Archivos Mensuales: septiembre 2013

Radicalizar la precariedad en la universidad

Ésta ha sido la decisión que nuestra Universidad ha tomado, radicalizar aún más la precariedad del profesorado ya de por sí más precario e inestable de la Universidad, el profesorado asociado, profesionales de reconocido prestigio que aportan su experiencia laboral al mundo académico, contratándoles por tres meses, del 23 de septiembre al 22 de diciembre.
Nuestra Universidad ha decidido que el profesorado asociado firmará este año su contrato el 23 de septiembre, el mismo día que empieza el curso universitario. Ese mismo día se tienen que incorporar a dar las nuevas asignaturas que les hayan asignado los departamentos. La preparación de las mismas, la búsqueda de materiales, bibliografía e investigaciones sobre el campo de conocimientos, el diseño de la metodología de trabajo en las aulas, todo esto se supone que lo harán por ciencia infusa el mismo día que firman el contrato y que serán capaces de improvisar sobre la marcha. Porque con los recortes y las políticas universitarias que se están llevando a cabo ésta parece ser la “calidad docente” que ahora se les ofrece a estudiantes que están pagando tasas universitarias que se han encarecido casi un 30%. Profesorado que tiene que a menudo tiene que improvisar la docencia, pues la mayor parte de las veces se le asignan las asignaturas que va a impartir el mismo día que firma el contrato. Mientras que al alumnado le exigen que pague cada vez más, multiplicando los precios de las matrículas, por recibir clases en estas condiciones.
De todos los posibles contratos que podía haber elegido la Universidad de León, ha optado por el más precario y de peores condiciones laborales para este profesorado universitario. Ha decidido que serán contratos trimestrales. Su contratación finalizará el 22 de diciembre, es decir, el día antes de que empiecen las vacaciones de navidad. Justo para ahorrarse el pago de este tiempo, que este profesorado “sub-cieneurista” tendrá que costearse por su cuenta. Ha decidido eliminar de un plumazo un derecho histórico adquirido por la clase trabajadora: el pago de tiempo de vacaciones negociado y acordado socialmente. Se les despide a las puertas de las fiestas de navidad. Para este profesorado precario y mal pagado no hay fiestas.
A este ritmo nuestra Universidad parece que acabará optando por la senda que está trazando el PP en Comunidades como Madrid, donde contrata a docentes durante días sueltos para que corrijan los exámenes de septiembre, por supuesto sin contar fines de semana. Es el modelo laboral de los temporeros de la vendimia. No se si no terminaremos despidiendo cada viernes para no tener que pagar por los fines de semana.
El rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida, es responsable en último término de la política de contratación del personal de la Universidad de León. Pero, olvidando cualquier criterio académico y universitario y perdiendo de vista la finalidad básica de lo que es una Universidad al servicio del saber, la justicia, la equidad y los valores humanos, ha optado por aplicar estrictamente criterios de recorte económico en la contratación del profesorado asociado de nuestra Universidad, justamente el que está en condiciones laborales más vulnerables en nuestra institución pero al que, sin embargo, se le pide que sea el más prestigioso en su ámbito de especialización para poder impartir docencia universitaria.
Las consecuencias de esta política de personal están siendo desastrosas para la docencia y la calidad universitaria. No es de extrañar que muchos profesionales de reconocido prestigio hayan desistido de ser profesores en nuestra Universidad, porque consideran una auténtica burla y una indignidad contratos de tres meses con unos sueldos que ni siquiera llegar a ser “cieneuruistas” en algunas ocasiones.
Por eso ya no sorprende que empiecen a proliferar los denominados “falsos asociados”. Licenciados que, recién acabada la carrera, se dan de alta como autónomos y son contratados como asociados para impartir docencia en la Universidad. Sin apenas preparación académica, con prácticamente nula experiencia laboral que aportar, éstos no ponen pegas para dar la docencia que se les asigne en las condiciones más precarias, puesto que no tienen otra alternativa laboral. Lo cual supone no sólo una rebaja de la calidad en la formación impartida, sino una perversión del sistema que dice ofertar la experiencia y bagaje de profesionales especializados en su campo a la formación universitaria.
De esta forma los estudiantes, que han visto cómo se les multiplican exponencialmente el coste de sus matrículas para acceder a los estudios superiores, se encuentran como profesores suyos antiguos compañeros recién titulados que se defienden como pueden en asignaturas que tienen que empezar a preparar el mismo día que comienzan las clases. Esta es una forma de rebajar la calidad de la educación superior y desmantelar la Universidad pública, poniendo las condiciones para que muchos estudiantes empiecen a pensar en optar por Universidades privadas que ya no parecen tan caras ni con peor calidad a la vista de la deriva que están llevando los actuales gobiernos conservadores y los equipos de gestión universitaria que secundan y radicalizan incluso sus recortes.
Impulsamos así en el ámbito universitario los minijobs de la nueva semiesclavitud que ya vienen preconizando la patronal de la CEOE, el PP, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos adalides de recortar sueldos a los trabajadores y las trabajadoras, mientras mantienen sueldos multimillonarios para sus directivos, aunque luego éstos acaben en las cárceles por delitos económicos, como los dirigentes de la CEOE. Si este es la pauta que va a seguir la Universidad de León, no sólo me escandaliza e indigna el modelo establecido por la Junta de Castilla y León y el gobierno del PP, sino la complicidad del propio equipo rectoral de la Universidad con este modelo inasumible de precarización y recorte de derechos laborales y sociales hacia los propios compañeros, que comparten docencia y horas de trabajo en el espacio universitario, extremando incluso las medidas más radicales de la reforma laboral del Partido Popular.

Se busca padrino para estudiante pobre

Campaña “Apadrina un estudiante por navidad”

Si estrangulas a alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad y la investigación pública.

Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado “El auge del capitalismo del desastre”. La terapia de shock que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”, provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando “donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.

La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que “generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes consorcios empresariales y financieros.

Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película “Plácido”, donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la posguerra basada en el lema “Siente a un pobre a su mesa”. Convertir las Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.

Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un título universitario.

Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema es el “precio” de esa respiración asistida.

Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría, como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más habituales, es que quien paga manda.

El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir limosna si quieren estudiar.

La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social, no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes, proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de nuestros estudiantes.