Proceso constituyente para una nueva Ley Educativa compartida

En el marco del llamamiento hacia un Proceso Constituyente que ha iniciado Izquierda Unida para construir desde abajo un nuevo modelo de país, se ha propuesto impulsar también un aspecto de este proceso constituyente en Educación.

La Educación es uno de los ejes y elementos fundamentales en la construcción de un nuevo país y debe ser labor de toda la ciudadanía participar y decidir sobre la educación que quiere para las futuras generaciones. Por eso IU está impulsando un proceso de elaboración y decisión colectiva, abierto a la participación de toda la Comunidad Educativa, colectivos, organizaciones civiles y ciudadanía en general, de cara a establecer los ejes básicos y aspectos prioritarios para una nueva Ley de Educación que sería ratificada finalmente por referéndum.

Es hora de pasar del rechazo contundente al modelo educativo vigente, cuyo máximo exponente es la LOMCE, a la propuesta de un modelo alternativo de Educación Pública ampliamente compartido.

Hemos hecho una constante labor de denuncia y oposición, tanto en la calle con la comunidad educativa como en las instituciones y el Parlamento, a los continuos recortes y desmantelamiento de la Educación Pública que el PP viene haciendo sistemáticamente, que nos dejan a la cola de Europa en inversión educativa y que nos retrotraen a un modelo de educación franquista y confesional donde se busca la excelencia de unos pocos a costa del fracaso de la mayoría, dualizando el sistema educativo y segregando a aquel alumnado que más apoyo educativo necesitaría. Por eso ha llegado la hora de construir con la comunidad educativa, con la que hemos compartido luchas contra este modelo neoliberal, una alternativa que dé estabilidad y acuerde un modelo educativo compartido por la mayoría de la comunidad educativa que convierta la educación en un desafío apasionante y no en un viacrucis de reválidas y sanciones que excluyan a buena parte del alumnado que ha sido incluido en los últimos años en el sistema educativo.

Los ejes que vertebrarían el documento inicial a debate girarían en torno a: Ampliar la red pública de centros educativos, de titularidad y gestión pública, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización desde Educación infantil (0 a 6 años). Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, dotándola de recursos necesarios para cubrir todas las necesidades, incluyendo materiales didácticos, libros, servicio de comedor y de transporte escolar; así como becas de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite. Extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años, con diversos itinerarios y modalidades formativas desde los 16.

Incremento del gasto público educativo hasta llegar al 7% del PIB en 6 años, creando un fondo de cohesión educativa que corrija los desequilibrios y desigualdades territoriales. Supresión de la financiación pública de los centros privados. En su caso, integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado. Plan de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo a quienes presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan.

Incremento de la dotación de recursos a zonas y centros con mayor escolarización de alumnado con dificultades y/o en desventaja social. Ampliación de plantillas de personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo para reducir el número de escolares por grupo y por docente y poder responder a las distintas necesidades del alumnado. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico que sea desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica. Derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión, así como sus actos y símbolos, queden fuera del ámbito escolar.

Fomento de metodologías didácticas para aprender cooperando, en grupos interactivos, trabajo por proyectos…, donde los docentes puedan planificar y colaborar conjuntamente, aprendiendo mutuamente y compartiendo experiencias. Formación inicial teórico-práctica del profesorado de todos los niveles que garantice su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente. Reconocimiento, respeto y apoyo a las condiciones de trabajo del profesorado. Regulación acordada con los sindicatos del marco de las condiciones de trabajo de los docentes. Respaldo a las redes y comunidades profesionales de aprendizaje, así como a la formación permanente del profesorado. Potenciación de la autonomía pedagógica y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros.

Construcción de “escuelas democráticas” que corresponsabilicen al alumnado en la dinámica educativa de los centros e implique a toda la comunidad escolar en la construcción de una comunidad de aprendizaje. Apertura de los centros a su entorno para que sean focos de mejora social y cultural, poniendo los recursos del centro al servicio de la comunidad y permitiendo que las asociaciones, grupos y personas del entorno puedan participar e involucrarse en la dinámica del propio centro. Construcción de ciudades educadoras y entornos sociales y vitales que favorezcan el proceso educativo, que ayuden y colaboren en la educación colectiva.

Estas propuestas se han presentado a los representantes estatales de los distintos sectores de la comunidad educativa el 2 de octubre en el Congreso de los Diputados para que todos puedan hacer aportaciones o sugerencias, y sobre todo para invitar a toda la comunidad educativa a trabajar conjuntamente en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo.

A partir de esta presentación inicial se ha iniciado un proceso participativo de discusión y debate público sobre ese borrador durante los meses de octubre a marzo de 2015, recogiendo opiniones, propuestas y aportaciones a través de la web y las redes sociales (http://leyeducacompartida.wordpress.com), para hacer lo más amplia posible la participación, y mediante asambleas y encuentros de debate, buscando la implicación en la construcción de esta alternativa educativa de la ciudadanía y del profesorado, estudiantes y PAS de toda la comunidad educativa.

Porque es la comunidad educativa y la ciudadanía en general la que tiene la legitimidad del poder constituyente para establecer un marco educativo que corrija la actual deriva neoliberal en educación.

Anuncios

Acerca de Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesor de la Universidad de León (España). Autor de publicaciones sobre Educación Intercultural, Política Educativa, Videojuegos, Género, Cultura organizativa y Organización Educativa.

Publicado el 18 enero, 2015 en Educación Pública y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: