Por unas pensiones públicas dignas

Los sindicatos CC.OO. y U.G.T. y la plataforma de pensionistas convocan movilizaciones para reivindicar unas pensiones públicas dignas.

Se reclama algo tan básico como:

  1. a) Pensiones dignas para asegurar una vida digna con criterios de la Carta Social Europea, lo que establecería la pensión mínima en 1.080 euros.
  2. b) El blindaje constitucional de las pensiones, asegurando su financiación sin estar sujetas al corsé de las cotizaciones: son un mandato constitucional del Estado Social y deben financiarse también con impuestos.
  3. c) La derogación de los aspectos más negativos de las reformas de 2011 y de 2013 (impuesta en solitario por el PP), recuperando la edad de jubilación a los 65 años, la revalorización automática con el IPC y la supresión del llamado Factor de Sostenibilidad (más bien, factor de empobrecimiento), que devaluará desde 2019 las pensiones al ligarlas a la expectativa de vida.
  4. d) La recuperación de la deuda social con los pensionistas o el poder adquisitivo perdido y la supresión de los copagos sanitarios.
  5. e) La reducción de la brecha de género porque la pensión contributiva media de las mujeres es un 37% inferior a la media de los hombres.
  6. f) Una reforma de las leyes que amparan la precariedad actual del mercado de trabajo para recuperar mayor estabilidad del empleo y calidad de los salarios.

El Partido Popular y su aliado Ciudadanos aseguran que no hay dinero para garantizar las pensiones y revalorizarlas al ritmo del IPC, pues esto costaría según ellos 2.300 millones de €. Como denuncia el economista de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, mienten. Porque sí que hay dinero para: rescatar con 40.000 millones de € a los bancos; gastar 11.000 millones de € en fragatas, tanques y drones militares; rescatar a Florentino Pérez del fiasco del depósito de gas natural Castor con 4.731 millones de €; rescatar a las autopistas con otros 6.000 millones de € para que los amiguetes que hicieron un pésimo negocio no pierdan ni un euro; “perdonar” 4.000 millones de € a las grandes empresas y fortunas por decisión de Montoro; “perdonar” otros 5.124 millones € al banco Santander, a CaixaBank y a Bankia en el impuesto de Sociedades gracias a los créditos fiscales; etc., etc. En definitiva, concluye, no hay 2.300 millones para revalorizar este año las pensiones, pero sí hay miles de millones de euros para corrupción, rescatar amiguetes, bonificar a empresarios o comprar armamento: “Nos toman por idiotas”.

Como analiza Agustín Moreno, garantizar las pensiones es una decisión política como lo es rescatar a los bancos, las autopistas, los gastos de defensa o combatir el fraude fiscal. Hay recursos para ello, ya que España dedica a pensiones un 10,7% del PIB frente a un 13,5% de media en la Unión Europea; y porque la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media.

Mientras, más de cinco millones de pensionistas no cobran ni 800 euros de pensión y más de dos millones de mujeres viven con una pensión contributiva de menos de 650 euros. El 71% de las pensionistas que cobran entre 600 y 650 euros de pensión son mujeres y 8 de cada 10 que tienen pensiones no contributivas son mujeres, es decir, que viven por debajo del umbral de la pobreza que está fijado en 573 euros. Si las pensiones han perdido desde 2010 más de 430 euros de poder adquisitivo, la factura de la luz ha subido un 10 %.

Por ello, quienes recortan las pensiones cuando la economía crece al 3%, quienes asustan a los ciudadanos en vez de buscar soluciones, no se merecen estar ni un minuto más al frente del Gobierno, pues habían sido elegidos para defender el bien común, pero desde su ideología política están justamente tomando decisiones radicalmente contrarias a ello.

Pero más allá de la voluntad política que tiene la derecha, especialmente el PP y Ciudadanos, de destinar el dinero de todos y todas a comprar armamento, rescatar bancos y autopistas de los suyos, o “perdonar” impuestos y evasiones fiscales a las grandes fortunas, hay que denunciar la desfachatez de los ataques al sistema público de pensiones para potenciar el negocio de los fondos privados por parte de todo el bloque neoliberal. Rajoy llamaba a “ahorrar en pensiones”, convirtiéndose en promotor de los fondos privados de pensiones de la banca y las financieras, al mismo tiempo que aprobaba medidas para incentivar los planes privados; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, exigía la vivienda de los jubilados como pago si no llega la pensión; los empresarios dicen que retrasar la edad de jubilación a los 67 se queda “muy corto”.

Nos quieren trabajando y siendo explotados hasta morir. A esto le llaman “envejecimiento activo”. Como los mayores en EEUU colocando en bolsas las compras a los consumidores en las grandes superficies para recibir una “ayuda”. Nos están preparando para un futuro no muy lejano donde las pensiones acaben reducidas a la mitad.

Hay alternativas. Claro que las hay. Si actualmente el sistema de pensiones depende del mercado de trabajo, está claro que a mejor calidad de las cotizaciones sociales mejor calidad de las pensiones. Por lo que legislar para que el salario mínimo interprofesional sea de 1.176 euros, el 60 por ciento del sueldo medio para toda la Unión Europea (UE) mejoraría la calidad del empleo y, por tanto, de las pensiones. Derogar las dos últimas reformas laborales, que solo han servido para precarizar el mercado de trabajo y aumentar la temporalidad con bajos salarios, también mejoraría la calidad del empleo y de las pensiones.

Pero no se puede hacer depender las pensiones de las cotizaciones sociales, por lo que es imprescindible también aumentar los ingresos mediante medias de solidaridad tributaria: evitar de una vez por todas las evasiones fiscales de las grandes empresas y fortunas, legislar para acabar con los paraísos fiscales, que los bancos paguen los impuestos que les toca pagar, suspender las desgravaciones a los planes privados de pensiones, etc., etc.

Todo el mundo lo sabe. Pero se necesita voluntad política de los partidos gobernantes para cambiar las políticas de empleo y blindar el sistema de pensiones de nuestros mayores, que han cotizado durante años.

Por eso, dada la agresión de la derecha y del sistema financiero contra el sistema público de pensiones, el siguiente salto de escala debería ser trabajar con el horizonte de una huelga general y una movilización sostenida para salvar el sistema público de pensiones, porque si hay algo que debemos defender en este país son las pensiones y los derechos sociales que nos están arrebatando.

Nos vemos en las calles defendiendo un sistema público de pensiones digno, justo, garantizado y sostenible.

 

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Acerca de Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesor de la Universidad de León (España). Autor de publicaciones sobre Educación Intercultural, Política Educativa, Videojuegos, Género, Cultura organizativa y Organización Educativa.

Publicado el 28 mayo, 2018 en Educación Pública. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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