Archivo del Autor: Enrique Javier Díez Gutiérrez

Terrorismo en el aula

El gobierno del Partido Popular pretende que el alumnado de 15 años de 4º de la ESO de todo el Estado, estudie desde el próximo curso, dentro de la asignatura Geografía e Historia, el terrorismo y su evolución en España, a través de una unidad educativa, elaborada por el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Fundación Víctimas del Terrorismo, y editada por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/25/terrorismo-en-el-aula/

Esta unidad didáctica parte de la definición de terrorismo como “herramienta para imponer por la fuerza un determinado proyecto político, para lo que se trata de infundir miedo en los oponentes”. Pero se centra única y sesgadamente en el que denomina “terrorismo de ideología nacionalista radical”, “yihadista”, “extrema izquierda” (no olvidemos que así es como califica el gobierno y el partido popular a todos los colectivos y organizaciones a la izquierda del PSOE, desde Podemos a las plataformas contra los desahucios) y “utraderecha”.

Un enfoque que olvida deliberadamente no solo el análisis de las causas de los diferentes tipos de terrorismo, sino que obvia abordar otros tipos de terrorismos que siguen produciendo víctimas diarias, como el terrorismo machista, el terrorismo económico o incluso el terrorismo político y de Estado.

Sorprende además que la historia del terrorismo se haya convertido en una prioridad como materia de estudio para el gobierno, cuando el Partido Popular se ha negado de forma reiterada a condenar el terrorismo ejercido por la dictadura fascista del general Franco, a pesar de las reclamaciones de la sociedad civil democrática y de tantas asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. De hecho, solo se hace alusión a la dictadura franquista por su “falta de libertades”.

Si, como aseguran algunos de sus portavoces “era necesaria una ley para el reconocimiento a las víctimas, para que no se sientan olvidadas”, cómo es posible que hayan dejado durante años en la cuneta y en el olvido a los miles de víctimas del terrorismo fascista de una dictadura que se niegan una y otra vez a condenar. ¿O es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿O es que para el gobierno éstas no son víctimas porque defendían la libertad y la democracia legalmente elegida de la II República?

A esto hay que añadir el nuevo temario que el Gobierno prepara para incluir la defensa de España como materia educativa. Incluye la inmigración irregular como “una de las 12 principales amenazas para la seguridad de España”, entre las armas de destrucción masiva y el crimen organizado. De esta forma, el Partido Popular introduce en las aulas una educación que criminaliza “al otro”, al “inmigrante irregular”, ligándolo al terrorismo, presentando los ‘flujos migratorios irregulares’ como un peligro para nuestros valores y que tienen implicaciones para la política de seguridad.

Está claro que los contenidos que el Partido Popular intenta introducir en las aulas no parecen destinado a analizar las causas y consecuencias de todos los terrorismos y a honrar a todas las víctimas, sino a un determinado terrorismo definido como tal por quien detenta y maneja el poder político, económico y cultural. ¿Se incluirá también la historia, evolución y consecuencias del “terrorismo” de España y la UE con su política migratoria que provoca miles de víctimas inocentes en las profundas aguas del mediterráneo, relacionada con su política de expolio de los países del sur y de rearme de los conflictos que generan millones de refugiados? ¿Se analizarán los “terrorismos” de estado también, que promueven y financian intervenciones militares criminales en otros países, sea al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos o en el marco de la OTAN? ¿Se abordará la inacción política actual ante las víctimas del terrorismo machista por violencia de género? ¿Quizá no se tendría que honrar también a todos los periodistas (Couso, por ejemplo) que han sido víctimas de estos terrorismos por informar verazmente o a miembros de ONGs y movimientos sociales, quienes dieron su vida por causas y derechos humanos de forma consciente y comprometida? ¿Incluso, no habría que honrar también a los sindicalistas y trabajadores, víctimas del terrorismo del poder económico, que perdieron la vida luchando por los derechos laborales y las libertades de toda la clase obrera e incluir su historia, las causas de su lucha y las consecuencias de su generosidad y compromiso?

En cualquier caso, habría que replantear la historia que se desarrolla en los contenidos de los libros de texto escolares, donde el protagonismo tiende a ser el relato de los vencedores, quienes perpetran las guerras, las invasiones y las masacres, mientras que las víctimas siguen olvidadas en las cunetas de la historia y de la memoria escolar. Sean los millones de seres humanos, víctimas de guerras emprendidas por los poderosos para controlar territorios y recursos, o las víctimas de una cultura patriarcal amparada y sostenida por un modelo social machista o las víctimas de un sistema económico que saquea a los pobres para dárselo a los ricos, legalizando los desahucios y el rescate de los bancos.

Necesitamos repensar los contenidos escolares de forma crítica a partir de los principios y valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No introducir nuevas formas de adoctrinamiento partidista, que parece que solo considera víctimas a quienes decreta los intereses del partido gobernante de turno.

Anuncios

Hazte un Cifu: no hagas exámenes, súmate a la lucha contra las pruebas externas

Corría este y otros mensajes similares por las redes estos días con motivo del escándalo de la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, en cuyo currículum figura un Máster de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que a todas luces parece que obtuvo de forma fraudulenta.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/04/19/hazte-un-cifu-no-hagas-examenes-sumate-a-la-lucha-contra-las-pruebas-externas/

Los datos que han salido a la luz muestran que aprobó asignaturas que se habían impartido antes de que Cristina Cifuentes se matriculase en el Máster en que se impartían, cuando además se había matriculado tres meses después del plazo legal para hacerlo. Falsificación de firmas en actas, trabajos de fin de máster que no se presentaron, tribunales que no existieron, no asistencia a clases en un máster presencial, aprobar sin hacer exámenes obligatorios… Algo que hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid admitió ante el parlamento regional, que ni fue a clase ni hizo los exámenes.

Todo un despropósito, que en cualquier Estado “civilizado” habría supuesto la inmediata dimisión o destitución de un cargo público de este nivel, no solo por el presunto fraude universitario cometido, sino especialmente por su reiterada persistencia en falsear la realidad o dicho más claramente, mentir, y cambiar las versiones de sus declaraciones en función de las nuevas denuncias periodísticas que se iban sucediendo.

Este tipo de actuaciones de algunos dirigentes políticos (aunque no solo políticos, por cierto), se asienta en la impunidad que parece regir en este Estado, donde se encarcela a raperos por cantar estrofas críticas y prescriben delitos de grandes causas de corrupción, se amnistía a las grandes fortunas que defraudan fiscalmente o se rescatan a los bancos con 1,5 billones de euros (no los 60.000 millones que nos suelen decir).

Impunidad cimentada por la cúpula de determinados partidos (los denominados partidos del régimen) y sus connivencias con el poder económico y mediático (véase el listado de dirigentes políticos de estos partidos que ocupan consejos de administración de empresas públicas privatizadas o de grupos de comunicación). Dirigentes políticos que han tratado de convertir la política en un negocio, como manifestaba Vicente Sanz, exsecretario general del PP de Valencia, cuando afirmaba “yo he venido a la política para forrarme” y que el exministro y Portavoz del Gobierno del PP, Eduardo Zaplana, confirmaba diciendo “me tengo que hacer rico” (de ahí buena parte del hastío de la población ante la política en general, y los partidos en particular).

Este clima de impunidad está generando que el humor se convierta en válvula de escape ante una realidad que parece desbordar todas las previsiones. Cada mañana nos desayunamos con nuevos casos de corrupción, sí, pero también de impunidad y vemos cómo Urdangarín celebraba su cumpleaños en Ginebra rodeado de la familia “real”, sin devolver un euro de lo que nos ha robado a todos y todas. Por eso el tuit que circula por las redes “hazte un Cifu: no hagas exámenes, súmate a la lucha contra las pruebas externas” emplea la ironía, casi el cinismo, para señalar quizá lo que se nos pasa por alto, en este espectáculo frenético de noticias de corrupción y escándalos, recordando el dicho: “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”.

Porque mientras se señala la corrupción, la “normativa” del PSOE y del PP legalizan la evasión fiscal a través de las SICAV. Mientras señalamos el rescate de autopistas, han desmantelado la banca pública y quebrado las cajas de ahorro. Mientras denunciamos el brutal aumento de la compra de armamento, han privatizado el sector estratégico de la energía y nos han convencido de que no tiene sentido el artículo 128 de la Constitución que señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Lo mismo pasa en este caso con la Universidad. Nos centramos en el escándalo Cifuentes, olvidando que ha sido esta presidenta de la Comunidad de Madrid la abanderada en el intento de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una próxima ley estatal, como denuncia la Coordinadora Universidades Públicas de Madrid.

Ya no se trata de que dos de los partidos del régimen, PSOE y PP, creen universidades a su imagen y semejanza (la Carlos III, el primero o la Rey Juan Carlos, el segundo). O que alguna de éstas parezca estar al servicio del partido (en el caso de la URJC cargada de escándalos como el del rector plagiario, el refugio dado a dirigentes implicados en la Púnica, la contratación ilegal de la hermana de Cristina Cifuentes o ahora el culebrón del master de la propia Cifuentes con la manipulación de un expediente para beneficiar a un cargo público). Ni siquiera de las conexiones con el poder, que amenazan la independencia de uno de los órganos vitales de toda democracia que debe generar progreso científico, humano, social y cultural. Se trata del modelo de Universidad Pública gerencial, elitista y segregadora que pretenden consolidar y que pone en evidencia este reguero de escándalos.

La doctrina neoliberal aplicada a la enseñanza superior en la LEMES, en un contexto de recorte presupuestario continuado, conduce a lo que se ha denominado el “capitalismo académico”: universidades cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias y con una formación y docencia fundamentalmente orientada por las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando “obsoletas” y se las obvia progresivamente. Este modelo pone la universidad al servicio del mercado, recortando la financiación pública, asignando presupuestos en función de la posición en rankings, utilizando los contratos-programa para decidir prioridades (incentivan, por ejemplo, el uso del inglés o la investigación frente a la docencia), y fomentando una lucha competitiva por los escasos recursos entre universidades, en vez de potenciar la cooperación interuniversitaria. Crea figuras de profesor visitante “distinguido” para conseguir la anhelada “flexibilización” en la contratación del profesorado, asegurándose el control del profesorado universitario y creando docentes de “elite” con contratos blindados y otros a 5 euros la hora.

Las universidades han dejado de ser espacios para enseñar, realizar trabajo académico, investigar y debatir sobre la ciencia y el conocimiento a ritmo pausado y profundo, y se están transformando en “universidades corporativas o emprendedoras” que requieren la obtención de resultados cuantificables, que puedan ser patentados, transferidos y explotados, mientras se recortan presupuestos para proyectos “improductivos” de orientación humanística o crítica. Orientándose de manera creciente a la formación para el mercado laboral, con un doble modelo: de élite para quienes se lo pueden pagar y de precariado para quienes no tienen recursos y medios. La universalidad propia del conocimiento universitario ha sucumbido al modelo pragmático e instrumental del saber al servicio de la economía. Parece no encontrar ya más razón de ser legítima que la salida profesional de los estudiantes universitarios y el beneficio que las empresas pueden extraer de las investigaciones y del “entrenamiento” que pueden recibir en ella los futuros trabajadores y trabajadoras de sus empresas, formados a costa del dinero público.

Fruto de ello es la penetración de la lógica del beneficio inmediato, que se va introduciendo progresivamente también en las dinámicas de investigadoras y académicos en que se enmarca este “cifuentesgate”. Lo que se está jugando, en definitiva, es el modelo de Educación Superior que se pretende y que responde a un modelo de sociedad.

Es hora de defender un modelo de universidad pública al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias, que pare los recortes privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal. Es necesario conseguir una Universidad pública y gratuita para asegurar el derecho de toda la ciudadanía a la educación superior, como sucede al menos en diez países europeos. Pero también es necesario profundizar y priorizar la función social de la universidad, consiguiendo un contrato educativo con la sociedad en su conjunto, que entienda la institución académica como un bien público y permita su desarrollo como tal, con una democratización radical de su funcionamiento y contenido.

En definitiva, un modelo social de universidad pública, que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad frente a los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal, exigiendo una universidad pública de todos y todas y para todos y todas.

Por cierto, mi enhorabuena, desde aquí al equipo de periodistas de eldiario.esque han destapado este “cifuentesgate”, recuperando la tradición de investigación más admirable del periodismo al servicio de la verdad y como vigilancia y denuncia del poder corrupto.

Publicar sin perecer, en la Universidad

Como ya describí en un artículo anterior en el Diario de la Educación, el actual sistema de evaluación impuesto al profesorado universitario está empujando a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, investigando para ello en temas “vendibles comercialmente”, determinados por índices como el JCR (Journal Citation Reports), que son los que contabilizan para la evaluación y promoción. Aunque el número y el índice de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni la correlación con una mejor docencia.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/15/publicar-sin-perecer-en-la-universidad/

Este modelo presiona a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora, marcado por el “duopolio” de Clarivate y Elsevier, multinacionales que controlan el negocio de los artículos científicos y determinan los criterios para su valoración. La presión de “publicar o perecer” ha generado una inflación de publicaciones inabarcable, que muy pocos leen, y que solo sirve para aumentar este hipertrofiado mercado autorreferencial. Lo cual obliga a un proceso continuo de competición por publicar en las revistas más citadas, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala así una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, hiperactiva, regida por el corto plazo. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable en el mercado, aparcando la ciencia de base y la investigación de fondo a largo plazo.

De tal forma que este “efecto ANECA”, el “publicar o perecer” para ser valorado y acreditado, está cambiando la dinámica de investigación y docencia en la Universidad, persuadiendo a la comunidad científica de que una parte, la valoración de una sola forma de generar conocimiento, es el todo, en donde la calidad depende del índice de impacto y lo que está fuera de este sistema “carece de valor” o “no cuenta”.

Por eso es urgente generar un sistema alternativo público de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que suponga una valoración más justa de su producción científica y su labor docente, y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.

Un Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto

El primer paso, como medida de urgencia, es poner en marcha un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto. Un sistema que sustituya progresivamente los rankings por la valoración de la actividad científica según criterios acordados de buenas prácticas; que, más allá de la revisión por pares, se evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras, con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el conocimiento se genera colectivamente; etc., etc. Este es el primer paso de otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responsa a un modelo de ciencia para el bien común.

El objetivo de esta alternativa es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a ese duopolio de empresas privadas que lo controlan y sentar las bases para que la academia acuerde un nuevo sistema de evaluación de la labor docente e investigadora del profesorado universitario que sea comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.

Este sistema alternativo de ciencia abierta u Open Science supone seguir la propuesta de la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyar la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente, con mecanismos de control del contenido publicado transparente y riguroso (revisión por pares, tal como propone la Beall’s List of Predatory Publishers.

El “acceso abierto” supone su disponibilidad gratuita en la Internet pública, sin que implique ningún cargo ni tasa para poder publicar, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados-as y citadas-os.

Los repositorios de acceso abierto, administrados por universidades u organizaciones de investigación, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Por ejemplo, Open Scholar ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales. Iniciativas como RedalycSciELOLatindex o Dialnet han intentado ir más allá del modelo descrito, buscando corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina, fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones, manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; o acompañar el acceso a la base de datos, con algunas utilidades de análisis o generación de informes. Como comprobamos, por tanto, se puede hacer.

Además, el acceso abierto, mandato europeo en Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante, y brinda a los autores y autoras y a sus trabajos dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto.

Ya se han presentado dos iniciativas parlamentarias en este sentido. Por lo tanto, si se quiere, y hay voluntad social y política para ello, se puede. Pongámonos en marcha para plasmarlo cuanto antes y dar un giro completo a esta locura del “publicar o perecer”.

El negocio escandaloso y segregador del Bachillerato Internacional

Cuando entras en clase de 1º de Bachillerato Internacional del Instituto Lancia de la ciudad de León, te quedas perplejo. Hay cinco alumnos y alumnas sentados en el aula. Y toda una plantilla de profesorado para dar clases a estos cinco chicos y chicas. La Junta de Castilla y León financia públicamente para que se dé un trato escandalosamente preferente y segregador a una minoría selecta: 5 alumnos y alumnas en una clase en 1º de bachillerato en este instituto público de León. Mientras se ampara en la escasez de población escolar para explicar recortes de profesorado y unidades en la misma provincia.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/02/13/negocio-escandaloso-segregador-del-bachillerato-internacional/

Cuando otros institutos de su entorno, de la misma ciudad, y con características similares tienen 36 alumnos y alumnas de media por clase en el mismo bachillerato, como el Legio VII; o 35, en el Ordoño II; o 30, el Instituto Padre Isla, ¿cómo es posible que en el Instituto público Lancia haya un bachillerato de una entidad privada, el denominado “bachillerato internacional”, con 5 alumnos y alumnas en 1º y 13 en 2º? ¿Cómo es posible que la Administración educativa esté ampliando sistemáticamente el número de alumnado por aula en todos los centros públicos, para contratar cada vez menos profesorado, mientras que no pone problema alguno en mantener toda una plantilla de profesorado para atender a estos reducidísimos grupos en un bachillerato de una entidad privada, vendiéndolo, eso sí, como “la atención a la diversidad por arriba”, “una formación de excelencia que equipara con algunos centros educativos de elite” y un “prestigio añadido para el instituto, por ser de los pocos centros donde se ofrece este tipo de enseñanza”? Asegurando incluso un “profesorado motivado” (como si el resto del profesorado estuviera desmotivado) y “estable” (cuando cada vez es mayor la precarización del resto).

En una época de recortes y precarización en educación, que el Partido Popular ha vendido como “racionalización” con sus normativas y decretos, donde los centros educativos han sufrido un permanente recorte de profesorado y personal, con 30.000 docentes menos en la pública para una población escolar que ha aumentado, cómo es posible este “extraordinario fenómeno”. Recordando que el reciente Informe de la OCDE para España, denuncia que la Administración educativa destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, que la inversión en educación supone solo un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de esos países y que, en términos de PIB, se ha recortado hasta el actual 4% (7.000 millones menos), una inversión muy por debajo de la media de los países de la OCDE, el 5,3%. Sabiendo además que el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,8% del PIB en 2018 y descienda hasta el 3,67% en 2020.

En este contexto de saqueo de la educación pública, la Administración educativa está amparando, financiando y potenciando “islas de élite” para una minoría selecta, pagando a una fundación privada, que se ha instalado y parasita la educación pública sin ningún pudor. Porque no se trata solo de mantener plantillas de profesorado para atender grupos reducidísimos, sino el coste que suponen estos bachilleratos internacionales de una entidad privada para las arcas públicas. Ante la penetración de la empresa privada en lo público, a la Administración educativa no parece importarle saltarse todas las normativas y medidas de recortes que ha impuesto a todos los centros educativos públicos a sangre y fuego, con el fin de que esta empresa privada implante su escandaloso modelo de negocio, que vacía aún más las exiguas arcas públicas de la educación, ya recortadas hasta límites insospechados por las políticas neoliberales pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución.
La Organización del Bachillerato Internacional (IBO), fundación privada creada en 1968, con sede en Ginebra (Suiza), por un grupo de familias vinculadas al mundo diplomático y a los organismos internacionales, ha extendido sus redes por toda España.

Los primeros años la mayoría de los colegios que ofertaban el Programa eran centros privados de élite. Cursarlo en el International School of Sotogrande de Cádiz costaba 16.000 euros; en el Aloha College (Marbella, Málaga) 13.670 euros. En Sevilla cursarlo en el IES Martínez Montañés (público) y el San Francisco de Paula costaba entre 11.000 y 12.500 euros, respectivamente. El colegio privado Peñacorada de León también lo implantó hace unos años, pero actualmente se ha deshecho de este programa y habría que preguntarse por qué.

Actualmente casi 100 centros en todas las comunidades –excepto Extremadura, Ceuta y Melilla– ofrecen dicho programa. De los 95 centros que han implantado en España este programa 30 son institutos públicos. Las comunidades con más centros públicos IB son Cataluña y Castilla y León. El Bachillerato Internacional se ha implantado en Primaria (3-12 años), en años intermedios (12-16 años), el Programa de Diploma (16-19 años) y el Certificado de Estudios de Orientación Profesional (16-19 años). Efectivamente, el programa puede comenzarse desde los 3 años, aunque lo más conocido es el programa del Diploma, que corresponde a los dos años de Bachillerato.

El coste para el centro escolar, con el fin de poder anunciar que tiene el diploma de esta “marca” es de 8.350 euros anuales, como indica la propia página del IBO (Bachillerato International). A esta cifra, que esta empresa privada cobra a cada centro solo por anunciar que imparte su programa de bachillerato, hay que sumar el coste por alumno o alumna, que suele superar los 1.000 euros (por asignatura, por prueba, por matrícula y alumno, etc.), y el coste de los exámenes externos que es de 588 euros (una vez se finaliza el programa), además de las tasas que cobra la Organización del Bachillerato Internacional. Algunas administraciones educativas, como las de Castilla y León, financian todo el coste. Otras, utilizan un modelo mixto, en los que la Consejería paga el coste del programa y el alumnado paga el coste del examen externo.

El negocio, en todo caso, está asegurado. Porque además de todo lo anterior, la Organización del Bachillerato Internacional, se encarga también de proporcionar y cobrar por una formación específica al profesorado, por elaborar y corregir las pruebas y exámenes, etc. Además, en función de que esta entidad privada es la que otorga el Diploma, fiscaliza y establece una serie de controles sobre los centros y el profesorado de la educación pública, que tiene que dar cuentas a esta fundación privada. Es poner a la educación pública a los pies de la empresa privada, que es quien, en definitiva, acaba planificando, autorizando, exigiendo y evaluando a la comunidad educativa y el funcionamiento del centro.

Lo único que consigue quien cursa el Bachillerato Internacional es obtener un Diploma acreditativo de que ha hecho este programa. Nada más. “Es igual al Bachillerato normal, solo que al final te dan un diploma que solo sirve para eso, para tenerlo enmarcado y decir que hiciste el bachillerato internacional” denunciaba una de las alumnas que lo han cursado.

Porque la supuesta “ventaja” que anuncia permanentemente de que con el BI ya no se tendrá que hacer la prueba de selectividad (EBAU) para acceder a la Universidad es una mentira a medias. Es decir, una “posverdad”, como ahora se denomina. Es cierto, que desde que el PP impuso la LOMCE eliminó la exigencia de realizar simultáneamente los dos bachilleratos (el público y el privado internacional), pues el ministerio de Wert reconoció a esta fundación la equivalencia de este bachillerato en la LOMCE. Por eso actualmente, en teoría, se permite el acceso directo a la Universidad, pero utilizando como nota de acceso la que se haya obtenido en el curso. Esto conlleva mucha “letra pequeña”, que no se suele leer en el contrato, hasta que no se ha terminado y uno se encuentra con la realidad, que suele ser bastante distinta.

La letra pequeña establece que solo se “convalida la fase general de la EBAU” (la nota que se les aplica es la media de las 6 asignaturas del Programa), con lo que tienen que matricularse en la EBAU de la UNED y examinarse de las específicas o convalidar nuevamente la nota que han sacado en el BI en las asignaturas requeridas como específicas, en aquellas universidades que sí permiten específicamente sumar hasta 4 puntos de la fase específica mediante este sistema de acceso. Además, la convalidación, al tener que hacerse con calificaciones traspuestas de la calificación general, no pueden ponderarse para titulaciones que piden notas de corte para acceder a ellas. A esto se suma que los resultados del Diploma no se conocen hasta el 5 de julio, por lo que llegarían muy tarde para solicitar la carrera que se quiere. Por eso la mayoría de los institutos insisten en que “recomendamos a nuestros alumnos que se presenten a la Selectividad”. Es decir, que a efectos prácticos la única supuesta ventaja que les daría este BI se transforma en nada.

Ante tantos requisitos de exigencia, cuya utilidad real en muchos casos no la ven, y ante la presión a la que se ven sometidos, pues la carga académica y lectiva es mucho mayor (40 horas semanales, en vez de las 30 horas normales) y con muchas más horas de laboratorio, etc., muchos estudiantes se echan atrás y abandonan el programa. “El volumen de trabajo acaba siendo agobiante”, confiesa una estudiante. Todavía se recuerda el escándalo en 2010 del Bachillerato Internacional en un centro en Vigo, denunciado ante la Inspección de Educación de Vigo por estudiantes y familias por “maltrato psicológico” continuado. Ante esta situación, algunos centros han empezado a recurrir al chantaje, como nos relataba una familia: “nos presionan amenazándonos de que si abandonaba nos cobrarían el coste de la matrícula que había abonado el centro, que era –nos dijo- de más de 6.000 euros”.

Esta escandalosa segregación, con financiación pública, en manos de una entidad privada, no es el modelo de educación pública que debemos defender. Una segregación de excelencia por arriba, como nos dicen, para alumnado con notas medias de notable, y sobresaliente para los que vienen de otro colegio o instituto, supone volver a un modelo de escuela selectiva y segregadora, que instaura una concepción no democrática de la educación, de acuerdo con un enfoque ideológico nefasto para la educación y la sociedad. La selección del alumnado, en cualquiera de sus formas, rompe el equilibrio y la cohesión social, convirtiendo la educación en una lucha por el privilegio de la distinción, olvidando los valores de la pluralidad, la cooperación y solidaridad y su ejercicio en un espacio de diversidad. La obligación de la Administración Pública Educativa es garantizar el éxito escolar de todo el alumnado y no el de unos pocos, no recortando y desasistiendo a la mayoría de los centros públicos, mientras financia con el dinero de todos programas de entidades privadas al servicio de una élite. Más y mejor inversión en la educación pública, dotando a todos los centros de los recursos suficientes y las medidas adecuadas para que todos ellos ofrezcan las máximas oportunidades de cara a que todo el alumnado pueda recibir la mejor educación, especialmente el alumnado que más lo necesita, es lo que debe presidir una política educativa justa.

El indignante nuevo sistema de acreditación para el profesorado universitario

Mi compañero Vicente es profesor titular en la Universidad de León desde hace 14 años. Hace dos años solicitó acreditarse como catedrático y se quedó a muy poco de conseguirlo. Le faltaban unos pocos méritos de investigación y algo más de docencia que hubiera podido lograr en estos dos años. Pero con el nuevo sistema de acreditación que acaba de implantar la ANECA (agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario), prevé que ahora tardará por lo menos otros 10 años en cumplir las nuevas condiciones, pero cree que nunca llegará porque antes se jubila.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/22/el-indignante-nuevo-sistema-de-acreditacion-para-el-profesorado-universitario/

Se está levantando una ola de indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables las nuevas condiciones de acreditación. Recordemos que la acreditación (proceso de evaluación externa del currículum) es solo un requisito previo al concurso público necesario para acceder a cualquier puesto de profesorado universitario. Por eso, este repentino e injustificado cambio de los criterios de la ANECA, multiplicando los requisitos y haciéndolo inaccesible incluso para muchos que actualmente lo son, se ha tildado de “ANECAZO”.

En el contexto actual de recortes y de desinversión en Educación Superior, el “ANECAZO” entierra definitivamente las perspectivas de estabilidad y de promoción de buena parte del profesorado universitario, a la vez que consolida el control ideológico y político en la Universidad, orientándola más que nunca al servicio de los intereses de mercado.
El ANECAZO probablemente expulsará de la carrera académica a muchas personas que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para pasar a ser estables, han visto frenada su posibilidad de estabilidad laboral por el estrangulamiento de la Universidad Pública, debido al recorte de plantilla de profesorado decretado por el gobierno Rajoy desde 2012 y estando, además, sin posibilidad de recursos para poder continuar sus investigaciones, también debido a los recortes presupuestarios. De esta forma el ANECAZO se convierte en un ERE encubierto que precariza aún más la Universidad Pública.

Por eso buena parte de la comunidad universitaria lamenta estos dos años perdidos, con el sistema de acreditación paralizado, que sólo han servido para que el Ministerio y la ANECA impongan los criterios ya publicados hace tiempo, incumpliendo el compromiso que ambos adquirieron de revisarlos para hacerlos más racionales, adaptados a la realidad, y similares en cuanto a exigencia a los anteriores.

El endurecimiento de los requisitos es tal que en diversas áreas las exigencias máximas del anterior sistema se han transformado en requerimientos mínimos en el actual modelo. Estos criterios son además generadores de desigualdad y frustración entre el profesorado universitario puesto que algunos de los méritos son prácticamente imposibles de alcanzar en algunas áreas, bloqueando así las aspiraciones legítimas de desarrollo en su trayectoria académica y de promoción de quienes están en el inicio de su carrera docente e investigadora.

En el sistema anterior, en Educación, en la práctica no hacía falta haber publicado en el Journal Citation Reports (JCR) para ser catedrático o catedrática. Ahora, se exigen al menos cuatro publicaciones en lo que se denomina “primer cuartil” (el nivel más restringido) del JCR y otras ocho en otros niveles no tan exigentes, cuando en Educación hay muy pocos profesores y profesoras con estos méritos, ni siquiera en la comisión que ha aprobado esta nueva norma. Los sindicatos estiman que, con los requisitos de ahora, serían suspendidos para catedráticos y titulares más del 80% de los que actualmente desempeñan sus funciones en estos puestos, incluyendo a los recién acreditados.

No solo se exige un exagerado número de publicaciones en revistas de impacto mundial, sino también autorías preferentes (cuando los artículos suelen estar vinculados a proyectos y ser de autoría múltiple), lo cual es especialmente lesivo para el profesorado no permanente o contratado doctor, pues no puede haber sido investigador principal en dos proyectos competitivos, requisito para cumplir esas condiciones. Estos méritos para acceder a un puesto estable son imposibles de lograr para el profesorado con contrato temporal y precario, pues están ligados precisamente a tener un contrato estable. Se convierte así en un círculo vicioso imposible: para dejar de tener un contrato precario, se exigen aportar méritos que solo se pueden conseguir con un contrato estable.

La evaluación en forma de acreditación del profesorado universitario debe ser un proceso transparente, sin criterios que den lugar a la subjetividad, autoevaluable y adecuado a la realidad docente e investigadora de cada área de conocimiento. No puede ni debe fijar máximos, sino los mínimos necesarios para que se pueda acceder a un concurso en el que, como en cualquier oposición, el tribunal sí establezca cuales son aquellos candidatos o candidatas que alcanzan la máxima puntuación con sus méritos.

Lo que se esconde detrás de este nuevo sistema de acreditación es implantar un modelo de corte profundamente neoliberal, competitivo y de hiperproductividad en las condiciones de trabajo del profesorado universitario, que olvida intencionalmente la interdisciplinaridad (especialmente en investigación), impulsando modelos de competencia individual que no se corresponde con el modelo de cooperación científica que hace avanzar la ciencia y el conocimiento.

Reorienta la universidad hacia un modelo gerencial, de corte neoliberal, que privilegia y premia la gestión, como si la Universidad fuera una empresa. El peso que da a la permanencia en determinados cargos universitarios, es claramente desproporcionado. Supuesto “mérito”, que puede ser valorado con el máximo en investigación, como si fuera una actividad científica. Mientras minimiza la valoración positiva de la investigación.

El problema de fondo es que el Ministerio no ha querido sentarse con los agentes sociales para acordar, de una vez por todas, las bases de lo que debe ser un profesor o profesora universitaria, ni establecer, si es necesario, un modelo de carrera profesional académica, a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas (contemplado ya en la LOM-LOU 4/2007).

Por lo tanto, esta imposición sin proceso de negociación colectiva y sin justificación del cambio de criterios (no se conocen informes, análisis previos y estudios que lo avalen y justifiquen), se suma a las medidas “de ajuste” implantadas con el RDL 14/2012 que, no solo recortaron la plantilla universitaria, sino que además aumentaron la docencia de gran parte del profesorado y la convirtieron en una suerte de “castigo” o “imposición” a quien no consiguiera acreditarse. Así como los recortes en las ayudas destinadas a investigación. Es decir, una escalada en el desmantelamiento de la Universidad Pública y su precarización, mcdonalización y “gerencialización”.

Nadie está en contra de que haya más y mejor docencia e investigación en la Universidad. Pero elevar los requisitos “de manera desproporcionada”, lo que realmente empuja es a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, buscando obtener esos “puntos ANECA” como sea y a cualquier precio, investigando en temas “vendibles”, dejando de lado otras tareas esenciales de la Universidad. Además, que el número de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni las posibilidades de su aplicación ni la correlación con una mejor docencia. El objetivo de la vida académica en la Universidad no puede ser conseguir “puntos Aneca”, sino generar y compartir conocimiento.

Por eso es crucial apoyar la demanda de los sindicatos para que se derogue el RD 415/2015, se habilite el anterior sistema de acreditación (RD 1312/2007) transitoriamente y se negocie un nuevo sistema de acreditación consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore los méritos académicos objetivamente. Un sistema que valore los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de brutales recortes y precarización, centradas en rescatar bancos mientras dejan en la ruina la financiación universitaria. Un sistema que asegure la estabilidad y dignidad del profesorado y blinde la Universidad Pública contra la privatización y los recortes.

Des-concierto

Unidos Podemos va a presentar al Congreso una ley que abre una vía para que los centros educativos concertados que lo soliciten puedan integrarse en la red pública educativa, de forma negociada y contando con la voluntad de su comunidad educativa. La proposición de ley está dirigida inicialmente a cooperativas de profesorado y centros educativos que apuestan por la innovación pedagógica y tienen dificultades para subsistir en las actuales circunstancias.

Enlace a la publicación original: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/09/14/des-concierto-integrar-los-centros-concertados-en-una-red-publica-unica/

Esta iniciativa legislativa, que es un primer paso en la apuesta por una red pública única, se enmarca en el cumplimiento del programa electoral de Unidos Podemos, que en los 50 puntos del acuerdo de Podemos e Izquierda Unida para presentarse conjuntamente en las últimas elecciones generales del 26J, establecía en su punto 14: “Moratoria de conciertos educativos, junto a un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados-concertados en la red de centros públicos”.

Es una parte sustancial del programa histórico de Izquierda Unida, que ha defendido siempre una red única planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, por entender que la escuela pública es la garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, la que más y mejor asegura la educación inclusiva y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social.

Una red pública que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años, en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho de todos y todas a la educación, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial. Ello conlleva, en primer lugar, reconocer el carácter estrictamente subsidiario de la enseñanza concertada; así como iniciar el proceso para la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, eliminando de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El sistema de conciertos se planteó inicialmente como una medida transitoria, como complemento, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años 80, cuando se universalizó el derecho a la educación. Actualmente, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública hace que el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas de una determinada corriente neoliberal muy extendida ligada al supuesto derecho de elección de centro, que en ningún caso está reconocido como tal en la legislación vigente, y mucho menos que ejercer esa pretendida libertad deba ser a costa del erario público.

Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales”. Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar fondos públicos a financiar opciones privadas. Máxime cuando se están concertando unidades en zonas donde se cierran unidades públicas preexistentes. Parece claro que “obligar al Estado a distribuir sus escasos recursos económicos con los colegios privados es la mejor estrategia para acabar con los públicos” (Torres, 2011, 103).

El dinero público dedicado a la educación concertada ha subido en España un 43% en una década y ya supera los 5.700 millones anuales. Los colegios privados subvencionados recibieron en 2014 un total de 5.769 millones, 1.744 más que en 2004. Pero esto se incrementa sustancialmente en comunidades autónomas gobernadas por conservadores o neoliberales, donde hay un progresivo desvío del dinero público a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiación a la educación pública. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,4% en todo el país, en algunas de las comunidades donde han gobernado o gobiernan partidos conservadores el porcentaje supera ya ampliamente el 50% (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). Este mismo año la Comunidad de Madrid ha destinado 22 millones de euros para el curso 2017-2018 a la financiación de las Escuelas Infantiles públicas y 36 en “cheques guardería” para privadas.

De esta forma no sólo se han recortado 9.000 millones de euros a la educación pública, sino que buena parte de los recursos públicos destinados a educación se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen concertado. Las políticas de los últimos 15 años en España evidencian la apuesta por adelgazar la pública (un 4,6%) y aumentar la concertada (un 6,2%), llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este período.

Se produce así un proceso continuado de privatización silenciosa del sistema educativo, a través de esta “privatización blanda” y gradual mediante el mantenimiento y consolidación de los conciertos. Actualmente se ha alcanzado una situación en la que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder.

España constituye al respecto una anomalía dentro del panorama europeo. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, Italia o Finlandia, entre otros), según datos de la OCDE de 2011, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Se está acabando así con un sistema público de calidad, como eje vertebrador del sistema educativo, convirtiéndolo en un sistema subsidiario de una enseñanza privada, y cuya función sería la formación de los sectores sociales desfavorecidos y sin un futuro académico brillante. Consolidar esta doble red (pública/concertada) supone admitir el primer y más importante mecanismo de segregación social del sistema educativo. Supone también renunciar al concepto de enseñanza como bien público al que se debe acceder digna, universal y gratuitamente.

Debemos recuperar el sentido básico de la educación, que no es otro que procurar el mayor desarrollo educativo de todos y de todas y no el de unos pocos. Buscar la mejora de todas las escuelas públicas, en vez de incitar a seleccionar y competir pensando en la mejor “inversión para el mío”, olvidando que la educación es un bien común y un derecho para todos y todas. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a una buena educación que tienen todas las personas. Y sólo la escuela pública puede garantizar el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y convivencia democrática a todas las personas con distintas procedencias socio-culturales, especialmente a quienes menos posibilidades tienen de obtenerla de otra forma, respetando el derecho de cada uno y cada una a lograr el nivel máximo de formación y educando en un proyecto común de ciudadanía; y por ello, reiteramos que es la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social. Además de ser la única que se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.

Como dice Joan Mena, diputado de Izquierda Unida por el grupo parlamentario de Unidos Podemos y quien impulsa esta iniciativa, “una única red educativa pública corrige las desigualdades de origen (que son las que, según diversos estudios, condicionan el resultado académico y el fracaso escolar del alumnado) y convierte a la escuela pública en una auténtica herramienta de estado de primer nivel para garantizar la cohesión social como un elemento potente de construcción de futuro en una sociedad justa”.

De ahí esta propuesta de Unidos Podemos, que coincide con el planteamiento que han consensuado las Redes por una Nueva Política Educativa (1), lo cual supondría amplios beneficios para la sociedad en forma de cohesión social, pero también para el profesorado y el personal educativo de estos centros que verían mejoradas sus condiciones laborales; y también para las familias, a quienes se garantizaría un modelo educativo inclusivo y adecuado para todos los niños y niñas, sin tener que recurrir además a un re-pago educativo. Ya existen antecedentes de este hecho, como fue la integración de 71 escuelas privadas cooperativas catalanas, las denominadas escuelas del CEPEPC (Col.lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana), en la red de escuelas públicas. Solo hace falta voluntad política. Esperemos que esta voluntad se plasme realmente en el futuro Pacto Educativo.

(1) [Las Redes por una Nueva Política Educativa están integradas por más de 30 colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como numeras personas, profesionales, académicos, expertos y expertas a título personal (https://porotrapoliticaeducativa.org/adhesiones) que han contribuido a la elaboración del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación“, como propuesta de Nueva ley Educación consensuada desde abajo con la comunidad educativa y que se puede consultar aquí]

¿Tienen sentido hoy los conciertos educativos?

Enrique Díez
Agustín Moreno

España se ha convertido en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros.

Enlace a la publicación: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2016/09/15/tienen-sentido-hoy-los-conciertos-educativos/

Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, mayoritariamente confesionales católicos. Sin embargo, no sería hasta 1985, con el gobierno del PSOE de Felipe González, cuando la figura del colegio concertado (privado financiado públicamente) adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los privados sin financiación pública.

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). En una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas.

A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas aumenta año tras año. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2% en Educación Primaria y un 83% en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Se ha alcanzado una situación en España en que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7%, en el país, en algunas de las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores el porcentaje supera el 50% (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales en función de una supuesta “mayor demanda” de las familias, no por una mayor calidad educativa, sino por las características socioeconómicas de la población de esas escuelas concertadas.

“La primera hipotética razón nos haría pensar que los centros concertados pueden ofrecer una mayor calidad en la educación académica, pero los datos no dicen eso, una vez que se descuenta el efecto de las características socioeconómicas del alumnado. En segundo lugar, tampoco los resultados respaldan una hipotética mejor formación en comportamientos sociales en los centros concertados con respecto a los centros públicos. En tercer lugar, el factor religioso (católico) tiene una cierta relevancia, aunque no parece determinante en último extremo para la elección de centro” (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rogero y Andrés, 2014). Es más, los centros públicos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de calidad al contar con aulas menos masificadas, más participación de la comunidad educativa y un profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad.

“Lo que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados” (Fernández y Muñiz, 2012, 115Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014). Lo cierto es que, como dice Gimeno Sacristán (1998), detrás de muchos argumentos a favor de la libre elección, más que fervor liberalizador, lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase social.

De hecho, la más reciente investigación en sociología de la educación, de la Universidad Autónoma de Madrid (Rogero y Andrés, 2016), corrobora que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”. El 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública (Sáenz, Milán y Martínez, 2010). Por tanto, “no cabe hablar de calidad de la enseñanza, sino de calidad social de la clientela” (Feito, 2002, 121). Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de continuar, aboca a una importante merma de la equidad y la cohesión social.

Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo razonable que todas las familias puedan acceder al centro educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de elección de colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tiene que pagar cada uno, como antes se hacía en España. Si la Educación es un bien público no puede mantenerse como un negocio privado. El Estado debe velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compitan para conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara.

La obligación de la comunidad debe ser garantizar el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas. Y eso solo es posible con una red pública única, que no derive recursos públicos de nuestros impuestos a financiar opciones privadas, que garantice una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y modalidades educativas, que respete criterios pedagógicos y equitativos que beneficien a los menores y que ofrezca igualdad de oportunidades.

El doble principio constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza no se refiere en ningún momento a la preferencia de elección de centro educativo. Hace referencia a la capacidad de creación de centros o a la libertad de cátedra. Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, la LODE estableció la posibilidad de elegir entre dos redes financiadas con fondos públicos, con lo que se ha querido deliberadamente confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que en modo alguno está en nuestra Constitución ni en el derecho comparado (Moreno y otros, 2012). El propio Tribunal Constitucional ha confirmado que no existe ese hipotético «derecho a la subvención» aplicable a los centros educativos privados (1).

Los informes internacionales dejan claras las consecuencias negativas de esta política de escolarización. El informe de la OCDE denominado Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia.

Estamos actualmente ante una grave disyuntiva. Hoy dos proyectos ideológicos, sociales y políticos avanzan a nivel mundial. Estos dos proyectos encarnan dos formas radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones económico-sociales y la educación.

El primero, asienta sus raíces en un modelo económico y social capitalista basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal. Para esta ideología el interés colectivo no tiene por qué ser la finalidad la política educativa (Fernández Soria, 2007). Aboga por un mundo de competición descarnada, donde el mercado regule quién sobrevive en esta lucha permanente y desaparezcan los mecanismos de protección del bien común. Parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar o malestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Solo los más aptos sobrevivirán, puesto que los débiles y pobres no han sabido o querido esforzarse lo suficiente para triunfar. La pobreza y la desigualdad son inevitables y, en todo caso, algo se puede paliar con misericordia, sean obras de caridad, fundaciones u ongs.

Este modelo neoliberal, a pesar de la desigualdad mundial creciente que ha provocado, sigue siendo defendido por sus adeptos. Ha conseguido convertir la educación, de un derecho garantizado, en una oportunidad de negocio de corporaciones empresariales y grupos de intereses (en España, ligados fundamentalmente a la jerarquía católica), e impone cada vez con mayor ahínco un modelo de gestión de las escuelas como si fueran empresas que exigen “rentabilidad” y beneficios.

Con este modelo queda en el olvido un fundamento básico para la educación, que no es otro que procurar el progreso de todos y de todas y no el de unos pocos. Este es el otro modelo que considera que la finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que viven (Moreno, 2016). Busca la mejora de todas las escuelas públicas y hacerlas aceptables a las familias, en vez de incitarlas a elegir y competir, ya que no solo es menos costoso, sino que preserva los fines sociales de la educación. Entiende la educación como un bien común, en el que las familias participen, no como clientes, sino como copartícipes activas en la construcción social de una escuela beneficiosa para sus hijos y los hijos e hijas de los demás (Fernández Soria, 2007).

El Foro de Sevilla, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como solución en todo posible acuerdo que se articule para una nueva ley de educación, establecer como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

—-

1. Así lo ha dejado asentado el Tribunal Constitucional. Cabe citar, por ejemplo, la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”

Enrique Javier Díez es profesor de la Universidad de León y miembro del Foro de Sevilla.

Agustín Moreno es profesor de Secundaria, activista de Marea Verde y miembro del Foro de Sevilla.

IRPF Laico

La campaña de Europa Laica pidiendo que en la declaración de la renta no marquemos ninguna de las dos casillas que nos ofrece el impreso del IRPF, ni la de la Iglesia católica ni la de fines sociales, persigue algo tan sencillo y de sentido común como recordarnos que todas las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos, como el resto de organizaciones sociales.

Es decir, nos piden que no colaboremos en mantener un privilegio antidemocrático y anticonstitucional, por el cual se entregan cada año 11.600 millones del dinero público a la Iglesia Católica, mientras se recortan 12 mil millones en Sanidad (entre 2009 y 2015) y otros 9 mil millones en Educación (entre 2009 y 2015).

La financiación privilegiada de la jerarquía católica se justifica en los Acuerdos anticonstitucionales de 1979 con el Vaticano, firmados en las postrimerías del franquismo, que conculcan el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de nuestra Constitución), discriminando a la ciudadanía en función de sus creencias. Acuerdos que ya exigían que la iglesia “lograra por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, y que cuarenta años después ningún gobierno ha hecho cumplir.

El objetivo de esta campaña es, por tanto, suprimir la financiación de la iglesia y de todas las confesiones religiosas a través del IRPF. Es decir, que el Estado (todas las personas contribuyentes) dejemos de subvencionar sus actividades de culto y clero. Las creencias son un asunto particular y, por tanto, deberían ser financiadas, exclusivamente, por las personas que las profesan, como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro.

La casilla de “asignación tributaria a la iglesia católica” es anticonstitucional. Marcar esa casilla significa, como muy bien explica Europa Laica, restar el 0,7% de la cuota de la declaración a la caja común del Estado para los gastos públicos (sanidad, educación, dependencia…). De esta forma, quienes la marcan contribuyen sólo en un 99,3% a los gastos generales, de toda la población. No contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. Y gozan del privilegio de decidir a qué dedicar ese 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. Financiando así actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…).

El problema de fondo es la decisión política de mantener esta casilla en la declaración de IRPF. Porque los gobiernos que la han mantenido (tanto PSOE como PP) vulneran el principio constitucional por el que ninguna religión debe tener carácter estatal. Además de quebrantar el principio de igualdad ante la ley, discriminando por razón de creencias. En definitiva, las personas que marcan la casilla a la iglesia católica, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando toda la ciudadanía, sean nuestras creencias religiosas o no.

Marcar la casilla de fines sociales es “antidemocrática”. Quizá a alguien le extrañe que pidan también que no se ponga una cruz tampoco en la casilla de “asignación tributaria a fines de interés social”. Pero debemos recordar, como analiza Europa Laica, que esta opción realmente privatiza el deber de atención a los fines de interés social, una elección que debe ser pública y cuyos criterios y prioridades deben ser definidos y fiscalizados por el Parlamento, sede de la soberanía popular. La política de financiación de estos fines debe ser definida por el Parlamento y, por tanto, debe formar parte de una política del Estado. Así pues, debe canalizarse a través de los correspondientes debates presupuestarios, en función del interés general y siempre teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular. En todo caso, las políticas sociales no pueden depender de decisiones individuales marcando una X a favor de estos fines en su declaración de la renta. Distinto sería si, como dice Europa Laica, además del impuesto, el contribuyente pagara un 0,7% más para otros fines (de la iglesia u otros), en cuyo caso sí sería una donación voluntaria, lo que no es el caso en el modelo actual. Además, realmente en el fondo, sirve de doble financiación a la Iglesia católica, pues más del 30% de esta asignación se entrega a organizaciones y fundaciones católicas.

De ahí que la jerarquía católica anime a señalar ambas casillas, tratando de justificarlo como forma de seguir realizando su labor social o caritativa, cuando la realidad es que el IRPF que obtiene se dedica, casi en su tu totalidad, a pagar el salario del clero diocesano, el de los obispos y algunos seminarios y para financiar sus medios de comunicación. A Cáritas solo va el 2% de la recaudación. El resto es para salarios de sacerdotes, obispos, culto, labor pastoral, publicidad, etc., pero no es para labor asistencial, al contrario de lo que se publicita.

De hecho, entre toda la ciudadanía, según los datos oficiales recogidos por Europa Laica, financiamos 183 millones de euros para el sueldo y seguridad social de los obispos, cardenales, arzobispos y 20000 sacerdotes; 650 millones de euros para el sueldo y seguros sociales de 25000 catequistas de religión en los centros de enseñanza pública o concertada, la conferencia Episcopal, las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca; 600 millones de euros para el mantenimiento del patrimonio católico, que la jerarquía no gestiona al servicio de los intereses generales, sino que se apropia de la totalidad de los ingresos de sus visitas; y 4750 millones de euros en subvenciones a 2450 centros concertados católicos y conciertos sanitarios con 68 hospitales. Además, la iglesia católica está exenta de pagar impuestos por sus miles de inmuebles (el IBI), del impuesto de construcciones y obras, del impuesto de sucesiones y donaciones, del de transmisiones patrimoniales, del de actividades económicas, de actos jurídicos documentados, etc. (que supone más de 2000 millones de euros).

Los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, son los responsables de mantener estos privilegios heredados de la dictadura franquista y que, como analiza Enrique Ruiz, obligan al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras no se derogue dicho Acuerdo, el Estado está obligado (al menos mientras los sucesivos gobiernos tengan voluntad política para ello, dado que los gobiernos de PSOE y PP han incumplido e incumplen otros muchos acuerdos internacionales firmados) a mantener a 116 obispos y cardenales, 18.500 sacerdotes, 23.000 parroquias, seminarios y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen las contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

En nada ayuda que en los programas informáticos diseñados por el gobierno no figure claramente una casilla de “no asignación”, donde explícitamente el contribuyente pueda señalar dicha opción, sino que, muy al contrario, salta un aviso al confirmar la declaración recordando que no se ha marcado una de las dos casillas destinadas a la iglesia católica o a los fines sociales y que todavía se está a tiempo de hacerlo.

Por eso, Europa Laica y la sociedad cada vez de forma más mayoritaria exigen al Estado que deje de ser el recaudador de la Iglesia y elimine de una vez los privilegios económicos, educativos y jurídicos, heredados de la dictadura franquista, de los que sigue gozando, como es la financiación pública, la exención del pago del IBI, las inmatriculaciones o la religión en las escuelas. Algo que desde el Grupo de Pensamiento Laico apoyamos plenamente y que promoveremos activamente. Un primer paso es exigir al gobierno que elimine de forma inmediata las casillas del IRPF dedicadas a la Iglesia católica y a Fines Sociales por inconstitucionales y antidemocráticas. Y para esto solo es necesario voluntad política.

 

Memoria, Verdad, Justicia y Reparación

El Presidente del Gobierno del Partido Popular, que envió a cuatro ministros a cantar a voz en cuello en la calle como novios de la muerte, homenajeó en Argentina a las víctimas de la dictadura de ese país. Lo hace el presidente de un país que tiene todavía a las de nuestra dictadura en las cunetas y acaba de oponerse su partido en el Congreso a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dignificar a las víctimas enterradas allí y convertirlo en un centro nacional de la memoria.

Rajoy recorrió en Buenos Aires el Parque de la Memoria y lanzó al río de la Plata una ofrenda floral en honor a los asesinados. El Parque de la Memoria es uno de los denominados “lugares de la memoria”, un espacio público que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Contrasta radicalmente con el Valle de los Caídos en España, donde se rinde honor a Francisco Franco y donde permanecen sepultados cientos de restos de represaliados sin identificar y que funciona en la práctica como un monumento al franquismo. Contrasta con Argentina, donde uno de los principales centros ilegales de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada, ha sido convertida en un “espacio de memoria” en el que se explican los crímenes cometidos por el gobierno militar, los procesos judiciales, se recogen testimonios de los supervivientes y se organizan visitas en las que personas que estuvieron confinadas allí cuentan su experiencia.

Por eso Argentina es considerada un ejemplo mundial en la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de los derechos de las víctimas de la dictadura militar que asoló el país. Aunque los juicios a las Juntas Militares que condenaron a la cabeza del régimen, tras la recuperación de la democracia, fueron empañados por las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de los indultos del gobierno de Carlos Menem, sin embargo, desde 2005 el país se ha embarcado en un proceso de reapertura de las causas judiciales, que ha supuesto la derogación de esas leyes exculpatorias y también de los indultos, juzgando cientos de crímenes de lesa humanidad.

De ahí el contraste con un presidente de un gobierno que escribe en el memorial una pequeña carta donde muestra “mi testimonio de admiración y mi reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. Y cuyo silencio pasmoso, cuando un periodista argentino le preguntó qué iba a hacer con las víctimas del franquismo, muestra claramente la política de su partido respecto a la memoria histórica, dado que su partido es heredero del franquismo y se ha negado sistemática y reiteradamente a condenar los crímenes de la dictadura franquista.

Más que por acudir a los lugares de la memoria, Rajoy ha sido criticado por su “hipocresía” al alabar a las víctimas de la dictadura argentina, pero menospreciar, e incluso obviar, a las españolas, recordándole su partida de 0 euros durante muchos años seguidos para memoria histórica en los presupuestos o que el Estado sigua financiando y permitiendo las actividades de la Fundación Francisco Franco.

De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos argentinas –Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros– se han negado a acompañar a Rajoy en su visita, plantándole. Todos estas asociaciones y organismos defensores de los derechos humanos le hicieron llegar una carta en la que le exigían que se juzguen los crímenes cometidos durante el franquismo y que “contribuya a la Memoria, Verdad y Justicia” de las víctimas de la dictadura.

También le reclamaron que “adopte las medidas necesarias” para que “el Estado español extradite” a exfuncionarios y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españoles imputados en la causa que desde hace ocho años encabeza la jueza federal María Servini de Cubría y en la cual aparece el exministro leonés Rodolfo Martín Villa, que ocupó diversos altos cargos a lo largo de los años del régimen dictatorial franquista, investigado por delitos de lesa humanidad por los “sucesos de Vitoria” de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, en los que la represión policial de una concentración de trabajadores dejó cinco muertos, así como por estar acusado de ser responsable de otros seis asesinatos cometidos en operativos policiales cuando era titular del Ministerio de la Gobernación, cartera entonces encargada de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero el gobierno Rajoy lo ha impedido anulando la legislación española que aplicaba el principio de la jurisdicción internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, por el que España se había convertido en pionera en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Todos estos graves hechos, que marcan la política del Partido Popular y del Gobierno Rajoy, han llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, se haya pronunciado en 2017 recordándole a España que “el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”. El relator señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Por eso las asociaciones de memoria histórica seguimos luchando por la verdad, la justicia y la reparación y celebramos cada 14 de abril en el Cementerio de León la memoria, la dignidad, la lucha y los valores por los que dieron su vida tantos luchadores antifranquistas y republicanos que fueron asesinados por la dictadura que el PP se niega siquiera a condenar. Este año además se iniciarán los actos de homenaje en el Campo de Tiro de Puente Castro a las 11 horas, recordando el lugar de la memoria donde fueron asesinados masivamente tantos defensores de la democracia republicana.

El homenaje continuará posteriormente, a las 12 horas, como todos los años en el Cementerio de León, conducido por Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León, donde participarán como ponente principal Maite Mola, Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea que hará el discurso inicial; a continuación, intervendrá José Sarrión, Procurador en las Cortes de CyL de Izquierda Unida; y posteriormente asumirá la palabra Ana Marcello, diputada nacional de Unidos Podemos. Finalmente tomarán la voz diversos poetas y cantautores que pondrán palabras, música y poesía a la dignidad.

Este acto anual rinde tributo a la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática, sí, pero también es una mirada al futuro compartiendo la lucha y los valores por una República de justicia y dignidad para toda la humanidad que es su legado y nuestro compromiso, transformando el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un espacio de impulso para seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad.

 

Por unas pensiones públicas dignas

Los sindicatos CC.OO. y U.G.T. y la plataforma de pensionistas convocan movilizaciones para reivindicar unas pensiones públicas dignas.

Se reclama algo tan básico como:

  1. a) Pensiones dignas para asegurar una vida digna con criterios de la Carta Social Europea, lo que establecería la pensión mínima en 1.080 euros.
  2. b) El blindaje constitucional de las pensiones, asegurando su financiación sin estar sujetas al corsé de las cotizaciones: son un mandato constitucional del Estado Social y deben financiarse también con impuestos.
  3. c) La derogación de los aspectos más negativos de las reformas de 2011 y de 2013 (impuesta en solitario por el PP), recuperando la edad de jubilación a los 65 años, la revalorización automática con el IPC y la supresión del llamado Factor de Sostenibilidad (más bien, factor de empobrecimiento), que devaluará desde 2019 las pensiones al ligarlas a la expectativa de vida.
  4. d) La recuperación de la deuda social con los pensionistas o el poder adquisitivo perdido y la supresión de los copagos sanitarios.
  5. e) La reducción de la brecha de género porque la pensión contributiva media de las mujeres es un 37% inferior a la media de los hombres.
  6. f) Una reforma de las leyes que amparan la precariedad actual del mercado de trabajo para recuperar mayor estabilidad del empleo y calidad de los salarios.

El Partido Popular y su aliado Ciudadanos aseguran que no hay dinero para garantizar las pensiones y revalorizarlas al ritmo del IPC, pues esto costaría según ellos 2.300 millones de €. Como denuncia el economista de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, mienten. Porque sí que hay dinero para: rescatar con 40.000 millones de € a los bancos; gastar 11.000 millones de € en fragatas, tanques y drones militares; rescatar a Florentino Pérez del fiasco del depósito de gas natural Castor con 4.731 millones de €; rescatar a las autopistas con otros 6.000 millones de € para que los amiguetes que hicieron un pésimo negocio no pierdan ni un euro; “perdonar” 4.000 millones de € a las grandes empresas y fortunas por decisión de Montoro; “perdonar” otros 5.124 millones € al banco Santander, a CaixaBank y a Bankia en el impuesto de Sociedades gracias a los créditos fiscales; etc., etc. En definitiva, concluye, no hay 2.300 millones para revalorizar este año las pensiones, pero sí hay miles de millones de euros para corrupción, rescatar amiguetes, bonificar a empresarios o comprar armamento: “Nos toman por idiotas”.

Como analiza Agustín Moreno, garantizar las pensiones es una decisión política como lo es rescatar a los bancos, las autopistas, los gastos de defensa o combatir el fraude fiscal. Hay recursos para ello, ya que España dedica a pensiones un 10,7% del PIB frente a un 13,5% de media en la Unión Europea; y porque la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media.

Mientras, más de cinco millones de pensionistas no cobran ni 800 euros de pensión y más de dos millones de mujeres viven con una pensión contributiva de menos de 650 euros. El 71% de las pensionistas que cobran entre 600 y 650 euros de pensión son mujeres y 8 de cada 10 que tienen pensiones no contributivas son mujeres, es decir, que viven por debajo del umbral de la pobreza que está fijado en 573 euros. Si las pensiones han perdido desde 2010 más de 430 euros de poder adquisitivo, la factura de la luz ha subido un 10 %.

Por ello, quienes recortan las pensiones cuando la economía crece al 3%, quienes asustan a los ciudadanos en vez de buscar soluciones, no se merecen estar ni un minuto más al frente del Gobierno, pues habían sido elegidos para defender el bien común, pero desde su ideología política están justamente tomando decisiones radicalmente contrarias a ello.

Pero más allá de la voluntad política que tiene la derecha, especialmente el PP y Ciudadanos, de destinar el dinero de todos y todas a comprar armamento, rescatar bancos y autopistas de los suyos, o “perdonar” impuestos y evasiones fiscales a las grandes fortunas, hay que denunciar la desfachatez de los ataques al sistema público de pensiones para potenciar el negocio de los fondos privados por parte de todo el bloque neoliberal. Rajoy llamaba a “ahorrar en pensiones”, convirtiéndose en promotor de los fondos privados de pensiones de la banca y las financieras, al mismo tiempo que aprobaba medidas para incentivar los planes privados; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, exigía la vivienda de los jubilados como pago si no llega la pensión; los empresarios dicen que retrasar la edad de jubilación a los 67 se queda “muy corto”.

Nos quieren trabajando y siendo explotados hasta morir. A esto le llaman “envejecimiento activo”. Como los mayores en EEUU colocando en bolsas las compras a los consumidores en las grandes superficies para recibir una “ayuda”. Nos están preparando para un futuro no muy lejano donde las pensiones acaben reducidas a la mitad.

Hay alternativas. Claro que las hay. Si actualmente el sistema de pensiones depende del mercado de trabajo, está claro que a mejor calidad de las cotizaciones sociales mejor calidad de las pensiones. Por lo que legislar para que el salario mínimo interprofesional sea de 1.176 euros, el 60 por ciento del sueldo medio para toda la Unión Europea (UE) mejoraría la calidad del empleo y, por tanto, de las pensiones. Derogar las dos últimas reformas laborales, que solo han servido para precarizar el mercado de trabajo y aumentar la temporalidad con bajos salarios, también mejoraría la calidad del empleo y de las pensiones.

Pero no se puede hacer depender las pensiones de las cotizaciones sociales, por lo que es imprescindible también aumentar los ingresos mediante medias de solidaridad tributaria: evitar de una vez por todas las evasiones fiscales de las grandes empresas y fortunas, legislar para acabar con los paraísos fiscales, que los bancos paguen los impuestos que les toca pagar, suspender las desgravaciones a los planes privados de pensiones, etc., etc.

Todo el mundo lo sabe. Pero se necesita voluntad política de los partidos gobernantes para cambiar las políticas de empleo y blindar el sistema de pensiones de nuestros mayores, que han cotizado durante años.

Por eso, dada la agresión de la derecha y del sistema financiero contra el sistema público de pensiones, el siguiente salto de escala debería ser trabajar con el horizonte de una huelga general y una movilización sostenida para salvar el sistema público de pensiones, porque si hay algo que debemos defender en este país son las pensiones y los derechos sociales que nos están arrebatando.

Nos vemos en las calles defendiendo un sistema público de pensiones digno, justo, garantizado y sostenible.