Decálogo para abortar la ley Wert

El Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) del PP es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde.

Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales.

Se plantea sin financiación y tras brutales recortes, que se ahondan aún más en los Presupuestos Generales del Estado del 2013, con un recorte añadido del 14,4% y 50 millones menos para becas, todo lo cual socava aún más la calidad de la educación pública y los derechos de sus profesionales. Las consecuencias son cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor escolar. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Diez razones para oponerse activamente a esta reforma: Tiene un marcado enfoque mercantilista. Concibe la educación como una carrera de obstáculos con múltiples reválidas. Es clasista y segregadora a través de itinerarios selectivos y tempranos. Socava la participación democrática de la comunidad educativa en los centros. Opta por la recentralización y control del currículo por la Administración. Introduce la “gestión empresarial” de los centros. Propone su financiación según resultados. Potencia la competitividad y especialización entre centros para clasificarlos en rankings. Fomenta el negocio educativo. “Legaliza” los conciertos con centros que discriminan por razón de sexo.

El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Se promueve la “Nueva Gestión” empresarial de centros, donde se puede desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga.

Se incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del TS.

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

Por eso toda la comunidad educativa está exigiendo la inmediata retirada del anteproyecto de ley y empezar por un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

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Acerca de Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesor de la Universidad de León (España). Autor de publicaciones sobre Educación Intercultural, Política Educativa, Videojuegos, Género, Cultura organizativa y Organización Educativa.

Publicado el 2 octubre, 2012 en Educación Pública, Privatización Educaación. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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