Archivos Mensuales: octubre 2011

Educación a la chilena

Los recortes en educación sólo han hecho que empezar

Los recortes en educación no sólo afectan a las provincias madrileña, castellano manchega o gallega, sino que se extienden por toda la geografía española, aunque las consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas no lo quieran admitir, haciéndolo de manera encubierta o solapada.

Este afán de recorte en la educación pública responde a una estrategia política que ya se ha ensayado en diferentes países, donde las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional han producido un progresivo desmantelamiento de la educación pública y un auge simultáneo del negocio privado de la educación.

Estas políticas educativas de recortes y privatización de la educación pública responden a la aplicación de la doctrina neoliberal a la educación. El capitalismo persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos del planeta, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida. Pero quedaban las empresas de propiedad pública y, sobre todo, los servicios sociales que proporciona el Estado. Para el capital financiero la educación mundial representa el último gran mercado, un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año según la UNESCO y éste es un “suculento pastel” al que no está dispuesto a renunciar.

Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino que se ha generado un proceso sutil y progresivo que va adquiriendo pequeñas partes del pastel y del sentido común, convenciendo y avanzando, poco a poco, coordinando acciones y discursos.

Los organismos internacionales, especialmente la OMC, encargados de imponer la liberalización y la privatización de los servicios públicos, proponen un “movimiento de abandono de la financiación pública en beneficio de una mayor respuesta al mercado, junto con una mayor apertura hacia mecanismos alternativos de financiación”. Los organismos internacionales de menor rango, como la OCDE, emiten “informes de expertos y expertas” que consagran esta doctrina en forma de “recomendaciones”, presionados por los lobbies patronales del sector. Los gobiernos nacionales se amparan en estos “informes técnicos neutros” para demostrar que sería un error llevar a cabo una política respetuosa de preservación de los servicios públicos. E incluso, se argumenta, si se decidiera no seguir sus recomendaciones, los demás países sí que lo harían y se perdería “competitividad”, palabra mágica donde las haya. Los gobiernos socialdemócratas europeos se han vuelto especialistas en dar la impresión de querer resistir en un primer momento las exhortaciones de la OCDE para ir aplicándolas más tarde con cuentagotas. Después de haber anunciado que se está luchando contra el fin del mundo, reducir el riesgo a una simple catástrofe puede considerarse fácilmente como un progreso.

El Reino Unido se ha hecho especialista en la privatización de escuelas públicas: empresas vinculadas a la venta y fabricación de armamento, como SERCO, se han hecho cargo de la gestión de escuelas en Inglaterra, así como la gestión de la inspección educativa y de la formación del profesorado. Todo centro público que tarde en alcanzar los estándares fijados por el gobierno es, pura y simplemente, vendido; se cambia la dirección y si los malos resultados persisten, se cambia todo el profesorado y el centro empieza desde cero con gestión privada. En Francia, el gupo Educinvest gestiona ya 250 escuelas privadas y realiza un volumen de negocio anual de más de 130 millones de euros.

La Reforma Moratti en Italia, comenzó suprimiendo el término “público” en el nombre del ministerio, entregando una prima a cualquier familia que optara por la escuela privada, favoreciendo la competitividad entre centros y su privatización, y promocionando la búsqueda de sponsors que patrocinaran económicamente las escuelas. La posterior reforma Gelmini, recortó el gasto educativo, bajó la educación obligatoria de los 16 años a los 14, privatizó los consejos de administración de los institutos y transfiere recursos públicos a manos privadas a través de cheques canjeables por educación.

En Chile, con la reforma del año 1980, la educación pasó a constituir un campo más de posibilidades de inversión privada y expansión del libre mercado, en donde el Estado literalmente dejó de preocuparse por el proceso educativo, asumiendo sólo una función de carácter subsidiaria, al igual que Colombia o México. Este modelo quedó consolidado con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), de la dictadura de Pinochet, que redujo la aportación estatal a los centros públicos y limitó la responsabilidad del Estado solo a garantizar la gratuidad en la educación primaria. De hecho, el sistema de educación pública, en manos de la administración municipal, está en un proceso progresivo de destrucción (la denominada “educación de los pobres” y último vestigio de la educación pública). Y en la educación superior rige el principio de que “si no te endeudas, en Chile no estudias”. De ahí las movilizaciones en Chile contra el Gobierno del multimillonario conservador Sebastián Piñera para exigir mejor calidad y la gratuidad de la educación.

El resultado de estas políticas ha sido desastroso en todo el mundo: incremento de las tasas de analfabetismo, aumento de la segregación social, unos enormes índices de abandono escolar y un aumento de la desigualdad social. Este parece ser el camino emprendido con las actuales medidas de recortes presupuestarios en educación que ya ha comenzado en nuestra comunidad, pero lo más grave está por venir, por eso la Junta no quiere dar a conocer los presupuestos para el 2012 hasta después del 20N.

Está claro que detrás de estas medidas hay una estrategia política clara: degradar y empeorar la calidad del sistema público educativo, de tal forma que las familias se vean obligadas a pagar en centros privados la educación de sus hijos e hijas, convirtiendo la educación en un negocio. El ataque es a la igualdad, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas. Los recortes se justifican como medidas de ahorro, pero hay una decisión política e ideológica cuando se han vuelto a destinar recientemente 17.657 millones de euros para “salvar” a los bancos y cajas. El problema no es la crisis, ni que no haya dinero: son las prioridades de gasto, en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos.

Educación Superior a la colombiana

Primero vinieron por infantil, primaria y secundaria...

Mientras que las protestas estudiantiles en Chile han captado la atención de todo el continente y buena parte del resto del mundo, no son muchos los que saben que en Colombia desde hace varios meses también se está librando una batalla definitiva por el futuro de la educación superior. Organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales de Colombia se manifiestan contra la reforma de la Ley 30 de Educación Superior que terminará por ahogar financieramente, y consecuentemente privatizar las universidades públicas. Además rechazan el alza de las matrículas, especialmente de las universidades privadas que pueden llegar a costar 10.000 dólares al año, en un país donde el salario mínimo es de 300 dólares y el 60% de la población ocupada, según el mismo gobierno, cobra aún menos.

En un país donde sólo el 0.49% del Producto Interno Bruto se destina a la educación superior (el presupuesto militar es de más del 6%), solo el 37% de los estudiantes acceden a la educación superior, y el 45% de esos estudiantes universitarios nunca se llega a graduar.

Los estudiantes colombianos protestan por lo insuficiente de la partida presupuestaria contemplada por el Estado para la Educación Superior. Si en Estados Unidos el gasto por alumno o alumna es de cien mil dólares al año y en Colombia no llega a tres mil dólares, que con la reforma se verían disminuidos a 250. Pero además se indignan porque la mayoría de estos recursos serán canalizados vía créditos estudiantiles, en lugar de ser entregados directamente a unas universidades que arrastran un déficit de cerca de 350 millones de dólares. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tuvo que eliminar en el proyecto de reforma la inclusión de instituciones con fines de lucro en el sistema universitario colombiano, al estilo chileno. Sin embargo, la propuesta de reforma mantiene el lucro y la privatización de la educación superior, pues sigue promoviendo que las universidades públicas se asocien con empresas privadas.

No quieren el camino chileno: 5 años estudiando y 15 pagando, con un sistema de créditos que se conceden a través de los bancos privados, y que tienen unas tasas de interés de un 6% como mínimo, por encima incluso de un crédito hipotecario. Cuando accede al mundo laboral el estudiante chileno arrastra una deuda de en torno a 30.000 dólares que debe empezar a pagar desde el primer empleo. El 70% de los estudiantes chilenos tiene un crédito universitario, en un país donde el 60% de la población vive con 180 euros mensuales mientras los aranceles universitarios son de más del doble de esa cifra.

En 1981 Pinochet reformó el sistema universitario, eliminando la educación universitaria gratuita. A partir de entonces, quienes quieren ir a la universidad y no tienen dinero para pagarla, deben pedir créditos. En 1990, Pinochet dio otra vuelta de tuerca más con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador, y delegó la enseñanza en el sector privado. La ley abrió las puertas al lucro en la educación y dio pie al negocio de las “escuelas y universidades empresa”. En los últimos 30 años hubo un ‘boom’ de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas), que hoy día acogen al 60% del alumnado de primaria y secundaria.

Las escuelas públicas pasaron a depender de los Ayuntamientos con insuficientes recursos, lo que provocó un progresivo deterioro de la calidad educativa. En tanto, en el nivel de educación superior aparecieron una treintena de universidades privadas, que hoy representan el 60 por ciento del sector. Irónicamente, esas universidades absorbieron a muchos de los estudiantes más pobres, que por venir del sistema educativo municipal sacaron notas más bajas en la prueba de selección universitaria. Los sucesivos gobiernos de la Concertación y la actual administración de Piñera, tanto de derechas como socialdemócratas, prefirieron mantener la misma lógica neoliberal dejando que el mercado regule el sector educativo. No es un problema de falta de dinero, pues con el precio del cobre –la mayor exportación del país- a precios récord, los fondos existen. El problema es ideológico.

España está siguiendo también, de forma más solapada y encubierta, el modelo chileno. En 2011 los campus universitarios públicos han sufrido un recorte de unos 300 millones de euros, mientras que este curso hay 73.344 más universitarios que el curso pasado, y 150.000 más que en el curso 2007-2008. La Comunidad de Madrid ha sido condenada por los tribunales a pagar 43,3 millones de euros que debe a la Universidad Complutense sólo en obras. El presidente de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) denuncia que las Comunidades Autónomas están emprendiendo un proceso de privatización de las universidades públicas recortando su financiación y estrangulando su funcionamiento. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) explica que «tenemos conocimiento de que algunas comunidades rebajarán entre un 6% y un 7%, otras un 10% y otras hasta un 16% su presupuesto». La Junta de Castilla y León ha comunicado la reducción del presupuesto ya aprobado y los gastos comprometidos para las Universidades de la región. En concreto a la Universidad de León estos recortes le suponen una reducción de un millón y medio de euros respecto a la asignación inicial.

De esta forma las Universidades se ven obligadas a acumular deudas, a subir las tasas de matrícula, a recortar programas y servicios o a buscar financiación de organizaciones privadas. Con la excusa de la “crisis” se está realizando una “reforma de la educación”, convirtiendo la formación superior en un negocio reservado a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos. Esto es lo que hizo Pinochet en Chile. Esta es la reforma en Colombia. Y esta es la aplicación en España de la estrategia universidad 2015, el plan Bolonia en sus primeros pasos. Si en Colombia y en Chile la comunidad universitaria está reclamando en las calles una educación pública gratuita y de calidad en la Universidad, para cuándo empezaremos en España. Estudiantes y profesorado de las universidades públicas catalanas han decidido convocar una huelga general para protestar contra los recortes en educación superior para el 17 de noviembre. ¿Nuestras universidades se unirán o dejaremos que siga adelante el modelo de privatización de la educación superior a la colombiana?

Por qué salgo a la calle el 15-O

15-O Cambio Global

15-O Cambio Global

Salgo a la calle el 15 de octubre porque vivimos dentro de relaciones criminales: la fortuna conjunta de los 225 multimillonarios más ricos del mundo equivale al ingreso anual del 47% más pobre de los habitantes del planeta. Salgo a la calle el 15 de octubre porque el coste del desarrollo de un misil balístico transcontinental podría alimentar a 50 millones de niños y niñas, construir 160.000 escuelas y abrir 340.000 centros de salud; porque el coste de un submarino nuclear es igual al presupuesto anual de educación de 23 países empobrecidos. El capitalismo es un orden social caníbal, y nuestro silencio facilita que se devore a nuestros semejantes y como decía Atahualpa Yupanqui “hay algo más importante que saber si existe dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor”.

Salgo a la calle el 15-O para pedir un cambio global, porque estoy indignado de que más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema y 820 millones pasan hambre de forma continuada; de que 24.000 personas mueran diariamente de hambruna y 30.000 niños y niñas por causas relacionadas con la pobreza. Porque estoy cansado de que las Naciones Unidas pidan año tras año 70.000 millones para acabar con eso, 200 veces menos de lo que le hemos dado a los bancos, y que nunca haya dinero para acabar con la pobreza y con el hambre, y siempre haya el dinero que sea necesario para “salvar” a los bancos y a las corporaciones financieras.

Salgo a la calle el 15-O porque hemos legitimado el mercado para decidir sobre nuestras vidas. Y si lo dejamos solo, no sólo destrozarán la tierra, sino que sus sistemas sólo permitirán que subsista el 20% más rico del mundo. Como ellos dicen, coge lo mejor y tira el resto a la basura.

El 15-O salgo a la calle contra el paro y los recortes sociales en Europa que provocan la banca y el bipartidismo.

Salgo a la calle el 15-O reclamando una alternativa a las imposiciones de austeridad que sólo sufrimos las mayorías sociales. No hay una sola prueba de que este modelo de salida de la crisis funcione, las políticas de austeridad se asumen como dogmas. Toda esta ideología neoliberal parte de un supuesto de fe indemostrado e indemostrable: el “mercado” nos trae la salvación. Y no hay “mito” más extraordinario de la ciencia económica: es difícil encontrar otro caso donde los hechos contradicen tanto una teoría. En esta nueva religión, el crecimiento de los beneficios del mercado es el único dios y cualquier medida que pudiera reducirlos, es considerada por las creyentes una herejía. Sin embargo las consecuencias ya las sufrimos desde hace tiempo. Ningún economista de los que hoy recetan la austeridad puede poner sobre la mesa un ejemplo de salida exitosa de la crisis recortando derechos y agudizando la brecha entre ricos y pobres. Más bien al contrario, ejemplos como Grecia o Argentina demuestran que los recortes sólo generan más recesión y precariedad.

Esta salida neoliberal de la crisis no es sólo antisocial, sino profundamente antidemocrática: ni un sólo gobierno de los que hoy aplica recortes los llevaba en su programa electoral. Es su atención a las demandas de los mercados y no a las de la ciudadanía que les votó, la causa de esta situación. Las reformas laborales y de las pensiones, los ataques a la sanidad y a la educación pública, la falta de acceso a una vivienda digna, los rescates a la banca, las privatizaciones de lo público son la salida neoliberal de la crisis pactada por los mercados, y sancionada por el PP y el PSOE.

El debate político central en España es el debate de las salidas que se dan a la crisis, y que supone una confrontación política entre la salida neoliberal de los recortes sociales y de los retrocesos democráticos, o una salida social en torno al empleo y la democracia participativa.

El objetivo de la salida neoliberal es imponer un ajuste salarial permanente por medio de la reforma laboral y de la negociación colectiva, por medio de la reducción del gasto público y del sector público para financiar la deuda del sector privado, y en especial de la banca y por medio de los programas de ajuste estructural, y que de triunfar, traerá consigo una verdadera dictadura de los mercados contra la ciudadanía. Los tres instrumentos principales para lograr este objetivo son los recortes presupuestarios, las privatizaciones, en especial de las Cajas de ahorro, y el ataque al sistema público de pensiones.

Esto explica la imposición exterior de una reforma de la Constitución cuyo aspecto central ha sido la de marcar la prioridad absoluta del pago del servicio de la deuda, frente a cualquier otra necesidad social o económica.

La asunción de una política de ajuste salarial permanente, solo será posible por medio de un retroceso sin precedentes de las condiciones sociales y laborales de la mayoría social, junto a un ataque importante a los mecanismos de participación democrática y de la propia soberanía nacional de nuestro país.

Por eso yo salgo a la calle el 15 de octubre para luchar por una salida social que destine nuestros impuestos no a rescatar a los bancos y a las entidades financieras, sino a acabar con el paro, la deuda de las familias, el problema de la vivienda, la usura de la banca privada y la falta de Estado social. Yo salgo a la calle el 15 de octubre para que no gobiernen los mercados, con la sumisión clamorosa de los grandes partidos que tratan de calmarlos ofreciéndoles en sacrificio nuestro sudor y nuestra sangre, sino para que establezcamos un gobierno de la ciudadanía basado en la democracia participativa, con una inmediata reforma electoral, con mecanismos de democracia directa y de separación de lo político con el mundo de la empresa (combatiendo la corrupción) y la recuperación de la soberanía nacional.

Por eso necesitamos articular una respuesta junto al resto de los sectores sociales afectados, de las personas, los colectivos y los movimientos sociales para crear herramientas democráticas que sirvan para demostrar nuestro rechazo este saqueo organizado de nuestros recursos y nuestra voluntad de que sean ellos -los ricos, los políticos y los banqueros- quienes paguen por la crisis que han provocado. Estamos hartos de intentar curar los síntomas de un modelo económico –hospitales sin recursos, gentes ‘sin techo’, cárceles abarrotadas, muertos diarios por hambre, cambio climático-, por eso la única opción que queda es ‘anular’ el sistema que se esconde tras esos síntomas. Por eso queremos un cambio global.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León

La aplicación de la doctrina neoliberal en educación

Estas políticas educativas de recortes y privatización de la educación pública que estamos viendo que se extienden como la pólvora por España, Italia, Grecia, Inglaterra, o que vienen aplicándose desde hace 30 años en Chile, Colombia, México, etc., responden a la aplicación de la doctrina neoliberal a la educación. El capitalismo persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos del planeta, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida. Pero quedaban las empresas de propiedad pública y, sobre todo, los servicios sociales que proporciona el Estado. Para el capital financiero la educación mundial representa el último gran mercado, un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año según la UNESCO y éste es un “suculento pastel” al que no está dispuesto a renunciar.

Este nuevo mercado no se asalta inmediatamente, sino que se ha generado un proceso sutil y progresivo que va adquiriendo pequeñas partes del pastel y del sentido común, convenciendo y avanzando, poco a poco, coordinando acciones y discursos.

Los organismos internacionales, especialmente la OMC, encargados de imponer la liberalización y la privatización de los servicios públicos, proponen un “movimiento de abandono de la financiación pública en beneficio de una mayor respuesta al mercado, junto con una mayor apertura hacia mecanismos alternativos de financiación”. Los organismos internacionales de menor rango, como la OCDE, emiten “informes de expertos y expertas” que consagran esta doctrina en forma de “recomendaciones”, presionados por los lobbies patronales del sector. Los gobiernos nacionales se amparan en estos “informes técnicos neutros” para demostrar que sería un error llevar a cabo una política respetuosa de preservación de los servicios públicos. E incluso, se argumenta, si se decidiera no seguir sus recomendaciones, los demás países sí que lo harían y se perdería “competitividad”, palabra mágica donde las haya. Los gobiernos socialdemócratas europeos se han vuelto especialistas en dar la impresión de querer resistir en un primer momento las exhortaciones de la OCDE para ir aplicándolas más tarde con cuentagotas. Después de haber anunciado que se está luchando contra el fin del mundo, reducir el riesgo a una simple catástrofe puede considerarse fácilmente como un progreso.

El Reino Unido se ha hecho especialista en la privatización de escuelas públicas: empresas vinculadas a la venta y fabricación de armamento, como SERCO, se han hecho cargo de la gestión de escuelas en Inglaterra, así como la gestión de la inspección educativa y de la formación del profesorado. Todo centro público que tarde en alcanzar los estándares fijados por el gobierno es, pura y simplemente, vendido; se cambia la dirección y si los malos resultados persisten, se cambia todo el profesorado y el centro empieza desde cero con gestión privada. En Francia, el gupo Educinvest gestiona ya 250 escuelas privadas y realiza un volumen de negocio anual de más de 130 millones de euros.

La Reforma Moratti en Italia, comenzó suprimiendo el término “público” en el nombre del ministerio, entregando una prima a cualquier familia que optara por la escuela privada, favoreciendo la competitividad entre centros y su privatización, y promocionando la búsqueda de sponsors que patrocinaran económicamente las escuelas. La posterior reforma Gelmini, recortó el gasto educativo, bajó la educación obligatoria de los 16 años a los 14, privatizó los consejos de administración de los institutos y transfiere recursos públicos a manos privadas a través de cheques canjeables por educación.

En Chile, con la reforma del año 1980, la educación pasó a constituir un campo más de posibilidades de inversión privada y expansión del libre mercado, en donde el Estado literalmente dejó de preocuparse por el proceso educativo, asumiendo sólo una función de carácter subsidiaria, al igual que Colombia o México. Este modelo quedó consolidado con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), de la dictadura de Pinochet, que redujo la aportación estatal a los centros públicos y limitó la responsabilidad del Estado solo a garantizar la gratuidad en la educación primaria. De hecho, el sistema de educación pública, en manos de la administración municipal, está en un proceso progresivo de destrucción (la denominada “educación de los pobres” y último vestigio de la educación pública). Y en la educación superior rige el principio de que “si no te endeudas, en Chile no estudias”. De ahí las movilizaciones en Chile contra el Gobierno del multimillonario conservador Sebastián Piñera para exigir mejor calidad y la gratuidad de la educación.

El resultado de estas políticas ha sido desastroso en todo el mundo: incremento de las tasas de analfabetismo, aumento de la segregación social, unos enormes índices de abandono escolar y un aumento de la desigualdad social.

Está claro que detrás de estas medidas hay una estrategia política clara: degradar y empeorar la calidad del sistema público educativo, de tal forma que las familias se vean obligadas a pagar en centros privados la educación de sus hijos e hijas, convirtiendo la educación en un negocio. El ataque es a la igualdad, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas. Los recortes se justifican como medidas de ahorro, pero hay una decisión política e ideológica cuando se han vuelto a destinar recientemente 17.657 millones de euros para “salvar” a los bancos y cajas. El problema no es la crisis, ni que no haya dinero: son las prioridades de gasto, en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos.

La educación al servicio del mercado

Michael Apple

Como analizan la mayor parte de los expertos en política educativa a nivel internacional el neoliberalismo se ha convertido en el telón de fondo de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, que no se limitan ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas. Los conflictos que se dirimen en la escuela no son más que una parte de la crisis más general de la política y de la ciudadanía en el capitalismo global.

En la denominada “sociedad del conocimiento” se ha consolidado un nuevo bloque de poder que ejerce una influencia cada vez mayor en la educación y en todo lo social. En esta alianza, como explica Michael Apple, seleccionado como una de las 50 figuras más importantes en el ámbito educacional del siglo XX, se combinan múltiples sectores del capital que abogan por soluciones mercantilistas neoliberales a los problemas educativos, intelectuales neoconservadores que abogan por el ‘retorno’ a unos mayores niveles de exigencia y a una supuesta ‘cultura común’ , fundamentalistas religiosos populistas y autoritarios que se sienten amenazados por el laicismo e intentan preservar a toda costa sus propias tradiciones, y unos sectores concretos de la nueva clase media profesional que impulsan la ideología y las técnicas de la calidad, la medición y la ‘gestión’. Aunque en esta alianza existen claras tensiones y conflictos, su objetivo común es crear las condiciones educativas que consideran necesarias para aumentar la competitividad, las ganancias y la disciplina, y hacernos volver a un pasado romántico basado en una imagen idealizada de la escuela, la familia y el hogar.

Se abandona de facto (aunque no se reconozca) la idea de que la educación debe estar prioritariamente al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo. Frente a eso se promueve un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, en el doble sentido de que sea útil para responder a las “necesidades del mercado”, a la vez que para homogeneizar e integrar a quienes se educan en un pensamiento pragmático, “realista”, acrítico, aceptable socialmente.

Mientras, se mantiene el analfabetismo y las más precarias condiciones de escolarización en los países empobrecidos. Forzados a aplicar durísimas políticas de recorte de gastos sociales por los garantes del sistema (OMC, Banco Mundial, FMI…), no sólo no pueden dar prioridad a las políticas de fomento de la educación para todos y todas, sino que en muchos casos se está retrocediendo en los avances mínimos de extensión de la escolarización que se habían conseguido anteriormente.

Las políticas educativas neoliberales y conservadoras que inundan el planeta se parecen cada día más, al menos en su motivación y objetivos, tanto en los países empobrecidos como en los enriquecidos. La aparición casi simultánea de reformas similares en distintos continentes, a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, ha llevado a los expertos en educación a sugerir que las reestructuraciones actuales de la educación, que siguen las directrices de los organismos internacionales, han de entenderse como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y todos los frentes, indistintamente de centros y periferias en donde, a parte de algunos matices, tan sólo cambia el grado de persuasión o de presión, en unos casos u otros.

De hecho, se ha tornado cada vez más difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en las acciones y en los discursos de quienes actualmente orientan las propuestas de cambio educativo en todo el mundo. La tesis central que se viene a concluir es que no sólo se está en un proceso privatizador a escala mundial abriendo la educación a los mercados y rompiendo la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado. Lo sorprendente es que esta dinámica neoliberal se ha configurado como “sentido común” tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los límites de la discusión.

Todos estos síntomas no son un ‘daño colateral’ del proceso de globalización neoliberal en el ámbito educativo, sino que son aspectos estructurales y cruciales dentro del proceso de adecuación de la educación a las nuevas exigencias de la economía capitalista.