto sí que somos campeones. Hemos conseguido la medalla de bronce, porque somos la tercera Comunidad que más ha subido las tasas en las universidades públicas, encareciéndolas un 42%. No es de extrañar que el volumen de estudiantes matriculados se haya reducido un 14,6% en el comienzo de este curso. Pero con el recorte añadido de 50 millones de euros a las becas, que ha decretado el PP para este año, cientos de alumnos y alumnas están anulando sus matrículas estos días, cuando les viene denegada la beca que solicitaron. Es la tormenta perfecta. Nos quedamos sin alumnado por la subida de tasas, por el recorte de becas y obligando a estudiantes a que emigren; esto provoca que las Universidades Públicas se encuentren con titulaciones que se están quedando sin matrículas de alumnado; lo cual se aprovecha para recortar titulaciones porque se dice que no hay alumnado. Un admirable círculo vicioso que se convierte en la coartada perfecta para su recorte y eliminación.

Además, esta fusión de titulaciones supondrá recortes de profesorado, aunque lo nieguen, al haber menos carga lectiva. La actual normativa autoriza EREs (Expedientes de Regulación de empleo) a entidades y organismos públicos en situaciones de déficit y reducción de actividad. Y en universidades como las de Salamanca y Valladolid ya se ha eliminado profesorado asociado, reasignando la correspondiente docencia para completar la carga lectiva de los Departamentos.

Estamos pues en el punto de inicio de la fusión. Parece que avanzamos hacia el punto final de la fisión académica. Recortes de recursos, de titulaciones, de profesorado… Parece que están experimentando en nuestra Comunidad el punto de ebullición de la comunidad universitaria para ver hasta qué punto es capaz la Universidad pública de ser desmantelada sin protesta ni lucha. Porque el silencio de los rectores de nuestra Comunidad ante esta oleada de recortes es como el silencio de los corderos en el matadero, ya que alguno incluso alguno de ellos justifica la necesidad e inevitabilidad de los mismos. Ya se han olvidado de que son rectores de toda la Universidad, de todas las titulaciones y también de aquellas que tienen una función social, no sólo una rentabilidad económica.

Pero lo más sorprendente es que mientras se recortan las universidades públicas, crecen simultáneamente las universidades privadas (ya superan actualmente al número de públicas), y presionan al Consejero para “implantar nuevas titulaciones”. Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública y quienes se van a ver beneficiadas de este nuevo recorte en lo público. Una nueva privatización del sector público diseñada desde los organismos públicos de nuestra Comunidad a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía.

¿Es posible un pacto educativo? La nueva epifanía de la LOMCE

La educación es una materia siempre controvertida en cualquier política gubernamental pues conlleva una carga ideológica profunda respecto a la visión que transmitimos a las futuras generaciones de lo que se considera el patrimonio común y de cómo se ha de construir la sociedad y la civilización humana.

Por eso es tan radicalmente difícil llegar a un “pacto educativo” que concite concepciones tan diferentes sobre el ser humano y el tipo de ciudadanía y civilización que ha de construir para conseguir un mundo más justo y mejor. De hecho, desde los sectores conservadores y neoliberales ni siquiera se plantean que haya que construir un mundo más justo y mejor. Es más, en el fondo sigue latiendo el modelo tradicional que únicamente se renueva en la terminología con el “neolenguaje orwellino” inaugurado por el PP que habla de “ajustes” para evitar el término “recortes” o “centros de iniciativa social” para ocultar que se refiere a colegios privados.

El sector neoliberal sigue convencido de que unos (los suyos) sirven para estudiar y otros para trabajar. A éstos hay que derivarlos cuanto antes hacia el mercado laboral, pues atenta contra la eficacia dilapidar esfuerzos y recursos en quien no quiere o no puede aprovechar las oportunidades que se le dan, aquellos que más dificultades presentan en el proceso de aprendizaje. Esto es lo que ahora denominan “atender a los talentos” de cada uno. Por supuesto, sus hijos e hijas y los de su clase social son los que sirven para estudiar, los que tienen talento para el éxito escolar –aunque sea a base de pagar cientos de horas de clases particulares-, mientras que los otros lo tienen para el trabajo manual –los destinados a la formación profesional o a los itinerarios basura, vía para expulsarles cuanto antes a un mundo laboral de precariedad, temporalidad y rotación-.

El sector conservador, por su parte, garante de claros y firmes principios morales, aborrece materias que puedan adoctrinar a las futuras generaciones en valores tan poco recomendables como el reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual. No quieren hacer zozobrar a las futuras generaciones abordando contenidos tan controvertidos como las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, ni que haya alusiones a los conflictos sociales y las desigualdades de nuestra sociedad. Para ellos es clave recuperar los “valores de toda la vida”, como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza, el fomento del espíritu empresarial o la moralidad de los postulados de la iglesia católica que transmite la asignatura de religión católica, que esa sí debe estar en todos los centros como materia dura y evaluable desde educación infantil. Sólo así consideran saldrá una juventud formada y recta.

El sector neoliberal, que tiene una fe inquebrantable en la libre regulación del mercado y la desaparición del Estado (excepto cuando les tiene que rescatar), apuesta por externalizar los servicios educativos a sus empresas, privatizar la gestión de los centros educativos públicos o regalar el suelo público a sus empresas privadas para construir negocios educativos. Creen firmemente en su propio dogma: la gestión privada, que estimula la iniciativa espoleada por el lucro y la ganancia individual, gestiona mejor y de forma más eficiente que la gestión pública y común de los bienes y derechos colectivos. Es un mantra que a fuerza de repetir constantemente repiten reiteradamente ya ni siquiera cuestiona la “creativa” conducta de su santo patrono Díaz Ferrán, ni la “intachable” actuación de Lehman Brothers. Además, para el sector neoliberal, la proliferación de centros privados ofrece la oportunidad de excusarse en la “libertad de elección” para esconder su rechazo a educar a sus hijos con los que no son de la misma clase. Porque detrás de muchos argumentos a favor de la libre elección de centros privados subvencionados, más que fervor liberalizador, lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social.

El sector conservador que tradicionalmente abogaba por “la letra con sangre entra”, ahora lo traduce en la eufemísticamente denominada “cultura del esfuerzo”. Pero, en el fondo, sigue siendo la misma idea: cree profundamente en el esfuerzo y el sacrificio. Por supuesto, el “sacrificio de los otros”, pues hace mucho tiempo que inventó el concepto de “hipocresía”, sabiendo que era a los demás a quienes había que pedir que tuvieran una “vida ejemplar de sacrificios y esfuerzos”, mientras que los suyos sabían que tenían reservados toda clase de “placeres” si aparentaran rectitud y una vida “intachable”. Por eso no tienen ningún empaque en exigir que la educación se convierta en un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, transformando el apasionante acceso al conocimiento en un auténtico viacrucis. Para ellos es un sinsentido buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el aprendizaje. Hay que volver al tradicional modelo de enseñanza basado en la presión de los exámenes y las reválidas, frente a ese modelo educativo “liberal” centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Un viacrucis selectivo donde en cada estación vayan cayendo aquellos que no se sacrifican con suficiente entusiasmo en el ara del esfuerzo y la adaptación al sistema. Condenados por su propia falta de sacrificio. Culpables, al fin.

El sector neoliberal, por su parte, defiende con entusiasmo aplicar la teoría de la competitividad darwinista a la educación. Así los centros educativos tendrán que aprender a competir entre ellos, anunciando en el mercado de consumo su especialización y sus logros en los rankings que se publicitarán, como si de una liga de fútbol se tratase. Lógicamente los centros educativos sufrirán el denominado “efecto mateo”, aludiendo a la parábola de los talentos en el evangelio: aquellos centros que tienen mejores resultados, alcanzan la excelencia, se le dará más financiación y tendrán en abundancia, pero a los que no tienen buenos resultados y se encuentran con más dificultades, se les quitará aun lo poco que tienen. Es la ley del mercado. Aquellos “productos” más demandados son los que tenemos que reforzar y expandir su consumo. Sobrevivirán los más fuertes, los que mejor se adapten. Los centros tendrán que luchar y competir por estar en la parte más alta posible del ranking, dedicando el tiempo escolar de forma eficiente a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permita estar en primera división, no sea que las familias ya no les elijan y la financiación se recorte. Ya no se tratará de qué puede hacer el centro escolar por el alumno o alumna que entre en él, sino qué puede hacer el alumno o alumna por el centro escolar para que suba y no baje en el ranking. Lógicamente los mejores centros, en este modelo selectivo darwinista, tenderán a desembarazarse de aquel alumnado que pueda poner en peligro su clasificación en el ranking: alumnado con diversidad, de minorías o con dificultades de aprendizaje.

Este es el nuevo mundo, la nueva epifanía educativa, que nos anuncian neoliberales y neoconservadores en la actual LOMCE. ¿Es posible, por tanto, un pacto educativo?

No hay posibilidad de un pacto educativo al margen de ideologías. Toda concepción educativa, como hemos visto, conlleva una ideología. En esto está de acuerdo toda la comunidad científica internacional. Pero ¿hay mínimos básicos en los que incluso los sectores neoliberales y neoconservadores podrían compartir? Las veces que se ha intentado, la última con el anterior Ministro Gabilondo, lo que se constató es que sólo es posible hablar de pacto si se cede incluso en los mínimos básicos a sus postulados. Un ejemplo de ello fue que el propio Ministro acabó asumiendo que el Sistema Público Educativo debería integrar también el sector privado subvencionado con dinero público, algo que consagraba y establecía taxativamente como algo definitivo y en situación equiparable la doble red de centros públicos y privados-concertados (que fueron creados de forma provisional para llegar donde lo público no llegaba). No es de extrañar que en la actual LOMCE el PP avance aún más en este sentido y postule ya la subsidiariedad de lo público respecto a lo privado. Es decir, convierte la educación pública en subordinada y dependiente de la educación privada subvencionada, estableciendo que la programación de la educación obligatoria tendrá que tener en cuenta la oferta de centros privados concertados existente además de la demanda social. Se suprime así la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

Es, por lo tanto, muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren reducir el período de enseñanza obligatoria, excluyendo a una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc. Es muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren reformular el principio de gratuidad de un derecho social como es la educación mediante el repago, los cheques, la deducción fiscal, la subida de tasas, etc. Es muy difícil hacer pactos educativos con quienes quieren consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada, mediante la equiparación de la privada subvencionada, la cesión de suelo público a empresas privadas, la explotación de centros públicos por negocios inmobiliarios, etc., etc.

Sólo sería posible un pacto educativo si los sectores neoconservadores y neoliberales, en vez de tratar de imponer a golpe de decreto medidas contra la evidencia empírica de que dispone la comunidad científica internacional, se avinieran a acordar unos mínimos, líneas rojas básicas acordadas ya hace tiempo entre los profesionales y expertos del mundo educativo.

La extensión, consolidación y reforzamiento de una red suficiente de centros de titularidad y gestión pública que garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho universal a la educación en todas las etapas educativas en condiciones de igualdad. Una apuesta por una educación plural y crítica, laica, participativa, coeducadora, intercultural, inclusiva, compensadora de las desigualdades sociales y gestionada democráticamente. Que busque la calidad manteniendo la equidad, garantizando el derecho de todos y todas a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente, sea cual sea su procedencia social o cultural. Que para ello, tenga recursos suficientes para atender de forma personalizada la diversidad del alumnado, lo cual implica una rebaja sustancial de ratios o de horas lectivas del profesorado, elementos que influyen poderosamente en las actuales tasas de abandono y fracaso escolar, como demuestran todos los estudios e investigaciones internacionales. Que conciba la evaluación como estrategia de mejora y no como mera “medida de resultados” del alumnado para establecer rankings o clasificaciones de centros. Una educación cuyos contenidos sean científicos y sirvan para el desarrollo humano, dejando las enseñanzas confesionales fuera del currículo y del horario lectivo. Con una formación profesional ampliada y equitativa de todas las familias profesionales, en función de su rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata de las empresas, no permitiendo prácticas que supongan convertir al alumnado en mano de obra barata. Diseñando una formación inicial que motive y fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo para convencer y de negociación para resolver conflictos. Con una gestión democrática y participada de forma efectiva por toda la comunidad educativa. Sin olvidar un modelo de Universidad pública que no está supeditada exclusivamente a los intereses del mercado; donde la transferencia del conocimiento tecnológico financiado públicamente sea de dominio y servicio público; con una gestión democrática y participativa y con una financiación pública suficiente para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio, que permita el acceso sin discriminación social.

Estos mínimos si se quieren pactar conllevarían inevitablemente una ley de financiación del sistema educativo, que garantizara la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, asegurando que se alcanzara el 7% del PIB en gasto público educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. El problema es que la Ley de Wert va justamente en dirección opuesta.

Por qué iré a la huelga general el 14 de noviembre

Participaré en la Huelga General y de movilización ciudadana del 14N, que también se hará en Malta, Chipre, Portugal, Italia y Grecia porque no quiero que mi silencio no sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo el Gobierno del PP, siguiendo los dictados de la Troika.

Yo participaré en esta huelga general para alzar mi voz y luchar contra unos recortes que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los derechos sociales y laborales que nos quedaban tras las reformas laborales del PP y del PSOE, mientras se mantienen unas políticas que sólo benefician a las clases sociales más pudientes.

En educación han recortado el presupuesto de la pública en más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.

En sanidad han eliminado la universalidad, abriendo la puerta a la exclusión en la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, dejando de ser la salud un derecho para convertirse en un privilegio. Han establecido el re-pago sanitario en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas de personal en todos los hospitales públicos y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.

Han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.

Han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren retrotraer la ley del aborto al año 85 cuando abortar era un delito en cualquier supuesto y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas contrarias a las libertades públicas propias de una dictadura militar, estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero si alguien lo graba y lo difunde sí que lo es; que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado implica hasta seis meses de prisión. Protestar por ello, interrumpiendo el transporte público, puede conllevar hasta dos años de prisión y si además te “resistes” a la autoridad en una protesta, hasta cuatro años de prisión. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero convocar manifestaciones para denunciar que el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral puede acarrear hasta un año de prisión. Están provocando así un deterioro de la calidad de nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles, imponiendo censuras que nos retrotraen a épocas preconstitucionales.

Han diseñado políticas basadas en la reducción del déficit, pactado constitucionalmente por PP y PSOE, que han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad…) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se producen 512 procedimientos de desahucio al día.

Han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y han congelado el IPREM (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los funcionarios les han recortado un 30% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años.

Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las sociosanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales cuyas consecuencias anticipan una sociedad cada vez más descohesionada y fracturada.

Mientras, han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses. Mientras, han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica. Mientras, mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas y deja que tributen al 1% con las SICAV. Mientras, les ha bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas. Mientras, los accionistas de las empresas españolas gestoras del Banco Malo tributaran un 5% menos de lo que les corresponde y el capital extranjero que participe del Banco Malo no pagará impuestos en el Estado Español. Mientras, no quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la actual situación de crisis, así como a quienes debían vigilar las actividades financieras y bancarias y permitieron que el expolio se prolongase durante años.

Por todas estas razones yo participaré en esta huelga general política. Porque claro que es una huelga política. Porque queremos que otra política sea posible. Una política que no permita este saqueo de lo público y que no haga cargar las consecuencias de una crisis organizada por los banqueros y las multinacionales, el 1%, a costa de las espaldas de la ciudadanía, el 99%.

Porque este sistema político y económico es injusto, es un saqueo de los bienes públicos al servicio de los capitales y no de las personas y del bien común. Por eso yo estaré el 14N apoyando y participando en los diferentes actos programados para ese día y no consumiendo tampoco, porque el 14N es también una Jornada de Lucha Ciudadana en la que exigimos otra política, porque hay soluciones justas y alternativas para salir de esta crisis social.

Sólo habrá educación para el que la pague

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan todavía más el presupuesto destinado a educación que los brutales recortes de los presupuestos del 2012 y tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la Ocde en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos del 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Lo cual ha ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado y brutal reducción de plantillas, mientras que estos presupuestos del 2013 mantienen intacto el número de altos cargos en la Administración).

El presupuesto de Educación para 2013 cae en otros 236 millones de euros. Las partidas destinadas a Educación en los PGE para el ejercicio 2013, ascienden a 1.944,73 millones de euros, un 14,4% menos que en el ejercicio anterior, que se destinaron 2.270,90 millones de euros. Esta reducción está muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios: un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio.

Se recortan 50 millones menos para becas y ayudas al estudio. Lo sorprendente han sido las declaraciones del gobierno, afirmando que ha aumentado la ayuda a los estudiantes en los presupuestos generales del 2013. Los datos demuestran que se ha reducido un 3.8% (sólo sube un tipo de ellas y en una cantidad ridícula: 23 millones, que corresponden a la compensación a las universidades por las matrículas gratuitas).

Se aplica un recorte brutal en Educación Especial y Compensatoria. Los programas de atención al alumnado con necesidades especiales (13,5 millones de euros) han desaparecido y Educación Compensatoria pasa de 169,8 a 53,3 millones, recortándose un 68.5%

Han recortado también en programas fundamentales: el programa de deporte en edad escolar y en la universidad, que disminuye un 86,1%; el de enseñanzas artísticas, con una reducción del 27,2%; el de cooperación, promoción y difusión cultural, con un descenso del 24,3%; y el de formación permanente del profesorado, con un 18,2%. Los programas de educación en el exterior, con un recorte del 7,8%; las transferencias internas, que se recortan el 5,5%, y el programa de Educación Infantil y Primaria que, tras el recorte del 36,5% de este año, se recorta aún más con otro -4,4%.

Más recortes aún en los programas en Universidad e I+D+i: se recortan un 18,2% y el 14,4% en la investigación científica, a pesar de que el Gobierno esté diciendo lo contrario.

Desaparecen multitud de programas: 1) educación permanente y a distancia no universitaria, 2) nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 3) el destinado a la investigación y evaluación educativas, 4) los programas de cooperación con las comunidades autónomas. Incluso en estos presupuestos parece que hay un claro ataque a las enseñanzas artísticas, con un recorte del 27,2%, lo cual se relaciona con la arbitraria eliminación del Bachillerato de artes escénicas en el Anteproyecto de Ley de Reforma de Wert.

Se recorta también el 38,3% en Educación Secundaria y Formación Profesional, que pasa de 175,8 a 108,5 millones de euros, lo que afecta esencialmente a la Educación pública en Ceuta y Melilla, cuyas competencias ejerce el propio Ministerio.

Además, los nuevos presupuestos introducen por tercer año consecutivo otra congelación salarial para los funcionarios docentes que, sumada a los recortes que han padecido desde mayo del 2010, a las congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del IRPF, suponen ya una merma de retribuciones superior al 20% de media, lo que vuelve a situar a la profesión docente entre las más castigadas por la crisis económica, ya que a la reducción en sus retribuciones se suma la enorme supresión de plazas de personal, junto al ataque a derechos laborales consolidados.

En conclusión podemos constatar que si en el 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi de 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en el 2013 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Todo ello revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Por eso la comunidad educativa nos preguntamos: ¿Cómo se puede mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso escolar, mientras se reduce drásticamente la inversión y se ataca a los docentes? Quizá la pregunta correcta sería: ¿Lo que se busca no será precisamente eso: degradar la Educación pública y promover el negocio educativo? La respuesta está en los datos.

Quizá habría que recordar al gobierno aquel viejo refrán que decía «dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón». En este caso habría que traducirlo por dinos dónde pones nuestro dinero –parece que lo destina a rescatar a los bancos causantes de esta crisis- y te diré que tus declaraciones «de corazón» sobre la importancia de la educación son, a los datos nos remitimos, mentira.

Decálogo para abortar la ley Wert

El Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) del PP es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde.

Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales.

Se plantea sin financiación y tras brutales recortes, que se ahondan aún más en los Presupuestos Generales del Estado del 2013, con un recorte añadido del 14,4% y 50 millones menos para becas, todo lo cual socava aún más la calidad de la educación pública y los derechos de sus profesionales. Las consecuencias son cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor escolar. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Diez razones para oponerse activamente a esta reforma: Tiene un marcado enfoque mercantilista. Concibe la educación como una carrera de obstáculos con múltiples reválidas. Es clasista y segregadora a través de itinerarios selectivos y tempranos. Socava la participación democrática de la comunidad educativa en los centros. Opta por la recentralización y control del currículo por la Administración. Introduce la “gestión empresarial” de los centros. Propone su financiación según resultados. Potencia la competitividad y especialización entre centros para clasificarlos en rankings. Fomenta el negocio educativo. “Legaliza” los conciertos con centros que discriminan por razón de sexo.

El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Se promueve la “Nueva Gestión” empresarial de centros, donde se puede desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga.

Se incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del TS.

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

Por eso toda la comunidad educativa está exigiendo la inmediata retirada del anteproyecto de ley y empezar por un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

Contrarreforma educativa del PP

El Ministro Wert ha presentado el Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa cuyos ejes básicos giran en torno a seis principios fundamentales. El primero, reducir el número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y básicos, que es lo que se viene llamando en la terminología neoconservadora «volver a lo básico». Dedicar así la educación obligatoria a preparar mano de obra barata, flexible y polivalente, dotada con los conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres «ies»: «Inglese, Internet, Impresa» (traducido aquí, este último por «espíritu emprendedor»).

En este retorno a lo de siempre, elimina Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en primaria y en la ESO la sustituye por Educación Cívica y Constitucional. Suprime todo lo relacionado con el reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual, con la cultura de la paz y el diálogo como vía de resolución de conflictos, con la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando la reflexión sobre las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza o la desigualdad, y ocultando cualquier alusión a los conflictos sociales y las desigualdades que se dan en nuestra sociedad. Y tampoco tendrá cabida en la nueva asignatura el rechazo a cualquier forma de discriminación, no sólo la homofóbica, sino toda forma de racismo o xenofobia. A cambio, incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual o el respeto a la vida ligado a los postulados de la iglesia católica.

El segundo principio que se desprende de este anteproyecto es la filosofía y la práctica de segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante itinerarios. Los programas de cualificación profesional (PCPI), una vía para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y que sólo se tiende a utilizar en último extremo para dar una oportunidad de titulación con una orientación hacia el mundo laboral a los 16 años, se adelantan a partir de segundo de la ESO, es decir, con menos de 15 años. Lo cual debería hacerse, en todo caso, después de haber agotado todas las medidas de atención a la diversidad a lo largo de la escolaridad obligatoria.

Además se empuja a estos programas al alumnado que tenga «situación socioeconómica desfavorable». Wert equipara así pobreza y poca capacidad para el estudio y pone al mismo nivel ambas realidades, la de tener muchas dificultades en los estudios y menor capacidad para seguir las clases, con vivir en una familia con ingresos económicos bajos. Lo cual refleja la visión que el equipo ministerial de Wert tiene.

No queda ahí la cosa. Se adelanta también la vía hacia la FP a tercero de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén «bien diferenciados». Como vemos es una restauración de la Loce de la época de Aznar: separar y segregar cuanto antes.

El tercer eje sobre el que pivota esta reforma propuesta por Wert es convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por «cultura del esfuerzo» y «carrera meritocrática». En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu tardofranquista de la «letra con sangre entra».

El cuarto elemento de esta nueva reforma educativa busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin de que los clientes puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en la clasificación del ranking de resultados de estas evaluaciones.

Puesto que este eje está profundamente relacionado con el quinto elemento de la reforma propuesta, el ‘pago por resultados’. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen en esas evaluaciones.

Finalmente, se complementan la resurrección de estas viejas recetas tardofranquistas con el sexto eje, la denominada Nueva Gestión. Es decir, gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la «profesionalización» de la dirección, como gerentes o directivos profesionales especializados en gestión empresarial y de recursos humanos de forma «eficiente» y con rentabilidad económica. Está claro que con esta enésima nueva ‘Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, el PP quiere volver a la antigua ley de la época de Aznar, profundizando más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública.

Las mentiras de Wert

¡Váyase, Sr. Wert! Así deberían empezar todas las intervenciones en el Parlamento por parte de la oposición y todas las manifestaciones públicas de movimientos y plataformas en defensa de la educación pública. No sólo por la política de recortes y agresiones contra la educación pública que simboliza este Ministro, sino por las continuas falsedades, verdades a medias, tergiversaciones y manipulaciones que utiliza para justificar lo injustificable.

Algunas de las exigencias asociadas al ejercicio de un cargo público son la veracidad, el rigor y la honradez. La democracia exige una alta dosis de confianza en quienes son elegidos como representantes, esperando que sus propuestas y actuaciones se basen en la verdad y no en la utilización de medias verdades, datos falseados o tergiversados, o puras elucubraciones inventadas, con el fin de justificar las medidas que toman. En ese caso, como ocurre en países con más tradición democrática, la dimisión del cargo y la asunción de responsabilidades políticas por ello, debería ser la consecuencia inmediata.

Este es el caso del Ministro de Educación Wert con sus falsas argumentaciones y datos tergiversados a la hora de justificar el Real Decreto-ley 14/2012 de 21 de abril, de recortes en educación, previa campaña de desprestigio de las instituciones universitarias públicas y de quienes en ellas trabajan.

Afirmar que “hay demasiadas universidades en España”, sosteniendo que en California, con una población semejante a la de España (en realidad, la nuestra es un 20% superior), hay sólo 10 universidades, frente a las 79 universidades españolas (públicas y privadas), es mentir. La University of California (pública) tiene 10 campus, pero ésta no es la única Universidad de este Estado: The California State University, también pública, tiene 23 campus/universities.  Lo que no se puede confundir son los campus que tiene la Universidad de California con las 139 universidades que hay en ese Estado. En realidad hay pocas universidades en España en comparación con otros países de nuestro entorno: la mitad que en el Reino Unido y una sexta parte que en Estados Unidos, por citar a los dos países que tienen mayor número de centros universitarios de investigación de excelencia.

Miente al afirmar que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%, como ya han explicado los profesores José Antonio Pérez (de la UPV) y Juan Hernández (de la UJA), economistas y expertos en financiación universitaria, en cuyos datos me baso en este artículo.

Manipula cuando asegura que un 21% de quienes terminan la universidad acaban en el paro, ocultando que la tasa de paro entre los titulados universitarios supone la mitad de la existente en el resto de la población, siendo el coste de la universidad pública por alumno un 25% más bajo que el de la privada. Esta es la forma de atribuir la causa del paro y de la precariedad laboral a la Universidad, en vez de asumir la responsabilidad de la situación actual, derivada de la propia política económica, al servicio de los mercados, que mantiene el ejecutivo.

Intentar dar una mala imagen de las universidades españolas, insistiendo reiteradamente en que “no están entre las 100 mejores del ránking mundial”, es otra manipulación. No se puede comparar las universidades españolas, que combinan la docencia y la investigación, con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación. Pero, sobre todo, no hace mención en ningún momento de que 99 de los 100 primeros centros universitarios que están en esos rankings, corresponden a países que, respecto a España, casi doblan su porcentaje de gasto en I+D+i sobre el PIB.

Justificar la subida de tasas académicas en segundas y terceras matrículas difundiendo que el alumnado universitario no puede estar repitiendo indefinidamente, que no hay cultura del esfuerzo entre los universitarios, que no hay suficiente rendimiento académico, sorprende porque los datos reales desmienten de nuevo las afirmaciones del ministro: el 79% del alumnado de las universidades públicas se titula a la edad que le corresponde, es decir, aprueba por curso, frente a la media del 70% de la OCDE. Y ello a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y un gasto por alumno mucho menor.

Afirmar que los recortes y reformas introducidas en este Real Decreto-ley 14/2012 no afectarán a la calidad de la educación, solo se puede mantener desde el cinismo más absoluto de quien tiene recursos para pagarse una educación privada de élite, huyendo de una educación pública cada vez más estrangulada económicamente, sin recursos y sin medios.

El balance general de nuestras Universidades Públicas no es catastrófico como pretende el ministro, ni mucho menos; aunque haya aspectos de la actividad universitaria que pueden y deben ser mejorados. La Universidad ciertamente necesita una reforma, pero no la impuesta por el PP, y no basada en las mentiras Wert. ¡Váyase, Sr. Wert!